Colombia: ¿lograrás salir de tus arenas movedizas?

Al final del mes pasado se presentó el informe de la Comisión de Verdad y Justicia de Colombia. Este último materializa el compromiso de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz, la clave para establecer las bases de la reconciliación y la construcción de una verdadera paz en Colombia. Estas bases ahora necesitan su implementación dentro de las arenas movedizas en la que sobrevive el pueblo del patio trasero más explotado de Estados Unidos.

 

“Pronto entenderemos que somos una familia grande con tíos, primas, abuelos y hermanas muy diferentes a nosotros, pero que todos podemos sentarnos a comer un domingo, al final de una larga semana en la que se creó un nuevo mundo, hubo tormenta, crisis, llanto y guerra, pero al final se podrá brindar a la paz y a la esperanza de lo que se viene. Ya comenzó el cambio[1]”, nos contaba, lleno de emoción, Felipe Román Lozano, joven colombiano, después de los resultados de las elecciones presidenciales colombianas.

Y Felipe Román Lozano es lejos de ser el único colombiano a entusiasmarse por los últimos cambios advenidos en su País, que van de paso con la publicación del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

Talvez que el entusiasmo de Felipe no toma en cuenta que, aunque el cambio ha empezado, ahora viene lo más difícil.

Ahora hay que hacerlo realidad.

Ahora hay que enfrentar la parte más dura del camino.

Ahora empieza, para la sociedad y las autoridades del Estado, la tarea de difundir y desarrollar las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad, para lograr la plena implementación del Acuerdo de Paz y para erradicar la violencia de los territorios: un largo camino en la selva oscura de una realidad social que pertenece a un sistema económico que poco tiene a ver con los acuerdos de paz.

Los crecientes niveles de violencia perpetrados por grupos armados no estatales y organizaciones criminales en áreas rurales de Colombia siguen teniendo un impacto devastador, particularmente en mujeres y niños, pueblos indígenas, afrodescendientes, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos.

Y no es solo la ONU que lo dice en un informe publicado en estos días. Son las madres, los padres, las hermanas y los hermanos de las víctimas, que siguen pidiendo justicia, una justicia que sigue pareciendo imposible y utópica aunque el informe ya está publicado.

El Gobierno entrante, que asumirá el mes próximo, tendrá que priorizar la lucha contra esta violencia. Y esa tarea está lejos de ser evidente y simple.

El Gobierno entrante tendrá que responder rápido a las familias de las víctimas.

El Gobierno entrante tendrá que resolver rápido sus promesas.

No tiene mucho tiempo. Porque el pueblo colombiano ha sido reprimido desde casi 500 años, y ya no puede esperar más tiempo.

Y una de las preguntas que nos hacemos junto al penalista y defensor de Derechos Humanos Juan Trujillo Cabrera, de la Fundación Puniendi, es cómo el gobierno logrará mantener sus promesas.

El artículo 4 del Decreto 588 de 2017, establece que la Comisión de la Verdad, es un mecanismo extrajudicial, por tanto, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional.

La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela.

La firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 vio una caída en la violencia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), los asesinatos se redujeron de 12.665 en 2012 a 1.238 en 2016. Pero en los últimos dos años, grupos armados no estatales y organizaciones criminales, muchas veces involucradas en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han ampliado su presencia en varias regiones de Colombia.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido coaccionados para participar en actividades ilícitas y abandonar sus formas de vida tradicionales, como la pesca y la caza.

Este es el caso del pueblo indígena Nasa en el departamento del Cauca, quienes han sido durante mucho tiempo objeto de amenazas y ataques.

Solamente en los primeros meses de este año, cuatro líderes Nasa fueron asesinados. La violencia, el narcotráfico y las industrias extractivas amenazan su forma de vida y, más en general, su supervivencia.

El sistema capitalista en que vivimos no facilita tampoco el actuar de un político de izquierda.

En un mundo donde hay capacidad de darle a cada habitante un celular smartphone pero más de un tercio no los tiene;

donde hay capacidad de construir viviendas decentes para todos los habitantes pero cada vez más aumentan los sin casas;

donde hay posibilidad de incorporar a un sistema de salud a todo el mundo siendo en muchos países un lujo su alcance;

donde hay capacidad para dar educación y en general satisfacer todas las necesidades incluso culturales, artísticas, recreación y entretenimiento… pero el sistema capitalista lo impide porque de otra forma muere como sistema.

Las necesidades de la población son fuente de riquezas para el lucro de una minoría.

¿Cómo actuar de forma justa en un mundo que tiene un sistema tan desigual?

¿Tu esperanza tendrá la razón, Felipe Román Lozano, a pesar de seguir viviendo en un sistema social que hace que cada día más hombres caen en la pobreza extrema?

¿Podremos realmente sentarnos, algún día, todos juntos, los más ricos y los más pobres, y comer uno al lado de otro en la misma mesa?

Espero que tengas la razón, Felipe Román.

 

 

Elena Rusca

 

[1] https://www.elclarin.cl/2022/07/02/colombia-la-musica-de-la-esperanza/