La Convención Constituyente entra a una etapa decisiva e histórica (por mucho que reclamen las derechas)

Para entender las votaciones en el pleno de la Convención Constituyente hay que recurrir al método genealógico, (aportado por el filósofo Federico Nietzsche), que consiste en buscar la comprensión de la raíz de los hechos, escenarios y coyunturas en las distintas situaciones.

En la actual Convención Constituyente, que tiene lugar por primera vez en doscientos años de historia republicana, el pueblo, la ciudadanía, la gente, redacta una Constitución. Las anteriores Cartas Magnas han sido impuestas a la ciudadanía, y solamente consultadas en algunos casos en plebiscitos de salida.

La Constitución más cercana a una forma de participación fue la de 1828, en que se involucraron, al menos, los cabildos de provincia, y las demás reúnen la categoría de ilegitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio discutible. La Constitución de 1833 fue redactada por una Comisión de parlamentarios y de ciudadanos nombrados por los miembros del Congreso. La de 1925 fue impuesta bajo la amenaza de la espada, del inspector del ejército, Mariano Navarrete, y refrendada mediante un plebiscito, a todas luces fraudulento. La de 1980 fue impuesta por una dictadura férrea, y con un plebiscito aún más fraudulento que la de 1925.

Vistos estos antecedentes, el único camino democrático para redactar una Constitución legítima de origen es de partir de una página en blanco, que es precisamente lo que los Convencionales de derecha, (ahora sumado a algunos “Amarillos”) no entienden, pues gran parte de la derecha votó en el plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020 por mantener la Constitución de 1980, con algunas reformas constitucionales efectuadas en el año 2005. En este plebiscito este grupo político apenas obtuvo el 20% de los electores, mientras que el sector mayoritario llegó al 78%; una cifra similar se constató en el rechazo a que una Comisión mixta – parlamentarios y ciudadanos – redactaran la nueva Constitución.

El 15 y 16 de mayo de 2021 tuvo lugar la elección de Convencionales, en la cual la derecha apenas obtuvo 37 escaños de Convencionales de un total 155, lo cual le impide contar con un tercio para bloquear los Acuerdos mayoritarios, y el resto de los escaños corresponde a Apruebo Dignidad, con el 18%, y con 28 Convencionales; la Lista del Pueblo, con 16%;  grupo Apruebo, 25 escaños, 14,46%; Independientes, 11 escaños, y otros, 11 escaños, sumados a 17 Convencionales de los Pueblos Originarios.

En el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, la derecha presionó para que los Artículos de la nueva Carta Magna fueran aprobados, al menos, con 2/3 del total de los Convencionales, (103 miembros).

Es cierto que algunos de los Amarillos, (ex democratacristianos y de derecha), votaron a favor del Apruebo a la nueva Constitución, sin embargo, aquellos Convencionales que más reclaman por estar siendo “ninguneados” pertenecen a una ultraderecha cuyo objetivo se centra en mantener la Constitución de 1980, con algunos visos de “maquillaje democrático”, (similar a la reforma de 2005).

El crear ambiente de hostigamiento, (especialmente de las redes sociales y de la Prensa de derecha), a la labor de la Constituyente, así no lo expresen, ni quieran reconocerlo públicamente, podría conducir a un rechazo en el plebiscito de salida, (a realizarse, posiblemente en septiembre del presente año), lo cual significaría la resurrección de la Constitución de 1980, que ya está bien muerta. Dejémonos de hipocresías: es lógico que una derecha extrema, (entre los “Amarillos” hay de todos los colores, socialdemócratas, democratacristianos, y algunos del Partido Evópoli, que no se saben si son liberales o neoliberales, así como muchos pardos y bien pardos, que nunca estuvieron de acuerdo con la redacción ciudadana de la Constitución), ahora quiera infringir una derrota al Presidente Gabriel Boric, que es claramente partidario de una nueva Carta Magna.

Las Cartas Magnas no las proponen ni redactan los ángeles, menos los santos, por consiguiente, no tienen por qué ser perfectas, pues el discutirlas y redactarlas constituye un acto político por excelencia. El pretender que el contenido de lo que se escribe y aprueba esté destinado a permanecer por varios decenios es una apuesta que está por verse, (la Constitución que dio paso a la III República francesa ha sido la  de mayor duración en ese país, por ejemplo; en Chile, la 1833 fue la que más se mantuvo en el tiempo, aplicada en parámetros liberales y conservadores, con regímenes autoritarios portalianos y regímenes de asamblea, que tuvieron lugar en la época parlamentaria).

Muchas de las Constituciones han permanecido a través del tiempo a causa de su carácter pétreo, que no sólo exige un alto quórum para reformarlas, si no que conservan la ideología de la dictadura que las impuso.

Es lógico que la Convención Constituyente, (representativa en su composición, pues la mayoría está integrada por  Convencionales independientes, surgidos de la lucha social, especialmente del “estallido social” iniciado el 18 de octubre de 2019),  tenga dificultades, además, si sumamos la exigencia de tener un plazo leonino para redactarla y entregarla a la ciudadanía, impide desarrollar un diálogo que logre integrar a todos los Convencionales. A veces cuesta creer que la derecha más extrema de los Convencionales quiera llevarlo a cabo, (baste analizar el contenido de las burlas de la Convencional del Partido Republicano, Teresa Marinovic).

Cualquier demócrata que  respete el diálogo y el pluralismo no puede sino centrar sus esfuerzos en mejorar y corregir las fallas de la actual Convención que, hasta ahora, ha asumido el ser representante de la soberanía popular y de acatar las reglas que la rigen.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

22/02/2022