La normativa, aprobada el pasado 9 de junio, aspira a convertir a El Salvador en el primer país donde el Bitcoin será moneda de curso legal, lo cual generó entusiasmo y recelo por igual.
Aún persisten las dudas sobre su alcance y obligatoriedad, aunque la administración del presidente Nayib Bukele insiste en que traerá más beneficios que contratiempos al país.
El Banco Central de Reserva afirma que la iniciativa cumple con las leyes internacionales, en especial las referentes a lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y los bancos Mundial e Interamericano para el Desarrollo alertaron ya sobre los riesgos de los criptoactivos.