Brasil debe cumplir con sus obligaciones internacionales y reforzar sus mecanismos nacionales de prevención contra la tortura, dijeron expertos del organismo de prevención de la tortura de la ONU al concluir su visita al país con la tercera población carcelaria más grande del mundo.
“Instamos a Brasil a que abandone su decisión de desmantelar su mecanismo nacional de prevención de la tortura”, dijo Suzanne Jabbour, quien encabezó la delegación de tres miembros que visitó el país a principios de febrero.
“También hacemos un llamado a Brasil para que respete sus compromisos internacionales de derechos humanos y consolide sus recursos y esfuerzos para combatir la tortura”, agregó.
Brasil tiene la tercera población más grande de personas privadas de libertad en el mundo con más de 750.000 detenidos y prisiones superpobladas.
Durante su visita a la capital, Brasilia, la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) se reunió con la Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, varios diputados, entre ellos con los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras, el Supremo Tribunal Federal, el Procurador General de la Federación y su Adjunto a los Derechos de los Ciudadanos, entre otras entidades.
La delegación también sostuvo reuniones con el Mecanismo Nacional de Prevención Federal (Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura – MNPCT), el organismo de control de la prevención de la tortura del país, así como con sus contrapartes a nivel estatal en los cuatro estados donde existen, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la prevención de la tortura.
“Todas las autoridades superiores con las que nos reunimos estuvieron de acuerdo en que un mecanismo preventivo independiente y que funcione bien es absolutamente esencial, tanto a nivel federal como estatal”, dijo Jabbour.
“Los mecanismos preventivos de Brasil enfrentan desafíos críticos. A pesar de la falta de recursos y apoyo, están haciendo un trabajo extraordinario”, agregó.
Se espera una decisión del Supremo Tribunal Federal en las próximas semanas para decidir sobre la legalidad del Decreto Presidencial de 2019 que debilitó gravemente el sistema. Según el controvertido Decreto, los miembros del MNPCT ya no serán remunerados y se espera que trabajen de forma voluntaria. Además, la Administración decidió unilateralmente disminuir severamente el apoyo profesional y de secretaría para el mecanismo.
“Seguiremos interactuando con los mecanismos de prevención de Brasil y las autoridades, instituciones y sociedad civil relevantes y apoyaremos sus esfuerzos para establecer un sistema de monitoreo fuerte, funcional e independiente para prevenir la tortura en el país”, dijo Jabbour.
Los Estados partes del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) están obligados a establecer mecanismos preventivos nacionales funcionales e independientes. Estos órganos realizan visitas periódicas a los lugares donde hay personas privadas de libertad, como parte de los esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos y mejorar las condiciones de detención. Brasil estableció un sistema nacional de prevención de la tortura en 2013, pero solo cuatro de los 26 estados han establecido un organismo preventivo.
La delegación del SPT estuvo compuesta por Suzanne Jabbour (Líbano), Jefa de la Delegación y Presidenta del SPT; Juan Pablo Vegas (Perú), Jefe del Equipo Regional del SPT para América Latina y Relator sobre Brasil; y Nora Sveaass (Noruega), miembro de la delegación del SPT que visitó Brasil en 2015.
Contexto
El Subcomité para la Prevención de la Tortura supervisa la adhesión de los Estados partes al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que hasta la fecha ha sido ratificado por 91 países. El Subcomité está compuesto por 25 miembros que son expertos independientes en derechos humanos de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados partes. El Subcomité tiene el mandato de visitar los Estados que han ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. El Subcomité comunica sus observaciones y recomendaciones a los Estados a través de informes confidenciales, que alienta a los países a hacer públicos.
Elena Rusca, Ginebra, 12.02.22
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