¿Hay Gobierno por ahí? Grupo Angelini vende bosques del Wallmapu a fondos internacionales y genera condiciones de inestabilidad social

La información económica escueta indica que Forestal Arauco S.A. perteneciente a los oligarcas Roberto y Patricia Angelini Rossi vendió 80 mil 500 hectáreas de predios forestales situados en el Wallmapu al fondo internacional de Inversiones BTG Pactual Timberland Investment Group en US$ 385.500.000. En las circunstancias presentes, una transacción comercial que involucra reivindicaciones y sentimientos ancestrales del pueblo mapuche tiene consecuencias políticas y sociales innegables. Por lo tanto, un buen Gobierno se nota cuando en un contexto mundial nacional e internacional confuso toma decisiones que contribuyen a mostrarle a sus pueblos una línea de Estado que traza una conducta clara en pos de la defensa de bienes comunes fundamentales y de la paz interna.

No estamos ante una vulgar transacción en el mercado de tierras globales sino que de tierras y bosques situados en el Wallmapu; que la razón aconseja no cambiar de manos empresariales con fines de explotación amparándose en el “sagrado” derecho capitalista de propiedad. Más aún si el comprador puede recurrir a la institucionalidad global y a tratados internacionales (CIADI) para hacer valer sus supuestos derechos, después de haberse apropiado de territorios de un pueblo con reivindicaciones sobre ese mismo territorio. Lo que sería una aberración del derecho internacional, pues en este caso se pone al servicio de la depredación capitalista que practican las forestales.

Es aquí que cobra sentido la cruzada por el “derecho de propiedad” a ultranza del convencional Bernardo Fontaine (RN) en los medios. Tender un manto de protección ideológico de la gran propiedad lucrativa en manos de oligarcas. ¡Como si las misérrimas platas de un humilde pensionado de AFP pudieran compararse con las propiedades en miles de millones de dólares de la oligarquía empresarial! Juego ilusionista sucio al que se prestan periodistas con sus entrevistas obsecuentes a los von Appen, Sutil y larraínes de este extremo sur del planeta.

Como bien sabemos, una buena parte de la población chilena es altamente sensible a esta problemática. Además, la opinión pública canadiense de la provincia de Columbia Británica, de donde provienen los fondos compradores, es altamente sensible a la depredación de los conglomerados forestales. Y esta consciencia se debe a la lucha de organizaciones ecologistas canadienses contra la destrucción del bosque nativo en la zona del Oeste canadiense que bordea el Pacífico. Cae de cajón entonces, porque es de sentido común, ponerle límites a la desmesura de las oligarquías empresariales dueñas del Capital enceguecidas por la búsqueda de la ganancia. Son situaciones evidentes: cuando el interés general (nacional y planetario) está por encima del derecho de la gran propiedad. Específicamente, cuando grandes empresas oligopólicas transan a su gusto bienes comunes y deberes ante la Naturaleza, que en la Convención Constitucional son tema de debates fundamentales. Aún más cuando el Gobierno fue elegido para intervenir contra, o para moderar, los excesos de las fuerzas capitalistas que generan desorden estructural. Estaba implícito en la elección del Gobierno de las “fuerzas transformadoras” de Gabriel Boric; del pacto FA/PC (antes de la integración de la tecnocracia PS-PPD concertacionista en el gobierno).

Un Gobierno salido de las urnas y de la onda expansiva de la Rebelión popular y ciudadana del 18/O debe actuar rápido en estas situaciones. Utilizar todo el arsenal legal y las instituciones a su disposición para impedir que se imponga la ley de los poderosos contra el interés de los pueblos. Los viajecitos en comitiva estruendosa de ministros y ministras al Wallmapu no son signos claros. Un Gobierno no debe esperar condiciones ideales para intervenir, sino que crear las mejores. Actuar soberanamente (tomar decisiones) en el momento preciso y hacer prueba de voluntad es lo que se espera de este Gobierno. Hay disposiciones internacionales para hacerlo como invocar el Convenio no. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, del cual Chile es signatario. Y sin embargo pareciera que el Gobierno de Boric está en “modo veremos que pasa” hasta el 4 de julio y del plebiscito acerca de la Nueva Constitución.

Por Leopoldo Lavín Mujica