El expresidente Sebastián Piñera se comprometió durante su primer gobierno a acatar el fallo internacional sobre el diario confiscado por Pinochet que tras un procedimiento de 25 años ha fijado una indemnización de 520 millones a los propietarios españoles. El año pasado, cuando llegó la hora de hacerlo el expresidente no cumplió su palabra y prefirió traspasarle la obligación a su sucesor Gabriel Boric.
La larga marcha de los propietarios españoles del diario chileno El Clarín, que fue confiscado por Augusto Pinochet el mismo día del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 para restituirle su lugar en la prensa ante el atropello sufrido, ha sido apoyada en algún momento de su odisea por el Parlamento Europeo, el Gobierno español, los principales partidos de las Cortes -el PP, el PSOE e IU- y hasta por el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, cuando era diputado de la oposición. El antecesor de Boric, el derechista Sebastián Piñera, se fajó en sus dos mandatos para evitar cualquier compensación, pero se comprometió solemnemente ante la Eurocámara a cumplir el laudo del CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial en materia de inversiones, y asumir el pago que eventualmente se fijara, una promesa que ha incumplido al endosar el dossier a la nueva Administración de izquierdas.
En el año 2012, durante su primer mandato como presidente, Piñera acudió al Parlamento Europeo y el diputado del PSOE Andrés Perelló le preguntó por la reparación a El Clarín que, con una media de 250.000 ejemplares diarios vendidos, era el diario de Chile con mayor patrimonio cuando fue confiscado sin que su propietario, el empresario español Víctor Pey, exiliado tras la Guerra Civil, recibiera nunca una indemnización. Piñera contestó con mucha rotundidad: “Efectivamente, el diario El Clarín fue expropiado por el Gobierno militar. (…) Chile es respetuoso del derecho internacional y de las Cortes internacionales. Por tanto, si la corte determina que Chile debe hacer algo, Chile va a cumplir con lo que diga la Corte. (…) Es lo que corresponde a un país civilizado, respetuoso del derecho y que respeta las reglas del Estado de derecho”.
El nuevo presidente de Chile fue un destacado defensor de la causa de El Clarín cuando era diputado de la oposición. El 20 de septiembre de 2017, con Víctor Pey todavía con vida, Boric patrocinó con pasión una interpelación en el Congreso chileno en la que mostró su indignación por las dilaciones continuas de Chile en lugar de indemnizar.
La corte competente, el CIADI, cuyos laudos son de obligado cumplimiento por los 155 países que han ratificado el convenio -entre ellos, España y Chile- y ejecutables también en cualquiera de estos países, zanjó en 2020, y ya sin posibilidad de recurso, el arbitraje internacional más largo de la historia de Chile y el Banco Mundial, iniciado en 1997: este país debe indemnizar a los accionistas de las empresas editoras de El Clarín. Víctor Pey no vivió para verlo -había fallecido en 2018, a los 103 años-, pero había traspasado sus participaciones a la Fundación española Presidente Allende (90%) y a su hija, Coral Pey Grebe (10%), propietarios de la cabecera, que en estos momentos edita únicamente una versión digital.
Tras la decisión definitiva del CIADI de 2020, el abogado Joan Garcés, jurista español que fue asesor de Salvador Allende, se dirigió a los tribunales españoles para continuar la ejecución del laudo en el juzgado 101 de Madrid que había ejecutado las costas de la fase inicial del arbitraje: más de 3 millones de euros, que Chile ya ha abonado. Un auto del pasado diciembre ordena a Chile pagar 551 millones de dólares (alrededor de 520 millones de euros): 429,797 millones de dólares en concepto de indemnización y otros 121,972 millones por los intereses de demora. El laudo fija los intereses de demora en el 5% anual compuesto hasta el completo pago de la indemnización, con lo que cuanto más se prolongue el procedimiento más alta acabará siendo la cuantía a pagar.
A pesar de la solemne promesa de Piñera en la Eurocámara, en sus dos mandatos como presidente fue postergando la indemnización. Y el pasado diciembre la representación del Estado chileno en Madrid, que todavía respondía a la Administración de Piñera, se negó a recibir la comunicación formal del auto, solicitó remitirlo a Santiago y ha ido demorando la respuesta el tiempo suficiente para que la patata caliente tenga que asumirla ahora el nuevo presidente, el izquierdista Gabriel Boric. La oficina de Comunicación de Boric no ha contestado a las reiteradas preguntas formuladas por elDiario.es sobre cuáles son las intenciones de la nueva Administración ante el laudo del CIADI y el auto del juzgado español.
