Ahorro forzoso de salarios es abuso contra el pueblo trabajador

El reconocido economista Franco Modigliani demostró que si un conjunto de personas ahorra durante la primera mitad de su vida y en la segunda mitad cada una de ellas desahorra todo lo ahorrado, incluidos sus gananciales, el resultado es la conformación de un fondo que crece indefinidamente, a sola condición que el número de ahorrantes y/o el monto de lo ahorrado por cada uno sea asimismo creciente.

Sus pares ratificaron su hallazgo y le concedieron el premio Nóbel. Merecidamente, porque en efecto así se conforman los modernos mercados de capitales que son parte del desarrollo de las economías. Si el ahorro es voluntario y cada uno de los ahorrantes lo puede retirar cuando lo estimen conveniente, se trata sin lugar a dudas de un mecanismo virtuoso.

El corolario del teorema de Modigliani, en cambio, no resulta tan virtuoso sino más bien todo lo contrario. Si dicho ahorro se impone forzosamente al pueblo trabajador, cuyo número y remuneraciones crecen de manera muy estable, ello resulta en un abuso gigantesco que crece asimismo indefinidamente. En efecto, aunque se restituya íntegramente a cada persona que trabaja devenida en forzada “ahorrante” todo lo que aportó, incluidos sus gananciales, el fondo de salarios así conformado, que crece indefinidamente y por lo mismo no se devuelve jamás, se convierte en un gigantesco fondo de inversiones del que disfrutan principalmente los empresarios.

Este corolario fue demostrado prácticamente por Pinochet, un bruto que de teoría no tenía idea pero de forzar al pueblo sabía mucho. Ello sin duda habría enfurecido a Modigliani, un antifascista exiliado de toda la vida que sufrió el exterminio de gran parte de su familia en el Holocausto. Tal demostración práctica fue parte principal de los abusos contra el pueblo trabajador, del dictador y la rancia oligarquía que, disfrazada de “Chicago Boys”, restauró tras la derrota genocida de la Revolución Chilena el 11 de septiembre de 1973.

Hoy el pueblo chileno, al igual que lo ha venido haciendo cada década en promedio a lo largo de un siglo, nuevamente ha irrumpido masivamente en el espacio político, a partir del 18-O como se conoce el estallido popular del 18 de octubre del año 2019. El destino de esta nueva revolución es precisamente acabar con los abusos y distorsiones de la restauración oligárquica iniciada el 11 de septiembre de 1973. El ahorro forzoso es el principal abuso.

Se trata de un abuso gigantesco. En 1981 la dictadura dictó un decreto ley que lleva el número 3.500, que transfirió la totalidad de las cotizaciones obligatorias recaudadas cada mes, hasta entonces destinadas a la seguridad social para el pago de pensiones ese mismo mes, a un sistema de ahorro forzoso, mal llamado ”de pensiones” y conocido como “AFP” por la siglas de las empresas privadas creadas para administrarlo.

Varios países, bajo presión de la industria e instituciones financieras internacionales y también de la ideología conocida como “Tercera Vía”, siguieron su ejemplo, con versiones más o menos parciales del mismo sistema. Intentos similares fracasaron en los EE.UU. y la mayor parte de Europa, rechazados tajantemente por los trabajadores.

El grueso de las cotizaciones obligatorias así desviadas fueron a parar al mercado de capitales, generando un inmenso fondo que hoy equivale a treinta veces el costo de las pensiones que el sistema pagó en el último año. Dicho fondo, supuestamente de propiedad de los cotizantes, junto a las llamadas “reservas técnicas” que respaldan las denominadas “rentas vitalicias” adeudadas por compañías de seguros, y que son propiedad de éstas, financian el grueso del capital de las empresas que operan en el país.

