Permitir un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación y terminar con situaciones de abuso e indefensión de deudores educacionales. Ese el objetivo del proyecto que analizó y aprobó la Comisión de Educación de la Cámara.
La iniciativa, proveniente del Senado, busca interpretar la Ley sobre protección de derechos de los consumidores. Esto, con el fin de permitir su aplicación a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.
Junto a aquello, modifica las normas que regulan los créditos universitarios (leyes 19.287 y 20.027). En este caso, el objetivo es terminar con condiciones que permiten situaciones de indefensión de las y los estudiantes.
Finalmente, el proyecto interpreta la llamada Ley de Quiebras para establecer que las deudas adquiridas por educación superior puedan sujetarse a sus procedimientos.
Durante su tramitación en la Comisión de Educación, el diputado y presidente de la instancia, Juan Santana (PS), presentó una indicación a la propuesta. En esta se recogía el sentido del proyecto de su autoría (boletín 14942), que permite la suspensión temporal del pago por enfermedades de alto costo.
La modificación, aprobada en la instancia, considera que el afectado sea la o el deudor, su cónyuge o conviviente civil o de un familiar en primer grado de consanguinidad. También considera “cualquier otra causal”, mientras sean “debidamente calificadas”.
En la sesión participó la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, quien valoró el respaldo a la iniciativa en discusión. En su intervención, señaló que el proyecto avanza en el compromiso del Gobierno de condonar las deudas educativas y proponer un nuevo sistema de financiamiento.
Aseguró que la propuesta del Senado, respaldada por las y los diputados de la comisión, avanza en la protección de las y los deudores universitarios.
El proyecto lo informará en la Sala de la Cámara la diputada Sara Concha (PCC).
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