El nuevo presidente de Chile fue un destacado defensor de la causa de El Clarín cuando era diputado de la oposición. El 20 de septiembre de 2017, con Víctor Pey todavía con vida, Boric patrocinó con pasión una interpelación en el Congreso chileno en la que mostró su indignación por las dilaciones continuas de Chile en lugar de indemnizar. “Han pasado muchos años y el Gobierno de Chile optó por consolidar el monopolio de la prensa de un solo sector y, por tanto, ha hecho denodados esfuerzos para evitar que se concrete la indemnización que corresponde a los legítimos dueños del diario El Clarín. Uno se pregunta por qué”, afirmó el hoy presidente. Y añadió: “Me pregunto qué ha motivado al Estado de Chile a realizar tanto esfuerzo para evitar la reparación de la usurpación ilegal de que fue objeto el diario El Clarín”.
El hoy presidente mostró también su malestar porque Chile diera largas a la reparación “a los legítimos dueños de este diario” e incluso finalizó su intervención con un homenaje emocionado a Víctor Pey, quien “con más de cien años, sigue dando una digna lucha por recuperar la pluralidad del periodismo en Chile, lo que es esencial en cualquier democracia”.
Por su parte, España ha mirado siempre desde muy lejos el procedimiento, en una actitud que contrasta con el apoyo entusiasta que suele dar a las demandas de las multinacionales españolas en el extranjero. Pero cuando el procedimiento arrancó, en 1997, el Gobierno español de José María Aznar expresó formalmente y en sede parlamentaria su apoyo a la reivindicación de Pey por boca del entonces secretario de Estado para Política Exterior y para la Unión Europea, Ramón de Miguel.
En respuesta al diputado Rafael Estrella (PSOE) en la comisión de Exteriores del Congreso, De Miguel subrayó que se trata de “un tema claro de defensa de intereses españoles en el extranjero” y subrayó que el Ejecutivo de Aznar “deplora que se prolongue esta situación sin que haya habido la indemnización correspondiente”. “La voluntad del Gobierno es proteger los intereses de un compatriota nuestro, don Víctor Pey”, recalcó el secretario de Estado de Aznar.
También la Eurocámara respaldó formalmente en 1997 por unanimidad la reivindicación de Pey en el acuerdo marco de relación con Chile aprobado en el Parlamento europeo, que citaba “como residuo inaceptable de la dictadura el caso del diario El Clarín, expropiado y todavía ocupado por los militares y sin que sus legítimos propietarios hayan recibido hasta el momento actual ninguna indemnización”. El informe, del que fue ponente la eurodiputada del PSOE Ana Miranda de Lage, fue apoyado expresamente por los portavoces del PP José Manuel García Margallo -que años después fue ministro de Exteriores de Mariano Rajoy-, del PSOE, Enrique Barón, e IU, Alonso Puerta.
Un cuarto de siglo después, los militares chilenos siguen ocupando los edificios y las rotativas de El Clarín. Y sus propietarios españoles aún no han sido compensados, a pesar de la obligatoria resolución definitiva del organismo internacional de arbitraje vinculante tanto por para Chile como para España.
Por Pere Rusiñol
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Para quienes no leen "El Mercurio", sepan que ayer y hoy comenzó la ofensiva comunicacional del "decano" en contra del fallo español. Hoy trae una entrevista a Jorge Carey, ¡el abogado que se ofreció "gratuitamente" a Lagos! (y que éste aceptó encantado) para "defender" al Estado de Chile en su juicio internacional en contra de Víctor Pey, para impedirle a nuestro notable refugiado que llegó en el Winnipeg poder relanzar "Clarín".
Quédese con el hueso, profe!
¡No ha expresado ni la más mínima satisfacción por el fallo, ni por el eventual término del duopolio; y lo que expresa insistentemente es su lamentación por el dinero que "perdería en concreto" la gente con el eventual cumplimiento del fallo!: "La plata es de todos (y con el cumplimiento de la sentencia) la habrá menos para quienes más necesitan viviendas, salud, educación, etc. Es decir, en términos reales , la gran mayoría de los chilenos será la que pague el pato y los responsables del entuerto quedarán libres de polvo y paja! (...) Esto independientemente de los beneficios que pueda aportar la publicación del periódico, algo imposible de cuantificar hasta que no esté en prensa por un largo tiempo".
