La Araucanía en llamas igual que hace 200 años

Históricamente, la zona conocida como “Araucanía” ha sido el hogar del pueblo o nación mapuche en Chile. A comienzos del siglo XVI las tribus mapuches iniciaron la más feroz y extensa resistencia al avance de las tropas colonizadoras españolas en América en lo que se llamado “la guerra de Arauco”, trescientos años de combates y enfrentamientos sin haberse conocido vencedor ni vencido.

La corona española optó finalmente por llegar a acuerdos con los jefes indígenas en eventos llamados “Parlamentos”, en los cuales se acordó la paz y se reconoció el territorio de la Araucanía –desde el río BioBio al sur- como propio de la nación mapuche.

La paz duró poco. Más temprano que tarde  -una vez lograda la independencia el año 1818- el naciente estado chileno optó por colonizar territorios que los “Parlamentos” de siglos anteriores habían dejado en manos mapuches, los cuales fueron empujados más hacia el sur del país perdiendo gran parte de sus tierras.

El  problema de fondo es que a pesar de las promesas de restitución por parte de diferentes gobiernos y  mandatarios, los mapuches no han recibido esas tierras, las que consideran propias y sagradas. Hoy, muchas de ellas están en manos de particulares que las adquirieron de acuerdo a la legalidad establecida por el estado chileno, pero esa legalidad no es aceptada ni reconocida por los antiguos moradores.

Otra de las causas que han llevado a un recrudecimiento del conflicto es la creciente explotación de recursos naturales en los territorios ancestrales  mapuches. Es el caso de la hoy día poderosa industria maderera, la que sin lugar a dudas ha reducido tales tierras toda vez que su propia expansión  viene en constituir el 8% de las exportaciones del país, pero a ello se agregan nuevos reclamos de las comunidades mapuches –y de muchos ecologistas y medioambientalistas- en orden a que las empresas madereras han extinguido la flora nativa reemplazándola por pinos y eucaliptos, árboles que requieren de un alto consumo de agua.

La verdad es que las impetraciones de los mapuches han sido oídas por los gobiernos, pero desatendidas completamente. Las últimas administraciones políticas –Michelle Bachelet y Sebastián Piñera- optaron por enviar gruesos contingentes de fuerzas policiales a esa región, lo que produjo varios entreveros, algunos de ellos graves ya que terminaron con la muerte de comuneros a manos de la policía.

Finalmente, el conflicto estalló  el año 2020 cuando ciertas agrupaciones mapuches y otras compuestas por agricultores de la zona comenzaron a actuar violentamente en la Araucanía. Hubo quemas de camiones y de maquinaria agrícola, incluso de viviendas y de galpones en algunos de los extensos fundos existentes en esa área.

El presidente Piñera decidió militarizar la Araucanía a mediados de octubre del presente año 2021. Numeroso contingente del ejército y de la Armada fue apostado en la región portando armamento de guerra. Las consecuencias acaecieron casi de inmediato. Dos comuneros  mapuches  cayeron abatidos mortalmente por disparos efectuados por efectivos de la Armada y de Carabineros durante una refriega ocurrida en el municipio de Cañete, provincia de Arauco, 635 kilómetros al suroeste de Santiago. Ello ha encendido la pradera, y ahora la Araucanía es definitivamente una zona en peligro de guerra interna.

El 14 de octubre Piñera decretó el Estado de Emergencia en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, justificando que lo hacía «para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado», al admitir el fracaso de su gobierno en garantizar el orden público en esa zona. Hace pocos días, el presidente chileno ha enviado al Congreso la solicitud de extender ese estado de excepción hasta fines del mes de noviembre…pero, al parecer, el horno no está para bollos en el Legislativo. O al menos no será tarea fácil para los parlamentarios oficialistas.

Además, la elaboración de una nueva Constitución a cargo de la Convención Constituyente en Chile, cuya presidenta es la profesora mapuche Elisa Loncón, sería un primer paso hacia la demanda, aún sin resolver, del reconocimiento mapuche por parte del estado chileno, habida consideración que Chile es el único  país latinoamericano que no ha reconocido oficialmente a las naciones originarias ni ha protocolizado la demanda de constituirse en un estado plurinacional.

«Queremos repudiar energéticamente esa política racista, violenta, del Estado y del gobierno que está afectando a nuestra comunidad. La Convención (Constitucional) está trabajando en función de instalar la plurinacionalidad, donde se respeten los derechos de las naciones originarias, la legítima defensa del territorio, la autonomía y la autodeterminación, por la vía política, no por la represión como lo ha instalado el (actual) gobierno», dijo Elisa Loncon a la prensa.

El conflicto mapuche lleva ya más de cuatro siglos sin solución efectiva. Ahora rebrota con la fuerza de la Historia de un pueblo que se distinguió en América por haber enfrentado al  que era el mayor y más poderoso imperio en la época comprendida entre 1541 y 1780 (España), siendo finalmente diezmado (aunque no derrotado) por los ejércitos de Chile independiente a mediados del siglo diecinueve.

Hoy es, en estricto apego a la razón y a la verdad, un problema que requiere de voluntad política para ser solucionado. Pero, esa mentada ‘voluntad’ necesita también que ambas partes cedan en sus pretensiones y posiciones a objeto de lograr finalmente la ansiada paz y el reencuentro que el país impetra, pues al igual que hace 200 o más años, la Araucanía vuelve a estar en llamas.

En esta lucha, todos tienen parte de razón, los mapuches por impetrar que se les devuelvan sus tierras ancestrales y se reconozca su identidad, como también el derecho que asiste a los agricultores y empresas madereras que han instalado sus capitales de acuerdo a la plena legalidad existente…y la del estado chileno que debe esforzarse por dar tranquilidad y respeto a todos los actores.

Una ímproba tarea, ya que en medio de todo aquello se encuentra el respeto al medio ambiente, a la biodiversidad, al libre emprendimiento y, por cierto, a las tradiciones e historia de pueblos originarios que merecen el apoyo y reconocimiento del estado.

 

Por Arturo Alejandro Muñoz (desde Chile)