Cada 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, con el fin de concientizar acerca de la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los Estados, catalogada como crimen de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).
En Chile, durante la dictadura militar entre 1973 y 1990, 1.193 personas fueron víctimas de desaparición forzada, producto de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. De ellas, sólo 303 personas han sido identificadas, según información del SML, quien constató su identidad a través de pruebas de ADN.
Sin embargo, la desaparición forzada no término con los regímenes militares. Tras el retorno a la democracia, también han existido victimas de este crimen de lesa humanidad. A nivel latinoamericano es posible nombrar algunos casos, tal como es de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, desaparecidos en 2014.
Chile también tiene una lista de desaparecidos en democracia, José Huenante, joven mapuche desaparecido en democracia en Chile, en el año 2005; o José Vergara, quien desapareció en Alto Hospicio tras ser detenido por Carabineros, y abandonado es un sitio eriazo, son algunos de los nombres que encabezan aquella lista.
Hasta el día de hoy, las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos continúan en la búsqueda de justicia y verdad sobre el destino de sus seres queridos.
La ministra de las Culturas, Julieta Brodsky reafirmó su compromiso con la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición de hechos de violencia ocurridos en nuestro país.
«Las artes y las culturas son fundamentales para sostener viva la memoria, recordar y visibilizar la historia colectiva y desde ahí enfatizar el respeto, la promoción y defensa de los Derechos Humanos», enfatizó en su cuenta de Twitter.
Actualmente, la Comisión de Constitución analiza el proyecto que tipifica la desaparición forzada de personas como un delito. Para ello, debe modificarse el Código Penal.
Haydee Oberreuter, Subsecretaria de Derechos Humanos, expuso ante la Comisión de Constitución relevando la importancia de este proyecto que tiene un reconocimiento transversal. De igual manera, expuso el representante del Instituto de Derechos Humanos, en esa línea coincidieron en que se trata de un proyecto necesario para establecer un estado democrático y de derecho y se encuentra en armonía con los diversos tratados internacionales.
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