El diputado por Antofagasta, José Miguel Castro (RN), quien presidirá la Comisión Investigadora por el Caso Convenios, se enfrenta a desafíos potenciales de legitimidad debido a su vinculación con un trato directo por más de $513 millones de pesos a una sociedad empresarial en la región de Antofagasta. Según publicó el Diario de Antofagasta este miércoles, la asignación de estos recursos públicos a una empresa donde participa su esposa, Vania Korlaet, plantea interrogantes sobre la objetividad de su rol en la comisión y la transparencia de sus acciones.
La Comisión Investigadora, que fue constituida este martes en la Cámara de Diputados, tiene como objetivo analizar el Caso Convenios, centrándose en cuestiones relacionadas con la asignación directa de recursos públicos. El hecho de que José Miguel Castro, parlamentario de Renovación Nacional y representante de la Región de Antofagasta, asuma la presidencia de esta comisión, es un paso importante en la lucha contra la falta de probidad en la gestión de fondos públicos.
Sin embargo, la conexión del diputado con un trato directo de más de $513 millones entre la Seremi de Salud y el Hotel Altos del Sol, propiedad del grupo empresarial Korlaet, suscita preocupaciones. Vania Korlaet, esposa del diputado Castro, es parte de una sociedad que controla una parte del negocio hotelero. Este trato se llevó a cabo durante la pandemia de Covid-19, entre abril y junio de 2020, en un período en el que la industria hotelera experimentó dificultades debido a las restricciones impuestas por la cuarentena.
El informe de la Contraloría reveló que este trato directo no fue sometido a toma de razón, se identificaron habitaciones no utilizadas por un valor de $96.866.000 y se incumplieron protocolos de residencias sanitarias. Esta situación plantea interrogantes sobre la adecuación y transparencia en el uso de los recursos públicos en un momento crítico.
El diputado Castro expresó que su prioridad es presentar antecedentes al Ministerio Público, trabajar en regiones y aportar al cambio en la forma de operar del sistema público para evitar la discrecionalidad en el uso de recursos. La comisión investigadora estará compuesta por varios parlamentarios de diferentes partidos políticos, y se espera que arroje luz sobre las prácticas de asignación de recursos en el ámbito público.
La asignación de recursos públicos a empresas privadas y fundaciones ha estado bajo el escrutinio público en varios casos similares, como Democracia Viva y Procultura. Estos casos han generado preocupaciones sobre la probidad y la transparencia en la gestión de fondos públicos, y es crucial que la Comisión Investigadora arroje luz sobre estas cuestiones y promueva una mayor responsabilidad en la administración de recursos en beneficio de la ciudadanía.
Fuente: Diario de Antofagasta
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