El ahorro forzoso beneficia principalmente a cuatro reconocidos grupos nacionales que controlan el sistema AFP. Mediante las compañías de seguros que conforman el corazón del mismo y se han embolsado primas brutas, por compras forzosas de seguros AFP, equivalentes a la mitad de las cotizaciones recaudadas desde 1981. Asimismo, beneficia a otros dueños de grandes empresas nacionales, el 70 por ciento de cuya deuda y 20 por ciento de su capital bursátil en el caso de las mayores, y el 10 por ciento de la deuda de los bancos, se financian con el fondo AFP y las “reservas técnicas” de rentas vitalicias, apropiadas por de las compañías de seguros.

Dicho desvío restó las cotizaciones recaudadas, de las pensiones de los padres y abuelas de los forzados “ahorrantes”, las que se vieron reducidas a menos de la mitad en promedio y a una tercera parte las de mujeres, comparadas con las que perciben sus excompañeras de trabajo que lograron mantenerse en el antiguo sistema público.

Las cotizaciones desviadas se restaron asimismo del presupuesto del Estado, cuyos ingresos se vieron mermados en un quinto, y cuyos gastos se cargaron con onerosos subsidios que han financiado la mayor parte de las pensiones pagadas por el sistema.

Si se agregan el resto de los gastos previsionales del Estado, pensiones civiles no contributivas y del antiguo sistema público, que son tantas como las que paga el sistema AFP, pensiones militares y otros subsidios indirectos como planes de retiro, el fisco destina hoy un quinto de su menguado presupuesto a financiar cuatro quintos del gasto nacional en pensiones. El sistema AFP aporta el otro quinto con una parte menor de las cotizaciones corrientes. En cuatro décadas el ahorro forzoso no ha pagado jamás pensión alguna.

El ahorro forzoso es así la causa exclusiva de las bajas pensiones y el origen principal del déficit y endeudamiento fiscal, este último contraído en dos terceras partes con el sistema de AFP, y cuyo monto equivale casi exactamente a los subsidios de pensiones pagados por éste.

En todos y cada uno de los 490 meses transcurridos desde la dictación del DL3.500 hace 41 años, las cotizaciones recaudadas han más que duplicado el monto total de las pensiones pagadas por el sistema ese mismo mes, ese mismo año. Por añadidura, el fisco ha financiado el 60 por ciento de éstas, incluido el 40 por ciento de las pagadas en los últimos 12 meses. Aún descontando de cotizaciones y subsidios el costo total de esas pensiones, cada mes, cada año, se ha generado un excedente corriente a favor del sistema, que en total suma más que el valor actual del fondo AFP.

Las ganancias brutas acumuladas por el fondo apenas cubren las comisiones y primas netas cobradas por sus gestores y cuando pierde dinero a raudales en las crisis, ni siquiera alcanzan para eso. La ganancia neta acumulada hasta hoy no ha alcanzado a financiar  la mitad de los retiros autorizados recientemente por el Parlamento.

Los únicos años en que el pueblo trabajador ha retirado dinero en términos netos del sistema AFP fueron el 2020 y 2021 gracias a los retiros. Tanto en Chile como en otros países que han implementado versiones del ahorro forzoso, imponer los retiros del fondo ha sido la manera más efectiva en que el pueblo trabajador ha manifestado su exigencia de acabar con este abuso gigantesco.

Que nadie se equivoque. La presión popular por nuevos retiros va a continuar mientras exista el ahorro forzoso. Así sea que lo administren empresas privadas o el Estado. Así sea que se registre en cuentas individuales o colectivas. Cualquiera sea la forma en que las cotizaciones a la seguridad social se desvíen a fines diferentes que pagar pensiones, ello seguirá siendo un abuso.

El pueblo tiene toda la razón al exigir su restitución. Es una demanda justa que confirma la bancarrota del ahorro forzoso mismo y la total inviabilidad política de su continuación. No tienen razón los asesores, generalmente colegas economistas, que se oponen a los retiros exagerando sus aspectos negativos mientras soslayan sus espectaculares aspectos reactivadores y redistributivos, evidentemente positivos.

En realidad, los detractores de los retiros pretenden obstinadamente mantener e incluso agravar el desvío al ahorro forzoso de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social, restándolas al presupuesto fiscal y las pensiones corrientes. Con distintas motivaciones. El gran empresariado y especialmente los grandes cuatro reconocidos grupos nacionales que controlan el sistema a partir de sus compañías de seguros, usan ese dinero para financiar sus negocios.

