Telescopio: el laberinto de la Araucanía

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Hay que empezar por una muy escueta premisa: nadie tiene la razón, solamente por ser quien es. Expliquemos esto: ni los jóvenes, nada más que por ser jóvenes; ni las mujeres, por ser mujeres; ni los pobres, por serlo; ni siquiera los obreros por el sólo hecho de serlo, tienen automáticamente la razón. Dicho esto, por cierto que en la medida que, históricamente, en muchas circunstancias, integrantes de esos colectivos han sido ignorados, cuando no maltratados e incluso asesinados, nos sentimos—legítimamente—predispuestos a escuchar y apoyar sus demandas, fundamentalmente porque ellas apuntan a la obtención de justicia. Eso explica que cuando un grupo de mujeres en Estados Unidos lanzó el movimiento #Me Too y sobrevino una avalancha de denuncias de abuso sexual por parte de hombres en posición de poder, particularmente en círculos artísticos, quienes abogamos por una sociedad más justa y progresista apoyamos esa iniciativa. Se hizo eso específicamente para llevar esos casos a los tribunales, a fin que hubiera un pronunciamiento sobre la acusación. Tampoco nos podemos subir al carro de una justicia sumaria, o de patota, que conduzca a una suerte de linchamiento. Tendencia que también se ha visto, en lo que al final resulta una distorsión de esa búsqueda de justicia.

Puede que a algunos les haya llamado la atención que para ejemplificar eso de que “nadie tiene la razón simplemente por ser quien es” haya incluido nada menos que a los propios obreros. ¿Acaso alguien ha olvidado que en las postrimerías del gobierno de Allende, con la derecha ya embarcada en su propuesta sediciosa, hubo una huelga de los obreros del cobre de El Teniente? ¿Y que esos obreros que marcharon a Santiago, incluso fueron alojados en la Casa Central de la  Universidad Católica, en manos de la directiva estudiantil controlada por los gremialistas de Jaime Guzmán? ¿Que el líder de ese movimiento era un dirigente obrero de apellido Medina, que se alió a los cabecillas de los gremios contrarios a la UP?

Sea esto dicho para subrayar el punto de que incluso las demandas de los trabajadores—bajo ciertas circunstancias—deben ser analizadas en el marco de la realidad concreta. Sólo entonces poder considerar sí tenían razón o no, o si la tenían pero hasta cierto punto. (En ese caso concreto, que ya hace parte de la historia del gobierno de la UP, más allá de si algunas demandas tenían cierto asidero o no, lo importante es que sumarse a los esfuerzos de la derecha por derrocar el gobierno que encarnaba los intereses históricos de los trabajadores fue, en el mejor de los casos un terrible error, en el peor de los casos, una execrable traición por parte de la directiva obrera que procedió de esa manera.)

Para concluir entonces, si nadie tiene la razón por ser quien es, lo que corresponde es juzgar sus dichos y acciones a la luz de la solidez de los argumentos que se presenten. Por cierto, eso seguido luego de la factibilidad de las soluciones propuestas.

Lo que nos lleva ahora a la situación de la Araucanía, y más específicamente a las demandas del pueblo mapuche, algo que—ya podemos avizorar—será uno de los temas más complejos que tenga que enfrentar Gabriel Boric una vez que esté instalado como presidente.

En una nota anterior ya habíamos hecho mención al peculiar origen de las naciones-estados del continente americano: a diferencia de los estados europeos, fundados por pueblos que tenían un indisputado título al territorio que ocupaban, los estados de las Américas, desde Canadá y Estados Unidos en el norte, hasta Chile y Argentina en el extremo sur, fueron fundados no por los pueblos que originalmente ocupaban esas tierras, sino por descendientes de los conquistadores y colonizadores. (Las solas excepciones en el continente americano serían Haití y los estados anglófonos del Caribe, fundados por descendientes de los esclavos que los europeos llevaron allí, y donde esos colonizadores nunca llegaron a establecerse en un número significativo).

Esta suerte de “pecado original” de los estados de las Américas se reflejó en que los pueblos indígenas fueron considerados como un “convidado de piedra” por las clases dominantes de estos países, que querían adoptar una institucionalidad europea. Para ese propósito los indígenas eran una rémora, en Canadá se les trató de borrar su identidad cultural forzando a sus niños a asistir a internados donde se les castigaba si hablaban sus idiomas nativos, en Argentina, Domingo Faustino Sarmiento en su obra Civilización y barbarie los consideraba un lastre y abogaba por inmigración europea, Chile implementó también similares políticas trayendo a colonos alemanes para “civilizar” el sur.