Si esa es una forma de expresar alegría, o siquiera satisfacción por el fallo, quiere decir que vivimos en mundos paralelos sin contacto verbal efectivo posible.
Estimado Serafín: De sus cuatro intervenciones se puede deducir una clara molestia suya por la sentencia del CIADI y del tribunal español que repararía una gigantesca injusticia histórica del Estado chileno, efectuada por la dictadura y consolidada por las dos derechas. Sentencia cuya aplicación permitiría, además, TERMINAR CON EL DUOPOLIO EL MERCURIO-COPESA. ¿Qué le puedo decir? Que en esta materia usted, en definitiva, está de acuerdo con las dos derechas y preferiría que dicha sentencia no se hubiese producido; con lo cual se impediría la única posibilidad realista de terminar con el duopolio provocado solapadamente por los gobiernos de la Concertación y de Piñera. Increíble...
En absoluto! Ud. me tergiversa, profesor! O es que Ud. sólo sabe escribir y no leer? Mi bronca es claramente con quiénes provocaron está enorme deuda que todos los chilenos tendremos que pagar. Es lo que he dicho claramente y está en todas mis palabras. Honestamente no entiendo por qué Ud, no reconoce esta cuestión tan básica! En fin! Problema suyo! Es una pérdia de tiempo tratar de razonar con Ud.
Sí; pero en este caso ¡estarían aportando mucho más los más ricos -vía impuestos- para disponer de un gran medio de comunicación que estará contra sus privilegios y por los intereses populares! ¡Es de celebrar por todos lados!
Una vez en las arcas fiscales, la plata es de todos y la habrá menos para quienes más necesitan viviendas, salud, educación, etc. Es decir, en términos reales, la gran mayoría de los chilenos será la que pague el pato y los responsables del entuerto quedarán libres de polvo y paja! Realmente ese darle vuelta a la culebra suyo, resulta incomprensible, Profe! Esto, independientemente de los beneficios que pueda aportar la publicación del periódico,algo imposible de cuantificar hasta que no esté en presa por un lago tiempo.
Exactamente, Profe! La plata para pagar esta obligación internacional va a salir del bolsillo de todas las y los chilenos y todos los desgraciados responsables de esta deuda, claramente identificados en su comentario de más arriba, con nombres y apellidos, van a pasar piola! Esto es a lo que quería llegar y que hay que destacar y denunciar! Los sinvergüenzas le tuercen la nariz a la ley y el pueblo paga!
Y en ningún caso se puede justificar una negativa con un: ¡no tengo plata!...
¡No soy Ministro de Hacienda!; pero es obvio que las obligaciones internacionales de un Estado deben cargarse a los presupuestos y, en caso de indemnizaciones y reparaciones judiciales, pueden acordarse pagos parcelados.
¡No! La gran pregunta es si el gobierno de Boric va a estar dispuesto a:
1.- Cumplir con una obligación moral y material del Estado chileno que ha sido violada por décadas por los gobiernos de las dos derechas;
2.- Desligarse de la subordinación que por décadas ha tenido el liderazgo concertacionista-nuevomayoritario hacia la derecha tradicional en general, y hacia el duopolio en particular; y
3.- Efectuar una investigación histórica acuciosa -ahora que enfrentamos una sentencia de un tribunal español- de lo obrado por el Estado chileno
en el caso Clarín desde los 90, para determinar si cabe o no cuestionar dicho fallo; y establecer aunque sea la verdad, ya que ciertamente los delitos que se hubieron cometido ya deben estar prescritos.
Respecto del dinero que irrogue, lo primero que deberíamos saber es cuánto dinero le ha significado al duopolio los enormes gastos en avisaje estatal -discriminando arbitrariamente a los otros medios de comunicación- concedidos desde 1990 al duopolio. Y, ¡por favor!, ¿preferiríamos incumplir un deber del Estado, por cuantioso que sea, beneficiando con ello, además, la continuación indefinida del duopolio? ¡Dios mío! Sería de no creerlo...
No estoy sugiriendo incumplir nada, Profe! Sólo he planteando una legítima pregunta que Ud. evade.
La gran pregunta es de dónde va a salir la plata para pagar si no es del bolsillo de todas las y los chilenos!