El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dio a conocer su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2022, un documento que en sus 20 ediciones ha evaluado diferentes áreas de la sociedad chilena bajo los estándares internacionales en la materia.
Entre los mayores desafíos de violencia que aborda el informe se encuentran la situación en los territorios mapuche, la crisis migratoria y las causas judiciales asociadas al estallido social a tres años de su irrupción. También detecta carencias en seguridad social y salud mental, así como avances en educación y participación política, a medida que se establecen bases para un nuevo proceso constituyente.
Judith Schönsteiner, editora general del informe de este año, se refirió a la necesidad de «abordar las problematicas actuales con un enfoque de derechos humanos, para poder profundizar su protección y garantía».
«Tenemos desafíos muy relevantes en derechos sociales; la no discriminación en el acceso a derechos como pensiones, salud o educación y ciertamente en seguridad ciudadana, en un contexto de distintas violencias que se han vuelto más complejas», explicó.
El informe aborda las consecuencias de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019 en Chile. El capítulo “Mirando sobre la Muralla China: la respuesta del sistema de justicia en la persecución penal de casos del estallido social” reporta que, de más de 8.500 denuncias contra agentes del Estado, apenas 75 se han formalizado.
Respecto a los resultados del estudio, Cristóbal Carmona, académico de la Facultad de Derecho de la UDP y uno de los autores del estudio señala que “el Estado está obligado a adoptar medidas con el fin de resguardar el orden y la seguridad pública, ya sea mediante la prevención del delito, el uso de la fuerza, la persecución penal y, eventualmente, también la declaración de estados de excepción constitucional”.
El grupo parlamentario votará este proyecto hoy hasta total despacho.
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Estudios al respecto, hay a manadas y a borbotones....falta que el Estado se tome en serio para resolverlos, pero, siendo juez y parte, fiscal y defensor, el sistema se pisa la cola. Quien le pone el cascabel al gato? Quien es el Estado?