La crisis de la salud en Chile no es solo una consecuencia de la pandemia, sino el resultado de décadas de neoliberalismo que han mercantilizado el derecho a la salud y han profundizado las desigualdades entre quienes pueden pagar por una atención de calidad y quienes deben soportar las deficiencias del sistema público. El gobierno de Gabriel Boric, que llegó al poder con un amplio apoyo popular y con la promesa de impulsar un Sistema Universal de Salud, se ha encontrado con la férrea resistencia de la derecha y el Partido Republicano, que defienden los intereses de las isapres, las aseguradoras privadas que han abusado de sus afiliados por años.
La muerte de dos guaguas por virus sincicial la semana pasada ha sido una oportunidad para la derecha y el Partido Republicano para lanzarse como un feroz animal de caza contra las autoridades del ministerio de Salud, en este momento el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, y, como presa mayor, la ministra Ximena Aguilera. El artificial escándalo, que lleva a la derecha a nuevas cotas de cinismo, no tiene otro objetivo de exhibir a la malograda salud pública justo en momentos cuando el escándalo de las isapres, que sí es real, está en su punto más alto. La maquinaria, cuyos insumos son una vociferante derecha, el capital de las isapres más los medios de comunicación serviles, trabaja nuevamente a tiempo completo.
Las isapres son el pilar del sistema de salud privado en Chile, creado en 1981 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Estas empresas captan las cotizaciones obligatorias de salud (7% del sueldo) de sus afiliados y les ofrecen planes de salud con distintas coberturas y precios, según el perfil de riesgo de cada persona. Así, las isapres aplican un modelo de discriminación que afecta directamente a mujeres en edad fértil, a ancianos y a enfermos crónicos o catastróficos, entre otros, a quienes les cobran más o les niegan la atención.
Las isapres han sido objeto de miles de reclamos y recursos judiciales por parte de sus usuarios, quienes han intentado impedir el alza del precio de sus planes o exigir el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, las isapres han contado con el respaldo político y económico de la derecha, la exconcertación y el empresariado, que ven en ellas un negocio rentable y una forma de mantener el statu quo neoliberal.
La derecha y las isapres han hecho causa común para oponerse al fallo de la Corte Suprema que les ordena devolver unos 1.400 millones de dólares por cobros excesivos a sus usuarios . Este fallo, que es un acto de justicia para millones de personas que han sido víctimas de discriminación y sobreprecio por parte de estas empresas, ha sido presentado por la derecha y sus medios afines como una amenaza al sistema de salud privado, que según ellos podría colapsar y provocar una crisis sanitaria sin precedentes.
Esta es una mentira más de las muchas que han difundido para defender sus privilegios y frenar los cambios que Chile necesita. La verdad es que las isapres tienen suficientes recursos para cumplir con el fallo y seguir operando, pero no quieren hacerlo porque eso afectaría sus millonarias ganancias. La verdad es que el sistema de salud privado no es más eficiente ni mejor que el público, sino más caro y excluyente. La verdad es que el gobierno no quiere acabar con las isapres, sino regularlas y fiscalizarlas para que respeten los derechos de sus usuarios.
Frente a este escenario adverso, el gobierno necesita del apoyo y la movilización de los movimientos sociales y las organizaciones ciudadanas, que fueron los protagonistas del estallido social de octubre de 2019 y del proceso constituyente que dio origen a la nueva Constitución. Solo así podremos enfrentar la ofensiva de la derecha y avanzar hacia un país más justo, solidario y democrático.
El gobierno de Boric ha dado muestras claras de su voluntad política para transformar el sistema de salud chileno y garantizar el derecho a la salud para todos y todas. Entre sus medidas se destaca la implementación del programa Copago Cero del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que permite que 15 millones de chilenos y chilenas se atiendan gratis en la Red Pública de Salud; el royalty minero, que busca aumentar los recursos para financiar la salud y otras áreas sociales; y la reforma a la salud, que busca crear un Sistema Universal de Salud que fortalezca el rol del Estado y regule el mercado. Pero ningún cambio de trascendencia será posible sin una reforma tributaria.
Estas reformas son urgentes e imprescindibles para superar la crisis sanitaria y social que vive el país, pero también se enfrentan a enormes obstáculos y resistencias por parte de los sectores conservadores y neoliberales, que no quieren perder sus privilegios ni su poder. Por eso, es necesario que el pueblo chileno se mantenga movilizado y organizado, para defender el proceso de cambio que se inició con la rebelión de octubre y que se plasmó en la nueva Constitución.
La crisis de la salud en Chile está expresada por la estafa de las isapres. Y es una oportunidad para transformar un sistema que ha fracasado y que ha dejado a millones de chilenos y chilenas en la vulnerabilidad y el abandono. La salud es un derecho humano fundamental.
Por Paul Walder
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
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Ha sido tan mortífero para los más pobres el sistema de salud chileno impuesto por la dictadura y consolidado por la Concertación que en 2017 (¡antes de la pandemia!) el Ministerio de Salud estimaba en cerca de ¡15.000 las personas fallecidas por estar en eternas listas de espera! para ser atendidos en hospitales públicos. Y hace poco en un programa de TV ("Tiempos violentos" de Vía X) el senador de derecha Manuel José Ossandón reconocía que con ocasión de la pandemia dicha cifra había aumentado a cerca de ¡40.000 personas!...