Lo predecible es que quien resulte el 19 de diciembre electo como presidente de la República quiera completar sus cuatro años de gobierno. Del mismo modo, diputados y senadores querrán ejercer enteramente, también, sus respectivos períodos legislativos. Hasta aquí no hay disposición entre ellos a que sus funciones se extingan antes de tiempo, si es que la Convención Constituyente logra redactar una nueva Constitución y este texto es refrendado por el voto popular.
Como sabemos, es posible que las atribuciones del primer mandatario puedan sufrir modificaciones, de tal manera que el régimen presidencialista actual pueda atenuarse en favor de un parlamentarismo o una fórmula híbrida que ya se denomina de distintas formas. Con mucha probabilidad, el sistema parlamentario bicameral dé paso a uno unicameral, con lo cual se espera reducir el número de legisladores y modificar la forma en que sean elegirlos.
La incógnita es qué pasaría en La Moneda y en el Poder Legislativo si lo ciudadanos decidieran hacerle variaciones sustantivas a la actual institucionalidad cuando apenas un nuevo gobierno y parlamento entran en operación. Cuando se asume, además, que tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast tendrán que enfrentar serios tropiezos en sus propósitos, debido a la correlación política que ha resultado en ambas cámaras legislativas. Es decir, por ese empate resultante de las estrechas diferencias electorales entre ambos abanderados y de las organizaciones políticas que representan.
De lo que no tenemos duda es que son y serán muchos los que quieren que con una nueva Carta Fundamental se convoque a nuevas elecciones, y no solo a nivel de estos dos poderes del estado sino también respecto de los cargos regionales y comunales. No sería raro que la propia Convención Constitucional exija o recomiende la renovación de todas las autoridades del país; pero de lo que estamos prácticamente seguros es que los seguidores del candidato derrotado van a mostrarse como denodados partidarios de tal conmutación. Con lo que podría derivarse una fuerte presión social que se sume a las demandas de la población en materia de educación, salud, previsión y salarios dignos, entre todo el alto número de expectativas que se mantienen vivas en el país.
Es difícil concebir que pase en Chile lo que sucede tan habitualmente en las democracias más afianzadas. Esto es que los gobiernos y los legisladores cesen en sus cargos cuando las mayorías se modifican o se producen alianzas que desafíen la continuidad de los mismos protagonistas políticos. Creemos que ganando uno u otros las próximas elecciones, a pesar de que ambos han prometido apoyar y acatar el trabajo de la Constituyente, no sería fácil esperar su renuncia en correlato con el nuevo ordenamiento institucional y la voluntad del pueblo.
Todo dependerá, también, de la posibilidad de que la Convención Constituyente logre arribar a una propuesta lo más consensuada posible y, muy importante, logre su cometido dentro de los plazos que le ha fijado el actual Poder Legislativo. Tememos que, de no prosperar un acuerdo amplio, transversal y oportuno entre los convencionales, esta institución sea la primera en sufrir el descrédito popular y la posibilidad de que el país concurra con entusiasmo a aprobar una nueva Constitución. De hecho, las constantes tensiones que hemos comprobado entre sus miembros, hacer dudar de su compromiso por darle a Chile una nueva institucionalidad y, con ello, apagar las enormes divisiones y hostilidades que existen en el país que hacen bien difícil que se imponga un camino de paz, justicia y progreso como todos lo proclaman. Aunque estos conceptos difieran mucho según sea la boca que los pronuncia.
Pasada la elección presidencial es hacia la Convención donde los chilenos deberemos volcar nuestra atención preferente y una justa demanda para que los que la integran se propongan el diálogo constructivo y la busca de un orden institucional que, como también tanto se promete, sea esta vez verdaderamente representativa de la voluntad soberana de los chilenos. Y no de los conciliábulos de la clase política, cuyos vicios han sido tan transversales en corrupción, nepotismo y voluntad de perpetuarse en las funciones públicas. Males que no se extinguirán necesariamente con los próximos comicios y quienes hayan resultado electos. Por más que ya muchos de los partidos tradicionales y caudillos estén sucumbiendo ante el veredicto democrático y se encuentres próximos a desaparecer del escenario político.
Por Juan Pablo Cárdenas S.
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El artículo nos muestra con claridad el carácter opaco del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que concibió la "Convención Constitucional". Lo que es claro es que ella no es una Asamblea Constituyente autónoma (¡es el fruto del poder constituido y está severamente limitada por éste!), ni menos democrática, desde el momento que su mayoría no tendrá facultades para aprobar un nuevo texto constitucional, dado el quórum de los dos tercios que le concede poder de veto a la minoría. Es cierto que los sorprendentes y positivos resultados de las elecciones de mayo, permitirían que si la ex Concertación vuelve a sus posiciones originales de los 80, contrarias al modelo neoliberal impuesto por la dictadura, podría esperarse que la Convención siente las bases para sustituir el "modelo chileno". ¿Será verdad tanta belleza?...