Elecciones y el día después: la crisis, la dispersión y la función de la Convención Constitucional
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Cualquiera de los dos candidatos que triunfe en las elecciones del 19 de diciembre, tendrá muy difícil la tarea de gobernar, pues la composición del poder legislativo está marcando un empate entre las dos principales coaliciones, y para aprobar una ley el próximo Presidente deberá mostrar una gran habilidad para llegar a acuerdos y, así, construir mayorías en alianza con partidos políticos que le fueran hostiles.
Es evidente que el próximo gobierno tendrá un carácter provisorio, pues apenas seis meses de haber presidido el poder y, recibido la banda de un Presidente desastroso – el de Sebastián Piñera – la Convención Constituyente deberá entregar el proyecto de Carta Magna, que deberá ser ratificado o rechazado por la ciudadanía, mediante un plebiscito de salida. En el mes de julio de 2022 no sólo se juega la suerte de un gobierno, sino que sobre todo, que abarcará un largo período de la historia de Chile.
En el presidencialismo monárquico chileno (salvo la época del parlamentarismo, 1891-1925), que ha existido hasta ahora, el Presidente posee tantas facultades que termina por dominar y aniquilar a los demás poderes del Estado que, se supone, en democracia deberían ser parte substancial de un juego de balances y contra-balances.
El carácter monárquico de los Presidentes en Chile condiciona la forma en que los ciudadanos eligen al primer mandatario: cada cuatro años – ahora en la segunda vuelta – se juega todo el poder en un solo acto electoral: la baraja política en los presidencialismos extremos puede caracterizarse como “el todo o nada”, es decir, quien gana se lleva la caja, el poderoso aparato del Estado.
En tiempos de crisis de representatividad y confiabilidad institucional el Presidente elegido pierde, con suma rapidez, el poder electoral que le concedieron los ciudadanos y, a pocos meses, o deja de gobernar convirtiéndose apenas en un solo administrador, o bien, en un Presidente dominado por el Congreso que le declara la guerra, (los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera estuvieron a la deriva, y ambos Presidentes decidieron abstenerse de utilizar las prerrogativas y armas del poder).
Está claro que no sólo han hecho aguas los gobiernos presidencialistas, sino también las Instituciones del Estado y los sistemas de partidos políticos e, incluso, los sistemas electorales, (el que apenas vote menos del 50 % y que en el caso de la primera vuelta, del 21 de noviembre recién pasado, sea mayoritario el número de quienes rechazaron a ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Kast y Boric, sería lamentable que en la segunda vuelta de 19 de diciembre, el porcentaje de electores fuera inferior al de la primera vuelta, 47%).
Las críticas al presidencialismo, tal como se da en Chile, tiene un carácter transversal en la clase política hegemónica: en la Comisión de la Convención Constitucional dedicado al tema del régimen político de gobierno, la mayoría parece inclinarse por un presidencialismo atenuado, es decir, restarle al Presidente muchas de las facultades resolutivas con las que ha contado hasta ahora. En la etapa de decidir por el tipo de régimen político parece más viable un gobierno dual, (Presidente elegido por voto popular, y un Primer Ministro, representante de la mayoría parlamentaria, similar al presidencialismo francés).
Respecto al poder legislativo, las opiniones de los convencionales están divididas entre la opción por el unicamerismo y el bicamerismo; en cualquiera de los casos, la Cámara Alta, (Senado), reúne un alto rechazo popular.
A la visión del régimen político se agrega el agotamiento del Estado unitario y del centralismo. Desde ahora, está claro la eliminación de delegados presidenciales en cada una de las regiones de Chile y, sobre todo, se busca una mejor y más justa distribución, tanto en los presupuestos regionales, como el fondo común municipal. Comunas ricas en Santiago, (Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea), tienen un per cápita de cerca de un millón de pesos, mientras que, con una población similar, las comunas pobres tienen, apenas, cien mil pesos per cápita. A esta situación hay que agregar Instituciones, propias de la democracia directa, entre ellas la revocación de mandato, la iniciativa popular de ley, así como las Instituciones de plebiscitos y referendos sobre temas fundamentales para el desarrollo integral del país.
Ante la dificultad para gobernar y formar mayorías, el debate político, en los primeros seis menos del próximo Presidente, se centraría en los acuerdos de la Convención Constituyente y, sobre todo, en la decisión de la ciudadanía en el plebiscito de salida, es decir, en la aprobación o rechazo de la nueva Carta Magna. De ganar Gabriel Boric, el final de la Convención Constituyente será mucho más fácil, pero si triunfara José Antonio Kast, se centraría en derrotar, en el plebiscito de salida, el texto de la nueva Constitución.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
18/21/2021
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