Debate intenso en torno a la Ley de Usurpaciones: Ministra Tohá anuncia veto por «legítima defensa privilegiada»

En medio de un acalorado debate, la aprobación y despacho de la Ley de Usurpaciones por parte del Senado ha generado una serie de reacciones y controversias. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que el Ejecutivo aplicará un veto a la iniciativa debido a ciertos aspectos, especialmente en relación con la figura de la «legítima defensa privilegiada». Esta medida ha desatado diversas interpretaciones y opiniones por parte de políticos y expertos.

La ministra Tohá expresó su preocupación por ciertos elementos de la ley que considera conflictivos y éticamente cuestionables. Entre ellos, destacó la «legítima defensa privilegiada» permanente, que permitiría a personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio usurpado defenderlo utilizando incluso la fuerza armada y la planificación a largo plazo. Este aspecto ha sido duramente criticado por el Ejecutivo, que lo considera un paso hacia la autotutela y la justicia por mano propia.

En su declaración, la ministra Tohá explicó: «El Ejecutivo estaba de acuerdo con esta ley, pero no con esta aberración que se le puso en el camino». Además, resaltó la necesidad de vetar otro aspecto de la ley que equipara las penas para la usurpación con violencia o intimidación a las penas para usurpaciones menos violentas. Esto, según la ministra, no concuerda con la lógica de justicia y debe ser revisado.

El proyecto de ley, impulsado por el senador Felipe Kast y apoyado por otros parlamentarios, ha generado debate en relación con su impacto en la propiedad privada y la seguridad de las personas. El punto central de la discusión radica en encontrar un equilibrio entre el derecho a la propiedad y la prevención de la justicia por mano propia.

La aprobación de la ley en el Senado, con 24 votos a favor y 17 en contra, evidencia la polarización en torno a esta iniciativa. Varios senadores han manifestado opiniones diversas sobre cómo se aplicará y qué implicaciones tendrá en la práctica.

Uno de los puntos de confusión es si la «legítima defensa privilegiada» permitirá a personas armadas recuperar sus propiedades usurpadas, incluso con el uso de la fuerza. Diferentes interpretaciones se han presentado, y algunos senadores sostienen que la norma está mal redactada y podría dar lugar a situaciones de conflicto.

Mientras algunos senadores, como Rojo Edwards, defienden la ley como una herramienta efectiva para combatir las usurpaciones y permitir que la policía actúe de manera inmediata, otros, como Matías Walker, destacan la importancia de establecer claridad en la normativa para evitar malentendidos y conflictos innecesarios.

En este contexto, el Ejecutivo cuenta con 30 días para aplicar medidas relacionadas con el veto. La figura del veto aditivo, sustitutivo o supresivo permite al Presidente agregar, reemplazar o eliminar partes del proyecto de ley. Sin embargo, este proceso es complicado, ya que debe mantener el equilibrio entre abordar los problemas identificados y preservar los aspectos positivos de la ley.

En última instancia, el debate sobre la Ley de Usurpaciones refleja la complejidad de abordar cuestiones de propiedad, seguridad y justicia en la sociedad actual. Las interpretaciones divergentes y los argumentos apasionados señalan la necesidad de un análisis profundo y un compromiso con soluciones que respeten los derechos individuales y colectivos.