El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde su discurso de posesión del 7 agosto, ha dejado claro su empeño en la transformación de la política contra las drogas ilícitas. En las dos semanas que lleva gobernando ha enfatizado en dejar de criminalizar a los eslabones más vulnerables de la cadena, los cultivadores de coca, y enfocar los esfuerzos en cerrarle el paso a las organizaciones criminales en las etapas más rentables del negocio. Sin embargo, esas voluntades no se harán sin la supervisión de Estados Unidos: todavía los gringos no dejarán su patio trasero preferido.
«Para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar, dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, por ejemplo, vista como una guerra por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas”, declaró Gustavo Petro, el neo-presidente colombiano, durante su discurso de posesión del 7 de agosto de este año. “Es hora de una nueva Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que, ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. ¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año? O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz”.
“En este país, el que no tiene untado el bolsillo con el narcotráfico, tiene untada la nariz”, decía Jaime Garzon, abogado, periodista y humorista colombiano Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999.
Por eso que las palabras de Petro suenan muy fuertes en Colombia. No se trata solo de un cambio de política, se trata de un verdadero desafío, en un País que sufre el narcotráfico desde los años 1960 con la marihuana, y los años 1970 con la cocaína.
Un cambio tan relevante por aparecer en el discurso de Michelle Bachelet, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta el 30 de agosto de 2022, durante su conferencia de prensa de cierre de mandato.
“En muchos casos, la promoción sostenida de cuestiones clave de derechos humanos, basada en normas y leyes internacionales de derechos humanos, da sus frutos. En Colombia este mes, el gobierno entrante ha prometido un cambio en su enfoque sobre la política de drogas: de un enfoque punitivo a uno más social y enfoque de salud pública. Al abordar una de las causas profundas de la violencia en Colombia, este enfoque podría ser fundamental para proteger los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y de las personas que consumen drogas, tanto en Colombia como a nivel mundial”, declaró la Alta Comisionada. “Mi oficina ha estado abogando, a nivel mundial, por un enfoque basado en los derechos humanos en la política de drogas, y está listo para ayudar. Siempre, de hecho, he buscado, incluso en los temas más desafiantes, alentar el diálogo, abre la puerta para más intercambios. Esto significa escuchar además de hablar, manteniendo nuestros ojos y oídos al contexto, identificando puntos de entrada y obstáculos, y tratando de generar confianza de manera incremental, incluso cuando parece poco probable”.
Una alianza que no se puede romper…
Todavía no sabemos si la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acompañará Colombia en su nueva política de drogas. Lo que es cierto es que Estados Unidos no dejará a su patio trasero preferido.
Tras la reunión de Estados Unidos este 23 de agosto con el gobierno colombiano, el director de la oficina de política nacional de control de drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, precisó que “la administración Biden está en una nueva era sobre la política de drogas que es holística, basada en ciencias compasivas y centrada en las personas”. Dijo que Estados Unidos seguirá siendo aliado de Colombia y que “las discusiones simbolizan la importancia de una responsabilidad compartida. Es el motivo por el cual el presidente Biden está tomando acciones fuertes para reducir el consumo de drogas”.
Actualmente, Estados Unidos es el mayor socio comercial y de inversiones de Colombia, con importantes inversiones en los sectores de minería y manufactura. 500 son las empresas estadounidense instaladas oficialmente en el país latinoamericano. 7, oficialmente, son las bases militares estadounidense. Una alianza que va más allá de la lucha en contra de las drogas: la política, la economía y el sistema de defensa colombiano dependen de su vecino norteamericano.
Más que una alianza, la entre Estados Unidos y Colombia parece una servidumbre. Y la independencia que el país latinoamericano pudiera obtener de Estados Unidos, un camino muy largo.
“Todavía le hacemos la venía a los que manejan el poder, sin asumir que el Estado es nuestro”, no decía, por casualidad, Jaime Garzón.
Elena Rusca, Ginebra, 29.08.2022
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