La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un sumario en la Subsecretaría de Prevención del Delito tras investigación que detectó irregularidades en la licitación de cámaras GoPros para Carabineros. La compra por 378 millones de pesos fue autorizada por la ex jefa de la entidad gubernamental, Katherine Martorell quien dejó el cargo para asumir la vocería del candidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel.
En su informe N° 277 la CGR da cuenta de falencias en dicho proceso, efectuado durante 2020, e indica que las cámaras debían tener como una de las principales características la función “post recording”, que consiste en mantener la grabación por 120 segundos luego que la cámara fuese apagada.
El organismo fiscalizador determinó que Motorola, empresa que se adjudicó la licitación, presentó su propuesta fuera del plazo establecido para la postulación. Este solo hecho implicaba que la propuesta debió declararse inadmisible, sin embargo, igualmente se visó la adjudicación en marzo de 2020″
Además, en su propuesta, la firma no presentó antecedentes que acreditaran «las cámaras contaban con la función “post recording”, elemento expresamente señalado entre las exigencias en las bases de licitación».
En otro punto, la empresa tampoco cumplió con entregar documentación sobre el plazo de entrega total del sistema. No obstante, igualmente se le asignó puntaje máximo.
Tras la recepción de las 300 cámaras, la CGR constató que la Subsecretaria de Prevención del Delito no verificó que los aparatos cumplieran efectivamente con función post recording, lo que implicaba la aplicación de multas por incumplimiento a las bases de licitación.
Por todos los hechos descritos, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Además, el organismo envió los antecedentes al Ministerio Público para que determine la eventual configuración de delitos.
Por Galy Chávez
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