Jornada clave en la CC sobre la renacionalización de la gran minería del cobre; trabajadores observan expectantes

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Esta tarde la Convención Constitucional (CC) votará los artículos que contiene el último informe de la Comisión de Medio Ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. Entre ellos hay normas relacionadas con la minería y la nacionalización de las empresas mineras, desde la gran minería del cobre a los yacimientos de litio.

La nacionalización de los recursos naturales es una de las principales demandas ciudadanas levantadas desde la revuelta popular del 2019 como también una de las iniciativas ciudadanas de norma presentadas a la CC que suscitó mayores apoyos.

La nacionalización significa también la recuperación de ingentes recursos que le otorga al estado la posibilidad de explotarlos para financiar los derechos sociales incorporadas en el borrador de la nueva constitución. El convencional Rodrigo Álvarez (UDI) en una nota de Emol de este jueves pone el foco sobre los nuevos permisos que se entregarían para la explotación de las minas o el uso de agua, que, a su juicio no bastan para consagrar un modelo económico que sustente los derechos sociales aprobados el martes. «El martes hicimos un largo listado de derechos sociales, que son aspiraciones de miles de chilenos. Pero la verdad es que nada de eso se puede efectivamente cumplir si no tenemos los recursos del caso, si el Estado no tiene los dineros que les permitan ir en apoyo y financiar estos derechos».

Quienes siguen esta votación con atención son los trabajadores de la gran minería. Al respecto, la Confederación de Trabajadores del Cobre expresó su preocupación por una sucesión de hechos. El 30 de marzo el pleno de la Convención Constitucional rechazó la inclusión en el artículo 18 de la Nueva Constitución, referido al derecho de propiedad, del párrafo que hizo posible la Nacionalización del Cobre presentado por el Presidente Salvador Allende y aprobado por la unanimidad del Congreso en 1971. El texto había sido propuesto y aprobado en la Comisión de Derechos Fundamentales de la propia Convención Constitucional, y fue incluido, además, en la propuesta de norma entregada por la Confederación de Trabajadores del Cobre en el mes de abril. Expresa, textualmente:

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.” 

En una declaración publicada anoche, la CTC señala que «esperábamos que la Convención Constitucional resolviera lo que era de toda lógica hacer: primero, mantener intacto el párrafo histórico citado, y segundo, eliminar la lesiva y antipatriótica figura de la Concesión Plena. Con eso, mantendría, el principio soberano del dominio estatal sobre la minería, a partir del cual se podría iniciar un proceso de recuperación, o renacionalización, de la riqueza de la que, hasta el día de hoy, usufructúan los grandes capitales transnacionales para su propio lucro».

Los trabajadores contratistas y subcontratistas declaran que no se quedarán impávidos «frente al peligro de un retroceso histórico como el que señalamos, que, además, sería un obstáculo más para hacer realidad las grandes transformaciones sociales que el pueblo demanda con urgencia».

«No podemos comprender las razones que impulsaron a convencionales, supuestamente progresistas, para rechazar la inclusión del párrafo histórico que citamos en la nueva Constitución. A los trabajadores del Cobre nos cabe el deber moral de apelar a su conciencia, y esperamos que recapaciten y cambien su postura para que no deban enfrentarse el día de mañana al severo juicio de la Historia».

La CTC finaliza su declaración llamando a la CC a replantear el punto al que nos referimos, para que la nueva Constitución no carezca de este principio que es clave y estratégico para el futuro de Chile. Es, en última instancia, una cuestión de dignidad, un imperativo ético y moral insoslayable.

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