Claro está, estos siglos de menosprecio cultural, desplazamiento territorial y velado exterminio, primero por parte de los conquistadores españoles, luego por los chilenos (criollos) no puede haber creado sino una profunda desconfianza de parte del pueblo mapuche a todo lo que represente el estado chileno. Es en ese contexto que se puede comprender el tono hostil y beligerante de la declaración de hace unos días por parte de la organización Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Aunque, por otra parte, su proclama adolece de una falla central: de quererse implementar tal como se la plantea, no es factible, porque no ofrece otra alternativa que un enfrentamiento armado para el cual la CAM no cuenta con recursos ni con gente para emprenderlo.

Volviendo a la premisa inicial, no basta con ser quien es—en este caso la CAM, más allá de la importancia y grado de influencia que pueda tener entre el pueblo mapuche—para adjudicarle la razón, particularmente en la caracterización—más bien caricaturización—que hace de las fuerzas que han ganado la presidencia: “esa nueva izquierda ‘hippie, progre y buena onda’ y que hoy celebra un gobierno socialdemócrata o, para ser más precisos, de centro-izquierda, [ya] que el pueblo mapuche tiene su propio ordenamiento político-militar desde antes de la formación del estado chileno.”

Naturalmente, no vamos a poner en duda la ya muchas veces documentada historia de discriminación, latrocinio y hasta de exterminio, en que el estado chileno incurrió tanto respecto del pueblo mapuche, como de los rapa nui, así como los pueblos originarios que habitaban los extremos norte y sur del país. En el caso de la Araucanía, una política diseñada para arrebatar tierras indígenas en beneficio de grandes hacendados y de la producción agrícola y ganadera en los siglos 19 y 20, como lo es ahora en favor de las empresas forestales. Como el “destino manifiesto” de Estados Unidos que lo lanzó a la conquista del oeste arrebatando esas tierras a los indígenas, chilenos y argentinos hicieron algo similar, al anexar sus territorios sureños. En repudiar esa acción de desplazamiento territorial, los mapuches de hoy tienen toda la razón. Donde surge el problema es en cómo reparar el daño causado.

Una vez más, las cosas se hacen mucho más complejas, como alguna vez lo discutíamos con un buen amigo periodista de una comunidad mohawk del sur de Montreal: “todo este continente era habitado por ustedes, los pueblos originarios, pero esa realidad ya no existe. No hay manera que los descendientes de ingleses y franceses, más los que hemos venido de otra tierras, sean ‘repatriados’ a Gran Bretaña o Francia” en referencia a Canadá.  Similarmente, tampoco es posible que todos los que no sean mapuche, inca, maya o guaraní se vayan de vuelta a España y dejen el continente americano únicamente para los descendientes de quienes fueron sus habitantes primigenios.

En política, al fin de cuentas, también hay que ser realista. Ni el que fuera un espectacular Tawantinsuyo (Imperio Inca)  o un grandioso Imperio Azteca, ni tampoco el más modesto pero glorioso Chile pre-hispánico con tribus mapuches desde el centro (picunches) hasta el sur (pehuenches y huilliches), existen hoy. Tampoco es factible su reconstrucción, porque esos territorios tienen ahora otra conformación demográfica, en la que—al menos en el caso chileno—los descendientes de esos pueblos indígenas son hoy minoritarios.

Lo que sí corresponde hacer es crear las condiciones, al interior de los estados-naciones hoy existentes, para que los pueblos originarios tengan un rol como genuinos partenaires con iguales derechos, en el marco de un estado plurinacional. Reconocimientos en esa dirección se han puesto en marcha ya en otros países latinoamericanos, como Bolivia y Ecuador, Perú también avanza en ese sentido y otro tanto se intenta hacer en Argentina, Paraguay reconoce el guaraní como una lengua oficial.

