Así es como la ultraderecha boicotea el proceso constituyente

La derecha no tiene, ni siquiera, el tercio necesario para paralizar la aprobación de los artículos de la Nueva Constitución, que empezó a redactarse a partir del 18-0. Sin hacer caso omiso de los errores y dificultades en la instalación de la Convención Constituyente, no se puede negar que los Convencionales lograron en un tiempo récord la aprobación de los reglamentos necesarios, a fin de entrar en materia sobre el articulado.

La minoría, que corresponde a la derecha en virtud de la abrumadora mayoría, (cerca del 80% en la votación), en el plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020, en que el pueblo eliminó la postura del rechazo a una nueva Constitución animada, especialmente, por la pareja Allamand-Cubillos, sumada a la participación parlamentaria – la clase política actual –  con el propósito de controlar el poder en la Convención de la desprestigiada casta política.

En esta nueva ofensiva en contra de la Convención Constituyente se ha hecho sentir la voz de la derecha que, en las distintas intervenciones de ese sector, se manifiestan en una posición decidida a echar a pique el avance en el proceso constituyente –  encabezada por la convencional Marcela Cubillos, del Partido UDI – y por otro lado, el sector llamado moderado, de los representantes de los partidos RN y Evópoli, liderado por Cristián Monkeberg, partidos que aceptan debatir a la espera del plebiscito de salida, en el cual esperan que se rechace aquellos aspectos de la nueva Constitución con los cuales no comulgan.

La Mesa y la mayoría de los convencionales están decididos a entregar la nueva Carta Magna en el plazo de un año que; en la práctica, no superan los nueve meses, lo cual sería un récord si se compara con la historia de Asambleas Constituyentes en los distintos países del mundo.

En las primeras sesiones, a partir del 18 de octubre de 2021, cada uno de los convencionales dio a conocer su sueño para Chile, basado en su visión de la Constitución deseada y el “nuevo pacto social”.

Las Constituciones contienen, en especial, dos grandes aspectos: el primero se refiere a los deberes y derechos de los ciudadanos y, el segundo, a la repartición del poder político, es decir, los balances y contra-balances propios de la democracia.

En el aspecto de los derechos y deberes de los ciudadanos, más importante que una extensa lista – casi poética – de los  derechos civiles, sociales y políticos, (posteriormente, no serán cumplidos pues,  quienes detentan el poder, fácilmente podrán dejar en letra muerta estas lindas declaraciones),  lo fundamental en este plano es definir y precisar el carácter vinculante de estos derechos y que, además, los ciudadanos puedan reclamar ante la justicia cuando los detentores del poder atropellen los derechos fundamentales.

La lucha por una Asamblea Constituyente es, en Chile, de larga data: desde hace algunos años el constitucionalista Fernando Atria supo retratar la Constitución de 1980, promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet como “una Carta Magna tramposa”, en que predomina una serie de candados que, aun cuando ganen los progresistas, también deberían seguir la misma política diseñada por la dictadura.

En tiempos del primer gobierno de Michelle Bachelet, el diputado Marco Enríquez presidió una Comisión destinada a analizar el cambio de régimen político. Los Acuerdos de esta instancia se dieron en el sentido de reemplazar los poderes “monárquicos” del Presidente por un equilibrado sistema político basado en el sistema semipresidencial.

En el libro El problema no es la economía, es el poder, (autoría de Marco Enríquez y Rafael Luis Gumucio Rivas), se plantean varios cambios fundamentales a la Constitución, así como el anhelo de convocar a una Asamblea Constituyente, en ese tiempo, postergada por el peso que tenía la oligarquía en las Instituciones del Estado; hoy, muchas de estas proposiciones se han encarnado, convirtiéndose en hegemónicas del sector progresista de nuestra sociedad.

En ese texto se plantea, con mucha claridad, el fin del sistema binominal, terminar con el bicameralismo, eliminar el Senado quedando sólo una única Asamblea Nacional, que cuente con el poder de vetar al gobierno, presidido por el Primer Ministro, por una simple moción de censura; también se profundizó en el análisis de una descentralización del poder político, administrativo y económico, a través de la regionalización, en un proceso de llegar a un país federal, pero sin los defectos y errores que tiene este sistema en países de América Latina, (Argentina, Brasil y Colombia).

Posteriormente, las directivas de la Democracia Cristiana y del Partido Renovación Nacional plantearon en una declaración conjunta el proyecto de reemplazar la monarquía presidencial por un régimen semi parlamentario, proyecto de ley que quedó en el olvido.

El mérito de la política progresista es el hacer avanzar el país corriendo el cerco conservador, que es precisamente lo que está ocurriendo en Chile al leer los discursos de los constituyentes.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

22/10/2021

Bibliografía

Marco, Enríquez-Ominami/Rafael, Gumucio Rivas, El Problema no es la economía, es el poder, 2013.

Marco, Enriquez-Ominami, De la monarquía presidencial a la Asamblea Constituyente, no.4, Revista de Estudios Parlamentarios. Cámara de Diputados. Valparaíso, primer semestre de 2011.