Los economistas, por su parte, sólo ven su aporte a la “profundidad del mercado de capitales”, sin percatarse ni importarles que desviar forzosamente salarios a financiar negocios de empresarios es un abuso gigantesco.

El ahorro nacional, necesario para reproducir y ampliar el aparato productivo, es responsabilidad exclusiva de los empresarios con cargo a las ganancias y rentas que se apropian, jamás del pueblo trabajador y menos con cotizaciones salariales obligatorias a la seguridad social escamoteadas a tres millones de pensionadas por el sistema AFP, la mayoría mujeres, la mitad ya fallecida.

Para el pueblo trabajador el asunto es claro. El fondo AFP no ha financiado nunca pensiones ni las financiará jamás, los miserables montos de las que paga el sistema AFP se han financiado siempre con subsidios fiscales y parte de las cotizaciones corrientes. Ni siquiera sirve el fondo como base de cálculo de las pensiones, que es su única relación con éstas, puesto que la abrumadora mayoría de afiliados logran juntar al jubilar un ahorro que aplicado al cálculo de la pensión arroja un monto inferior al mínimo garantizado por el Estado.

Al pueblo trabajador el fondo AFP no le sirve para nada. En cambio, el dinero allí registrado, recortado obligatoriamente a sus salarios y escamoteado a las pensiones de sus mayores y al presupuesto fiscal, financia la mayor parte de los créditos y buena parte del capital de las empresas que operan en el país, especialmente las de los cuatro grupos que controlan este sistema. Ellos le dicen al pueblo que ese dinero es ahorro que le pertenece. Pues bien, que lo devuelvan, hasta el último peso, cuanto antes mejor.

Acabar con el desvío de cotizaciones obligatorias al mercado de capitales resuelve el problema de las bajas pensiones puesto que lo recaudado en cotizaciones ha más que duplicado lo pagado en pensiones por el sistema AFP, todos los meses, todos los años.

Ello es sostenible en el tiempo porque la economía y recaudación de cotizaciones crece más rápido que el número de adultos mayores, y para qué decir la cantidad de bienes y servicios disponibles, gracias al extraordinario incremento de productividad del trabajo. Los “argumentos” de los partidarios y la propaganda del ahorro forzoso son mendaces, espantajos para asustar a los incautos.

Y un argumento de su majadera propaganda es francamente una canallada. Le dicen a los trabajadores jóvenes qué hay muchos viejos y que cuando ellos lo sean, sus hijos no serán capaces de darles pensiones. Ellos se ofrecen gentilmente a resolver el “problema del envejecimiento”, como motejan la principal conquista de la modernidad que no es otra que haber triplicado la esperanza de vida de la humanidad. Claro que para lograrlo con su magia financiera, les proponen a los trabajadores jóvenes que les entreguen a ellos las cotizaciones que hoy deberían financiar las pensiones de sus padres.

Por añadidura acabar el desvío de cotizaciones al ahorro forzoso resuelve el déficit y endeudamiento fiscal, puesto que es su principal causa, al restar del presupuesto las cotizaciones y cargarlo con subsidios que han financiado la mayor parte de las pensiones pagadas por el sistema. Mantener el ahorro forzoso es una gran irresponsabilidad fiscal e incrementarlo aún peor.

La principal virtud de los retiros autorizados fue relegitimar la institucionalidad democrática en su momento más oscuro. El Parlamento impuso su autoridad a los poderosos y limitó su abuso con el pueblo trabajador. Ahora se trata de acabar el ahorro forzoso de raíz. Esto es precisamente lo que Chile necesita y el pueblo exige.

Es asimismo su responsabilidad internacional, para ayudar con su ejemplo a que otros países que se inspiraron en el mayor abuso económico impuesto a sangre y fuego por Pinochet y los Chicago boys, acaben también ahora con él.

 

Por Manuel Riesco

Vicepresidente CENDA

México, 25 de abril 2022

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