La educación pública es una atención preferente del Gobierno

La Constitución Política de la República de Chile del año 1833, redactada y aprobada sólo quince años después de que el país hubiera obtenido su independencia de la corona española en el campo de batalla en Maipú, hace una referencia explícita a la educación en su Artículo N°153: “La educación pública es una atención preferente del Gobierno” y el N°154, definió que “Habrá una superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional, y su dirección bajo la autoridad del Gobierno”.

En 1842 se promulgó la ley que crea Universidad de Chile, la que estableció que la Facultad de Filosofía y Humanidades estaría a cargo de la dirección de las escuelas primarias fiscales, en 1860 se dictó la ley de Instrucción Primaria, que debía ser impartida de manera gratuita, en 1879 se dictó la ley de Instrucción Secundaria y Superior, en 1920 se dictó la ley de Instrucción Primaria Obligatoria, en 1927 se creó definitivamente el Ministerio de Educación Pública, en 1964 se creó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en 1967 nació el Centro de Perfeccionamiento de Magisterio y en 1970 se creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Desde la independencia hasta 1973, la educación pública fue determinante en la formación de niñas, niños y jóvenes. La educación pública fue una instancia de formación y progreso para miles de estudiantes que recibieron una educación de calidad.

Desde el siglo pasado, la mayoría de los presidentes de la República son hijos e hijas de la educación pública: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Carlos Ibáñez, Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Salvador Allende. Desde el regreso a la democracia en 1990, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Michel Bachelet.

A partir de 1974 la educación pública tomó otro rumbo. Ese año se decretó la disolución de todas las escuelas normales. En 1980 se estableció la municipalización de la enseñanza y la Constitución de 1980 establece las bases de lo que sería la segregación de la educación por capacidad económica de las familias bajo la falsa premisa de la libertad de enseñanza,  y el 10 de marzo de 1990 se publicó en el Diario Oficial la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).

Al regreso de la democracia se retoma la tradición de que la educación pública es una atención preferente del Gobierno extendiendo la educación obligatoria y gratuita hasta cuarto medio, (2003) así como el kínder (2013), en 2009 se dictó la ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en 2015 se dicta la ley de Inclusión Escolar que, entre cosas, pone fin al lucro en la educación, el 2016 se logra la gratuidad en la educación superior y en 2017 se creó el Nuevo Sistema de Educación Pública.

Hoy nuevamente aparecen aquellos que, desde sus posiciones de privilegio les parece que la propuesta Constitucional es exagerada y atenta contra la libertad de educación al establecer la educación como un derecho y que ésta sea de carácter laico y gratuito, y que el Estado la financie con aportes basales “de forma permanente, directa, pertinente y suficiente”.

En Fundación Semilla coincidimos en que la educación es la mayor y mejor política pública para nivelar la cancha y acercarse a una sociedad de igualdad de oportunidades. Hacerlo con compromiso y responsabilidad para elevar el estándar, sin olvidar nunca que la educación pública es una atención preferente del Gobierno.

Por Marcelo Trivelli