Quién le pondrá freno a tanta corrupción en las FF.AA.

La llegada de Maya Fernández al frente del Ministerio de Defensa Nacional abre a la ciudadanía expectativas ciertas de que la hasta ahora diputada socialista, de impecable trayectoria de servicio público, logrará poner freno con apoyo de todo el aparato gubernamental a la serie de actos de corrupción en las Fuerzas Armadas en que se ha dilapidado cuantiosos recursos públicos.

Inesperadamente la guinda de la torta la puso el general Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército, quien cuando le faltaban pocos días para completar el ejercicio de su cargo presentó su renuncia al ser citado por la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford que lo inculpó en la arista pasajes aéreos y fletes en uno de los tantos fraudes detectados en esa institución.

Mas allá de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, muchas de las cuales permanecen en la impunidad, el militarismo está en deuda con el país por el derroche de grandes cantidades de fondos fiscales otorgados por el Estado para determinadas funciones institucionales que la ley establece en forma específica tales como inteligencia y seguridad.

Los elevados recursos correspondientes a la Ley Reservada del Cobre y en la actualidad a fondos reservados – a la fecha sobre 200 millones de pesos mensuales a cada rama – han sido malversados con irresponsabilidad, ya que se les ha empleado en asuntos personales o familiares, viajes de placer al extranjero,  adquisición de departamentos y automóviles de alta gama, sorprendentes lujos e incluso corbatas de 100 mil pesos y gastos semanales  de 150 mil pesos en finos chocolates para la atención de visitas, etc.

Todo ello al margen de las inmensas sumas aportadas por todos los chilenos que las FF.AA. reciben para la innecesaria compra de modernos armamentos, unidades bélicas de última generación y ejercicios y preparativos para la “guerra”, aun en el extranjero, además del financiamiento del exclusivo sistema previsional que favorece a los uniformados con jugosas jubilaciones.

Cuando comienza un nuevo gobierno y asume una nueva ministra de Defensa, es hora de terminar con el absoluto desinterés de la sociedad civil por fiscalizar los exorbitantes gastos de los altos mandos. Establecer las causas de esa desidia asoma como el siguiente paso en la investigación iniciada por la justicia militar tras los sucesivos escándalos protagonizados por distintos generales que ocuparon la jefatura del Ejército.

Los dardos apuntan a los titulares de esa cartera en los últimos 30 años de presunta democracia. Mas que como ministros de un determinado gobierno, todos ellos – pertenecientes a las dos derechas – actuaron como voceros de las instituciones armadas hacia la ciudadanía, por lo que los delitos cometidos, irregularidades y anomalías quedaron bajo la alfombra.

Desde la dictadura las FF.AA. se acostumbraron a una total autonomía en cada una de sus acciones fuera de control de instituciones como el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República o el Consejo para la Transparencia. Sin asumir la probidad, ello fue el punto de partida de las reiteradas corruptelas que se están conociendo al interior de sus filas.

En la ruta de la indecencia que dejó marcada el dictador, sus sucesores no dudaron en tomar plata ajena a manos llenas sin importarles que esta había sido aportada por todos los chilenos. Nunca contaron con un mecanismo de control o fiscalización de la civilidad quizás por temor a retrotraer la historia, lo que sin duda se reparará en el nuevo Chile que construyen las mayorías.

Quienes sostienen que el Ejercito permanece secuestrado por la corrupción, están en lo cierto. Lo confirman los generales que estuvieron a la cabeza del mando institucional Juan Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Oscar Izurieta, que hicieron desaparecer cerca de 20 mil millones de pesos que merecían un mejor destino especialmente en esta época de pandemia y crisis social.

El gobierno que llega tiene entre sus cartas de presentación una necesaria agenda de probidad que se espera haga cumplir rigurosamente. Existe confianza ciudadana asimismo en la labor de la ministra Fernández, de modo de retomar las prácticas republicanas del pasado reciente que se prolongaron hasta los preparativos y ejecución del golpe militar.

Tras el general Carlos Prats González no ha existido un comandante en jefe del Ejercito de Chile que sepa llevar con honor sus estrellas, tal como lo hizo este oficial constitucionalista. Por su estrecha colaboración con el gobierno popular que había sido derrocado un año antes, Prats fue asesinado junto a su esposa en Buenos Aires por agentes de la dictadura pinochetista el 30 de septiembre de 1974.

 

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso