La mega industria salmonera con base en Chile constituye un enclave colonial exportador. Son 30 años de ocupación y destrucción de las áreas protegidas y los territorios ancestrales Mapuche, Kawesqar y Yagán.
En la actualidad 32 empresas de grupos empresariales y conglomerados familiares chilenos junto a transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, gozan de 416 concesiones industriales al interior de los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia. Las opacas y corruptas administraciones de los gobiernos han permitido que existan 19 concesiones en el Parque Nacional Alberto De Agostini, 4 en el Parque Nacional Laguna San Rafael, y cuatro en Parque Nacional Magdalena. A su vez, operan industrialmente 317 concesiones en la Reserva Forestal Las Guaitecas; 67 en la Reserva Nacional Kawésqar; 8 en el Área Marina costera protegida Pitipalena-Añihue, y 5 en el Fiordo Comau.
Tres décadas de políticas neoliberales han permitido que las producciones de salmónidos de cultivo, que son especies carnívoras exóticas, introducidas desde el hemisferio norte a las aguas del sur de Chile, hayan aumentado en un 3 600% entre 1990 y 2017. La producción salmonera en la Patagonia chilena ya alcanzaba en 2022 1 millón de toneladas anuales, un volumen destinado en un 90% a la exportación, valorado en 6. 600 millones de dólares o 6,6 billones de dólares anuales.
Lucro salmonero y daño ambiental y territorial
Las 1.370 concesiones salmoneras entregadas en forma gratuita y débilmente fiscalizadas por el Estado, han hecho posibles estas billonarias ganancias de la megaindustria salmonera. Sus costos de producción son transferidos a la Naturaleza, y los tienen que pagar la salud pública, vulnerándose los derechos de los trabajadores y de las comunidades de pueblos originarios. La fase sucia productiva se realiza utilizando territorios costeros, y ecosistemas vulnerables situados en las áreas protegidas y parques nacionales. Luego de crear áreas de “sacrificio ambiental” generando una situación de ecocidio, especialmente en fiordos y canales interiores, exportan sus billonarias producciones de alimento contaminado, cargado de residuos de antibióticos y sustancias tóxicas pero son toneladas certificadas como “amigables con el medio ambiente y socialmente responsables” .
Lo anterior se une a la carga de explotación y abusos sobre sus propios trabajadores. En ese desconocido marco, destacamos que 74 trabajadores y trabajadores han muerto en plantas procesadoras de salmón, centros de cultivo y transporte marítimo y terrestre entre el 2013-2022 como resultado de extensas jornadas laborales y las precarias condiciones de seguridad laboral.
La ofensiva de las patronales salmoneras previa a la votación el 29 y 30 de mayo del proyecto de ley que crea el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas (SBAP), incluye una agresiva campaña de desinformación pública, amenazas sobre el parlamento, y acciones de amedrentamiento a defensores ambientales, de derechos humanos y pueblos originarios. Así ocultan sus verdaderos intereses las grandes empresas transnacionales y grupos empresariales de Chiles, que sólo buscan perpetuar este modelo productivista y extractivista de explotación de la Naturaleza, poniendo en peligro permanente la vida y biodiversidad en nuestros territorios. Con la complicidad de los medios, se aplican a generar tensión y confusión en la opinión pública, trabajadores, organizaciones socioambientales y comunidades de pueblos originarios respecto del proyecto de ley.
La respuesta de comunidades y organizaciones
La lucha del movimiento socio-ambiental continuará hasta lograr la total salida de las concesiones salmoneras industriales de las áreas protegidas y de los ecosistemas vulnerables, tales como ríos, lagos y fiordos, para asegurar el buen vivir de las familias, sus economías territoriales y las futuras generaciones, en el marco del respeto a los derechos de la naturaleza.
Apoyaremos las acciones de boicot al consumo de salmón químico industrial a nivel nacional e internacional, apuntando a que el gobierno establezca una moratoria al destructivo proceso de expansión territorial y productivo de esta industria en el territorio Mapuche, Kawesqar y Yagán en la Patagonia.
Por Movimiento por el Agua y los Territorios y Centro Océanos
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