Crónicas de un país anormal Latinoamérica

El conflicto permanente en Perú entre el Ejecutivo y el Congreso

La Constitución peruana tiene elementos propios del presidencialismo y otros del parlamentarismo: el Presidente de la República tiene la facultad de disolver el Congreso cuando la  mayoría de sus miembros niega la confianza a dos gabinetes seguidos y,  a su vez, el Congreso puede vacar al Presidente de la República por incapacidad moral permanente.

Este sistema sólo podría funcionar correctamente en el caso de que el Presidente contara con una bancada mayoritaria propia y, al menos, un tercio del Congreso unicameral. La oposición, para aplicar la vacancia del Presidente, necesitaría 87 votos, (dos tercios del total). El proceso de vacancia comienza con un 20% de las firmas de los congresistas, (26), y para que se pueda discutir, el 40%. El proceso que lleva a la aprobación requiere la votación de 2/3 del total.

Para comprender cualquier Constitución se hace necesario no sólo referirse a la doctrina constitucional, sino también a lo fáctico, (el sistema político). En Perú el sistema político es deficiente y, en general, los últimos gobiernos (el de Pedro Pablo Kuczynski, el de Martín Vizcarra, el de Manuel Merino, el de Francisco Sagasti y, actualmente, el de Pedro Castillo), o han carecido de bancada o de una mayoría en el Congreso.

PPK renuncio a la primera magistratura antes de ser vacado; Vizcarra cerró el Congreso al negarle la confianza a dos gabinetes consecutivos y, luego, el nuevo Congreso lo vacó a él; Manuel Merino apenas desempeñó su cargo durante cuatro días, luego de los cuales se vio forzado a renunciar debido a las masivas manifestaciones populares para protestar por la forma en que se apropió del poder; Francisco Sagasti, del Partido Morado, logró evitar la vacancia, y ahora, Pedro Castillo pudo salir ileso en el primer intento de vacancia.

El sistema político peruano se caracteriza por la corrupción, pues todos los Presidentes de la República, desde Fujimori, han sido acusados ante la justicia. (La hija del dictador, que se ha postulado varias veces a la presidencia de Perú, estuvo en prisión preventiva, bajo la acusación de ser la líder de una asociación para delinquir).

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El sistema de partidos políticos también es desastroso: los dos partidos históricos, el APRA y Acción Popular, fundados por Víctor Raúl Haya de la Torre y Fernando Belaúnde, respectivamente, se han corrompido, y hoy son apenas “asociaciones para delinquir”; el resto de los partidos tienen apenas nombre de fantasía, y la mayoría contiene el vocablo “Perú”.

La derecha peruana es, claramente, fascista, militarista y racista, y entre sus líderes se encuentran dos almirantes, (Jorge Montoya y José Cueto, que justifican el golpe de Estado), además de empresarios, muchos de ellos fujimoristas; la casi totalidad de los medios de comunicación está en manos de la derecha, (escrita, de radio y televisiva), entre ellos, el Diario “El Comercio”.

La estrategia de la derecha consiste en acusar de fraude electoral, sobre todo cuando la distancia entre los dos candidatos a segunda vuelta es muy pequeña, (los seguidores de Keiko Fujimori negaron, durante unos meses, el triunfo del campesino chotano, Castillo, por ejemplo, sin embargo, no pudieron probar el fraude).

El racismo limeño en detrimento de sierra andina se ha mantenido durante casi toda la historia de Perú, desde Francisco Pizarro hasta nuestros días: la oligarquía capitalina no podía soportar que el país fuera gobernado por un campesino y maestro rural, que mantenía su sombrero hasta para dormir, (ahora, un asesor de imagen lo convenció para que renunciara a su uso).

Por su parte, la izquierda es verdaderamente catastrófica: el Partido Perú Libre, que invitó a Castillo para ser candidato presidencial, es dirigido por un líder autoritario, poseedor de un marxismo infantil y estalinista, Vladimir Cerrón, quien está convencido que instaurar el socialismo se hace de la noche a la mañana, (personaje similar a los “termocéfalos” que abundan por toda América Latina), y no entienden que el desafío de la izquierda es la gobernabilidad democrática.

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La presidente del Congreso, María del Carmen Alva, es el típico personaje de la derecha en nuestro continente, que ve comunistas “come guaguas” hasta en las piedras. En estos días fue descubierta en un encuentro en que se conspiraba contra el Presidente Castillo, en el Hotel Casa Andina, del elegante barrio de Miraflores; a dicha reunión asistieron los jefes de bancada parlamentaria de los partidos opositores al gobierno de Castillo. El periodista César Hildebrant introdujo a ese recinto a uno de sus reporteros que grabó una conversación de la presidenta del Congreso en la cual amenazaba a  un periodista con el cierre de su Canal, “que pasaría a Cerrón”. La presidenta del Congreso también atacó a la alcaldesa de Ocaña, obligándola a que bajara la voz, pues estaba en “su casa”, la sede del Congreso, que la tomaba como propia.

El Presidente, Pedro Castillo, ha sido víctima de un ataque mediático, por parte del periodista de CNN en español, Fernando del Rincón, agente de las políticas del gobierno norteamericano para América Latina, quien logró sonsacarle su adhesión al “mar para Bolivia”, lo que abrió el campo para una acusación constitución por traición a la patria en contra del Presidente Castillo. En seis meses de gobierno Castillo ha cambiado el gabinete ministerial en cuatro ocasiones, (los premieres han sido Guido Bellido, Mirta Vásquez, Héctor Valer y, ahora, Aníbal Torres), y en cada uno de ellas la Prensa los ha atacado con escándalo, (en el último, dirigido al ministro de Salud, Hernán Condori, a quien se le acusa por la venta de agua mezclada con fruta, haciéndola pasar por remedio.

La derecha fascista-racista no se conforma con sacar  a Castillo, sino que también quiere hacerlo con la vicepresidenta, Dina Boluarte, a fin de colocar a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva,  en el poder, quien tendría que llamar a elecciones generales del Ejecutivo y del Legislativo. Los congresistas se oponen a dejar sus curules, por consiguiente, sólo se limitarían a elecciones presidenciales.

El quiebre entre la Presidencia de la República y el Congreso parece no tener solución democrática, al menos en el corto plazo.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

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15/02/2022

 

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Historiador y cronista

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