Palacio presidencial y Congreso protegidos ante nuevas protestas por renuncia de Boluarte

El palacio presidencial de Perú y el edificio del Congreso en Lima amanecieron el lunes protegidos por rejas y policías antimotines, en anticipación a una marcha que busca la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los legisladores. Esta protesta marca el reinicio de las manifestaciones de la oposición que agitaron al país a principios de año, dejando un saldo de 67 muertos y 1900 heridos.

La plaza mayor de Lima, ubicada frente al palacio presidencial, también fue aislada y enrejada, generando molestia entre comerciantes, turistas extranjeros y transeúntes que tuvieron que rodearla para acceder a bancos, tiendas de chocolates, cafés y otros sitios históricos.

Según los cálculos de la policía, se espera que la protesta del miércoles cuente con la participación de hasta 4.000 manifestantes, quienes expresarán su descontento con el gobierno y exigirán justicia por los civiles asesinados durante las movilizaciones ocurridas entre diciembre y febrero. Estas protestas surgieron después de que la presidenta Boluarte reemplazara a Pedro Castillo tras su destitución por el Congreso.

Según un estudio de opinión ciudadana realizado por la firma CPI y publicado el lunes, la mandataria cuenta con una impopularidad que supera el 80%, mientras que los legisladores alcanzan el 90% de desaprobación a nivel nacional. Ante la convocatoria de una decena de organizaciones sociales, incluyendo sindicatos y federaciones de estudiantes, Boluarte hizo un llamado a la unidad de los peruanos en una ceremonia a puerta cerrada dentro de un centro de convenciones, citando pasajes bíblicos y enfatizando en el mensaje de «amaros los unos a los otros».

Sin embargo, el ministro del Interior, Vicente Romero, fue más directo en una entrevista televisiva y afirmó que tienen «identificados a todos los dirigentes» de la protesta, y los responsabilizarán si se producen actos de violencia o incendios de entidades públicas y privadas.

La policía anunció que desplegará 8.000 agentes en las calles de la capital para mantener el orden público durante la protesta del miércoles.

Desde la semana pasada, los agentes han estado revisando los documentos de identidad de los pasajeros de autobuses provenientes de los Andes en los puntos de ingreso norte y sur de la capital. Esto se debe a que grupos de manifestantes de diferentes regiones afirmaron estar viajando a Lima para participar en las protestas. Además, el gobierno extendió por 30 días la suspensión de los derechos constitucionales en las vías clave de Perú, incluido el derecho a la libre reunión, con el objetivo de prevenir bloqueos de carreteras.

Omar Coronel, profesor de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú, explicó que la demanda principal durante todo el 2023 ha sido la convocatoria a elecciones generales luego de la salida de Castillo del poder. Según Coronel, la represión violenta contra los manifestantes ha generado una segunda ola de protestas en contra de la violación de los derechos humanos, lo cual ha fortalecido la oposición al gobierno actual.

Las protestas contra Boluarte comenzaron el 7 de diciembre del año pasado, cuando asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra y terminó acusado y en prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

Más de dos meses de manifestaciones, principalmente en los Andes pero también en la capital, dejaron un saldo de 49 civiles muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, además de 11 fallecidos en accidentes de tránsito o bloqueos de carreteras relacionados con las protestas. También se registraron siete uniformados fallecidos.

Organizaciones como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional manifestaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Las autopsias revelaron que 30 de las casi 50 víctimas civiles murieron por disparos de arma de fuego.

El gobierno de Boluarte acusó a principios de año al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de financiar las protestas antigubernamentales, pero hasta el momento no ha presentado pruebas al respecto. La mandataria y varios miembros de su gabinete están siendo investigados por la Fiscalía en relación con las muertes ocurridas durante las manifestaciones.

Ante los pedidos de renuncia por parte de los ciudadanos, la presidenta afirmó en junio que no dimitirá y gobernará hasta el 2026. Aunque se han presentado varias propuestas para adelantar las elecciones, incluyendo algunas del propio oficialismo, estas han sido rechazadas por el Congreso.