La CAM sin embargo, parece descartar a priori ese curso de acción: “Más aun, en el actual panorama donde surgen voces intentando direccionar nuestra autonomía bajo su institucionalidad y paternalismo…”  Un llamado de alerta que es también comprensible: en más de una ocasión, en la izquierda particularmente, se ha dado ese discurso paternalista respecto del pueblo mapuche, incluso, ha habido una suerte de apropiación cultural de los símbolos y expresiones del pueblo mapuche. Eso, independientemente de que pudo haber buenas intenciones en esos empeños.

Es por lo demás normal que una comunidad o nación distinta de la chilena, como los mapuches se consideran, desarrollen sus propias estrategias políticas. En ese sentido, sin embargo, hay que advertir que el pueblo mapuche está muy distante de presentar una visión homogénea, lo que es normal también.

Algunos, como parece ser claramente el caso de la CAM, plantean una total separación respecto de la política chilena. Para ellos sería más bien indiferente que el triunfador en la elección presidencial, hubiera sido Boric o Kast. Se trataría en definitiva de un diferendo entre winkas, sin repercusiones para ellos. Pero no todo el pueblo mapuche comparte esa postura, como hemos visto en la práctica. Hay un cierto número que participa en la política chilena, y reflejando toda la amplia diversidad ideológica. En los hechos, en el actual congreso chileno hay una diputada mapuche que milita en el Partido Socialista y hay otra que pertenece a Renovación Nacional. Un dato interesante a considerar es que la Araucanía fue la única región donde en el plebiscito de 1988 ganó la opción de mantener a Pinochet en el mando del país. El dictador había creado una base de apoyo entre algunos mapuches a los que entregó títulos individuales de propiedad de tierras, contrariando el modo de cultivo comunitario, pero a la vez, creando una nueva clase de propietarios dentro de la comunidad mapuche que eventualmente ha crecido y se ha diversificado en una serie de otros rubros comerciales, incluyendo en algunos casos, hacer trabajos para las compañías madereras y forestales. En las recientes elecciones, la Araucanía volvió a favorecer a la derecha, tanto en la elección de gobernador—el único elegido por la derecha—como en la presidencial.

Otro factor a considerar y que incluso la declaración de la CAM lo admite, es la presencia del narcotráfico y de otras prácticas delictuales en el seno de la comunidad mapuche. Por cierto, los medios al servicio de la derecha siempre tratan de confundir poniendo a todos en el mismo saco, los que reivindican tierras usurpadas y los que cometen acciones criminales, pero aunque pueda haber intereses entrecruzados, no hay evidencia de que los dirigentes que plantean una posición política responsable, estén involucrados en ese tipo de acciones.

Y LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

El gobierno de Boric tendrá aquí uno de los mayores problemas. Descartadas las soluciones simplistas o reduccionistas que los gobiernos anteriores han ensayado—medidas de desarrollo que al final no han llegado a cubrir las necesidades de la mayoría de la población, y en el otro extremo, represión, incluida una creciente militarización de la zona—el desafío para encontrar una solución alternativa es enorme.

Un aporte importante podría venir de parte de lo que acuerde la Convención Constitucional, que tendría que definir a Chile como un estado plurinacional. Ello daría al pueblo-nación mapuche un status jurídico que debería traducirse en aspectos tales como asientos reservados en un futuro congreso (sea unicameral o bicameral) y algo muy importante, una autonomía territorial en lo que se llama el Wallmapu, aunque su exacta definición puede abrir otro debate y hasta retrasar su implementación.

Mientras un pueblo originario como los rapa nui habita un territorio claramente delimitado  (la isla de Pascua o Rapa Nui, nombre este último que debería convertirse en el oficial), el pueblo mapuche aunque con un núcleo central en la región de la Araucanía (que también alberga a una vasta población no-mapuche) también se halla presente en las regiones del Bío Bío, Ñuble, Los Ríos y Los Lagos. Esto sin contar las comunidades que se han trasladado a las grandes ciudades, principalmente en la Región Metropolitana. Así, en una eventual nueva constitución que reconozca autonomía a los pueblos originarios, con los rapa nui la determinación de su territorio no ofrecería problema, pero en cambio será más complicado con el pueblo mapuche.

