De la desigualdad no se habla

Aunque la desigualdad sigue siendo el punto de partida de los múltiples problemas sociales que  apabullan a las mayorías, de ella no se habla en estos momentos en que todavía se celebran  los resultados del balotaje en que ganó el pueblo a través del pacto Apruebo Dignidad y su abanderado Gabriel Boric, quien superó en histórica votación al candidato de la extrema derecha.

Esa grave injusticia – detonante del 18-O – impuesta por una satisfecha minoría adinerada permanece acallada desde la primera vuelta presidencial,  tras la cual Boric bajó las revoluciones de su discurso, se moderó en gran medida y pareció alejarse de las posiciones de Izquierda para acercarse a la llamada “centro izquierda” (la ex Concertación) y no importunar  a los sectores social demócratas que vegetan sin preocuparse de los cambios estructurales reclamados por la ciudadanía.

Chile carga con el pesado lastre de encontrarse entre los países más desiguales del mundo a partir de la dictadura militar empresarial y los siguientes gobiernos civiles neoliberales, por lo que salir de esta bochornosa situación constituye el principal desafío, entre muchos, del mandatario electo y del conglomerado político que lo apoya encabezado por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Este país es poseedor de inmensas riquezas que no reparte con equidad para todos: hay valiosos recursos naturales, el cobre y el litio, que se entregan graciosamente a poderosas transnacionales que ni siquiera tributan por ello, además de generosos recursos forestales y pesqueros en manos de grupos empresariales y clanes familiares que hacen pingües negocios con su apropiación indebida,  ante la desidia de la casta política. Y hay mucho dinero en los bolsillos de unos pocos privilegiados que hacen gala de concentración económica ante una masa empobrecida por décadas de neoliberalismo.

Abriendo el año el grupo Falabella anunció una inversión de 711 millones de dólares para la ampliación de sus negocios en Perú y Colombia. Paralelamente se sabe de más familias en campamentos de tránsito, este verano no solo hay turistas en las calles sino cientos de miles de comerciantes ambulantes por falta de empleo formal y mucha gente reclama por la falta de agua en poblaciones y barrios modestos.

Es cierto que la nueva administración todavía no asume y está abocada a la conformación  del gabinete ministerial y equipos de trabajo. Aun así, cabía esperar la insistencia en la necesidad de sustituir el régimen de exclusiones y discriminación sin sacarla ni un minuto de la primera fila de las prioridades,  para no dejarse estar y parecer  que se estuviera promoviendo su continuidad.

Hasta ahora Boric no se ha reunido con el mundo social, trabajadores, sindicalistas, cesantes o pobladores, quienes lo eligieron presidente. Sí lo hizo con el gran empresariado en la Enade, donde no hubo espacio para poner sobre la mesa este drama social, pero en cambio  se vio expuesto a seguir recibiendo los consabidos “consejos” del titular de la CPC Juan Sutil, sobre lo que, según el punto de vista empresarial, tendría que ser el próximo gobierno.

La idea de un impuesto a los superricos entusiasma a las mayorías, que a fines del año pasado votaron tratando de instalar una alternativa al sistema de mezquindades que rige desde la dictadura. Esa  idea, destinada al financiamiento de políticas públicas inclusivas, apareció por primera vez en el programa presidencial del Frente Amplio en 2017.

A estas alturas se proyectan diversas medidas que se aplicarán en favor de la gente, pero ni media palabra en torno a cómo se apuntará a la acumulación desproporcionada  de dinero, bienes y patrimonios. Ello, cuando todos los días se sabe de la crítica situación de muchos, cuando terminaron los pequeños beneficios gubernamentales entregados por la pandemia, hay despidos y término de contratos y arrecia la inflación descontrolada (en 2021 el IPC fue de 7,2%, la cifra más alta en los últimos 15 años).

Por el momento solo está lo señalado por Boric en su “carta a los chilenos” dada a conocer  inmediatamente después de los comicios del 21 de noviembre. Allí se propone “una reforma tributaria donde  quienes más tienen  paguen lo justo para financiar el bien común”. En los dos meses siguientes no ha habido precisiones, como si esa frase hubiera quedado olvidada. Últimamente  se ha hablado del impuesto a los súper ricos en el Congreso, no así en La Moneda chica.

Más que preocuparse de dar “tranquilidad” y “estabilidad” al gran empresariado, al mercado y a los ricachones – que es lo que ha ocurrido – es necesario que el presidente electo y su coalición política comiencen a asegurar  bienestar social y mejores condiciones de vida a los millones de compatriotas postergados e invisibilizados que se hallan expectantes. Es la dignidad que el pueblo demanda  y por la que ha luchado tantos años sin éxito, y que ahora, con el cambio de gobierno que se avecina, aspira a hacerla realidad.

 

 

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso