El Estado participará en la economía nacional, se desprende de los artículos que fueron aprobados por la Convención Constitucional y que formarán parte del borrador de la nueva constitución. Un cambio radical respecto a la constitución de 1980, que bajo la concepción neoliberal entregó todas las actividades al sector privado.
Todos estos artículos aprobados fueron presentados por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Entre ellos, el Estado participa en la economía (…) lo que deberá hacer de forma coordinada y coherente, en base a los principios de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria, y pluralismo económico.
Asimismo, el Estado fomentará la innovación, los mercados locales, la economía circular, todas actividades sujetas al respeto al medio ambiente.
En materia de regulación a la actividad empresarial del estado, se establece que para participar de la economía, el Estado podrá desarrollar actividades empresariales según lo que determine la normativa respectiva. Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que esta determine.
También en el ámbito económico, la CC aprobó el articulado que mantiene que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas, como en la actual Constitución.
En tanto, la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental.
Junto a la anterior, también se aprobó la Política de actividad minera. Con esto, será labor del Estado definir una política de actividad minera y el vínculo entre empresas de diferentes sectores productivos.
Esta política deberá tener en consideración:
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En realidad la Constitución actual -refrendada por Lagos y todos sus ministros en 2005- ya permite que el Estado desarrolle actividades empresariales. Así, el Artículo 19, N° 21 estipula que "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado (mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio) los autoriza". Asimismo, el Artículo 19, N° 24 estipula que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales"; y que "la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo".
Y, de hecho, a la fecha existen varias empresas de mucha relevancia de propiedad del Estado: Codelco, ENAP, Enami, Banco del Estado, Correos de Chile y TVN, entre otras.
Aunque en las normas aprobadas hay varios términos con significados de difícil comprensión y esto tal vez obedezca a mi propia imbecilidad sin límites, lo que en el fondo importa es que aparentemente los CC.CC. por fin se pegaron la cachetá de que el país es dueño a perpetuidad de sus riquezas naturales.
Pero nada estaba escrito en piedra! La Comisión de Medio Ambiente de la CC terminó por rechazar la nacionalización de la minería y el tema se vuelve a votar el sábado 14. Hay que estar atentos pues de esto dependen muchos votos en el plebiscito de salida.