El modelo de las llamadas reducciones indígenas que se usó en Chile (incluso el nombre “reducciones” ya revela la intención de minimizar su presencia) ciertamente ya no serviría y es rechazado por el pueblo mapuche. El modelo canadiense y estadounidense de “reservas indígenas” aunque tiene cierto parecido en la intencionalidad, ofrece algunas facetas interesantes, la principal: gobierno autónomo generado democráticamente (aunque en Canadá algunos grupos indígenas minoritarios, autodenominados tradicionalistas, aun recurren a sistemas diferentes, incluyendo el de jefes hereditarios). En ese modelo también esas comunidades cuentan con sus propias fuerzas policiales, sus escuelas e incluso sus hospitales, aunque en esto hay muchas diferencias según las capacidades económicas de las comunidades.

Suponiendo que una vez la Constitución establezca un nuevo status para los pueblos originarios y el nuevo gobierno logre pactar con las organizaciones mapuches un nuevo marco de relaciones, para el pueblo mapuche el tema económico será ciertamente primordial, y por de pronto, todos sabemos que lo harían en condiciones muy desventajosas, a no ser que el gobierno central inyectara una importante cantidad inicial de fondos para proveer con los servicios esenciales: educación, centros de salud, etc.  Eventualmente, sin embargo, ese territorio autónomo que llamaríamos Wallmapu y que jurisdiccionalmente tendría una suerte de yuxtaposición con las estructuras vigentes (los gobiernos regionales), tendría que ser capaz de generar también sus propios recursos. El problema sería, cómo hacerlo.

Por las razones que ya hemos expuesto—el modo de producción y el estilo de vida pre-hispánico y anterior a la ocupación chilena ya no existen y no hay manera de reconstruirlo. Ni la agricultura autárquica y en pequeña escala, ni la caza o la pesca, podrían satisfacer las necesidades de la población. Incluso el agregado de algunas actividades económicas más modernas, como el turismo o la artesanía tradicional, aunque interesantes, tampoco lograrían absorber una cantidad muy grande de mano de obra. Lo que quedaría entonces sería hacer uso de los recursos ya presentes en el territorio, la industria forestal especialmente, hasta ahora vista como el elemento intruso y hasta enemigo.

Al respecto, hay ejemplos de lo actuado por las comunidades indígenas de Canadá que pueden ser interesantes de mencionar y quizás adoptar en Chile. En los años 80 los Cree, indígenas del norte de Quebec, por ejemplo, negociaron un buen acuerdo con la provincia para la construcción de centrales hidroeléctricas que requerían la inundación de vastas zonas. El resultado de este proceso les ha traído un cierto grado de prosperidad a esas comunidades que hoy les permite tener su propia aerolínea regional e incluso planear invertir en bienes raíces en Montreal.

En el oeste canadiense, un consorcio de comunidades indígenas se ha asociado a las compañías que extraen gas y petróleo. Los indígenas incluso planean comprar un oleoducto en construcción, actualmente propiedad federal.

Por cierto, se trata de soluciones en el marco del capitalismo y que son un tanto polémicas incluso para los propios indígenas: en Quebec se nota la diferencia entre aquellos que han obtenido beneficios de esas asociaciones industriales y los que deambulan las calles de Montreal sumidos en la pobreza, muchas veces sin hogar. En el oeste del país, también ha creado divisiones con aquellos indígenas que, en alianza con grupos ambientalistas, se oponen a la extracción de petróleo. Es decir, tampoco aquí las soluciones son fáciles.

Un proyecto parecido para una eventual autonomía mapuche podría contemplar transferir a sus autoridades la facultad de fijar y cobrarle impuestos o royalties a las empresas forestales ubicadas en su territorio. Pero claro, eso significaría cambiar la percepción de ellas, de ser sus enemigas a ser sus potenciales fuentes de ingresos. Y, como en el caso canadiense, podría generar una diferencia de ingresos entre los indígenas que habitaran ese territorio autónomo y los que hubiesen emigrado a las ciudades.

Lo cierto es que en la búsqueda de una salida racional al complejo tema de los pueblos originarios, se necesita también ir más allá de las importantes propuestas de reconocimiento que se incorporen en la nueva constitución. En otras palabras, se requiere abordar el tema visualizando además el cómo un eventual territorio autónomo mapuche puede ser viable económicamente. Reiteramos que sin duda este puede ser uno de los temas más duros de abordar para el futuro gobierno, en verdad un laberinto en el que hasta ahora los gobiernos se han perdido. Esperamos que Boric y su equipo sí puedan encontrar una salida.

Por Sergio Martínez (desde Montreal, Canadá)

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