Al cumplir un año de la toma de posesión del poder por parte de Gustavo Petro, la derecha ha recurrido a instancias, entre ellas el Poder Judicial, liderado por el Fiscal General, Francisco Bermúdez, quien profesa un odio manifiesto al Presidente y su gobierno. Por otro lado la prensa, encabezada por la Revista Semana, con su directora Vicky Dávila, quien tampoco disimula su animadversión y su escarnio hacia el gobernante, lanzando calumnias y mentiras que podrían desestabilizar el gobierno.
Para sellar este ramillete de ataques, la eterna candidata a la presidencia de la república, Ingrid Betancourt, ha aportado lo suyo al acusar a Petro poco menos de ser drogadicto, recordando la vieja anécdota cuando lo visitó, en Bruselas, y lo encontró tumbado, hace muchos años, en su pequeño departamento, dejando en tela de juicio la acusación de alcoholismo o, bien, su adicción a las drogas.
La derecha mediática, por su parte, ha desarrollado una campaña con el objetivo de presionar para que el Presidente sea examinado por médicos a fin de que lo declaren interdicto para dirigir el país.
Para rematar, el Fiscal General ordenó apresar a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Nicolás Petro, ante esta situación mostró buena disposición a colaborar con la justicia. A su vez, su ex esposa, Day Vásquez, también denunció a su marido y a su suegro, acusándolos de haberse relacionado con famosos narcotraficantes, (Samuel Santander y el hijo del “turco”, Isaza), sosteniendo que una parte del dinero mal habido había sido utilizado en la campaña presidencial.
Por otro lado, el escándalo explotó con las acusaciones del embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, quien amenazó a Laura Saravia, (joven y brillante jefa de gabinete del gobierno de Petro), con dar a conocer la recepción de más de 15 mil millones de pesos colombianos, aportados por narcotraficantes del Departamento de Atlántico.
La derecha ha inventado una amenaza de muerte a un trío de enemigos declarados de Petro, (Fiscal Barbosa, la senadora Cabal y el ex oficial del ejército, Eduardo Zapateiro), y según ellos, el asesinato lo llevaría a cabo un batallón del ELN.
La derecha está decidida a derrocar el gobierno a Petro, tomando el camino de la acusación ante la Comisión de la Cámara de Representantes, procedimiento que sería muy largo y, lo más posible sería su demora considerable antes de llegar al Senado.
En la historia de América el único caso de derrocamiento bajo la acusación de indignidad, fue el del Presidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram.
La derecha ha aprovechado la situación para establecer una estratagema para comparar a Gustavo Petro con “el caso 8.000”, que implicó al Presidente Ernesto Samper Pizano, acusación que no prosperó, pues no se pudo probar la responsabilidad del Primer Mandatario. En el caso de Samper Pizano, la acusación paralizó al gobierno, impidiendo la aplicación de las reformas propuestas durante su campaña.
La oposición colombiana está usando las armas mediáticas y jurídicas para paralizar las reformas estructurales, tan fundamentales en su programa de gobierno: la Agraria, la Previsional, la de Salud, de Educación y de la Paz Total.
La situación entre el Prensa y la Justicia han puesto al Presidente Petro en una encrucijada: es difícil que no se preocupe por las acusaciones en contra de su hijo, (se encuentra confinado en Barranquilla, y el propio Presidente tuvo que romper el cerco para visitar a su hijo). Entrevistado por la Prensa, el Presidente declaró que él no había criado a su hijo, (comprensible, pues estaba en la clandestinidad).
La derecha uribista no se va a detener para hacer la vida imposible al Presidente, pues no puede aceptar un gobierno progresista en Colombia.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
29/08/2023
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
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