Un fenómeno destacable que viene ocurriendo en nuestra nación es el paulatino aumento de la xenofobia hacia las comunidades extranjeras, particularmente las de origen venezolano y colombiano. Mi hipótesis postula que la afluencia del crimen organizado de estos países ha acelerado la percepción local negativa de estas comunidades, al no diferenciar entre personas que han venido a trabajar y contribuir a nuestro país y aquellos que han explotado la ruta migratoria para actividades ilícitas. Lamentablemente, en Santiago y otras ciudades de Chile (Antofagasta, Iquique, Santiago, etcétera) se han producido delitos sociales de alto impacto que involucran a ciudadanos extranjeros. Estos crímenes no sólo infunden conmoción y miedo, sino que también provocan un profundo rechazo entre la población en general, que en última instancia asocia la criminalidad y las malas prácticas con los extranjeros, aumentando así la xenofobia. Es evidente que la mayoría de los delitos cometidos en nuestra nación son cometidos por chilenos y la mayor parte de la población penitenciaria está compuesta por personas de nacionalidad chilena. Sin embargo, paulatinamente las estadísticas indican un aumento de la población extranjera dentro de los establecimientos penitenciarios, como se observa en la región de Tarapacá. [1] En vista de esto, es fácil disponer de medidas punitivas, pero es imperativo dilucidar los factores subyacentes que han llevado a esta situación carcelaria.
En relación con lo anterior, hubo otro aspecto preocupante. El 8 de septiembre de 2023, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que existe “información plausible” de amenazas a jueces y fiscales por parte de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Esto es grave e insólito, ya que esta organización se instaló en Chile con facilidad, sin ningún tipo de resguardo anticipatorio para evitar la comisión de delitos en nuestro país. Llama la atención que la inteligencia nacional (ANI) no haya advertido o anticipado este ingreso, especialmente durante el período de la llamada “crisis migratoria” a finales de 2020 e inicios de 2021 en el norte, cuando no hubo respuesta estatal ante la llegada masiva de migrantes irregulares. Recién ahora, con el gobierno del presidente Gabriel Boric, se ha implementado un empadronamiento biométrico para identificar y regularizar a los migrantes[2], pero antes no se hizo nada al respecto. Los efectos de este ingreso siguen teniendo consecuencias hasta el día de hoy: algunas ciudades del norte comenzaron a recibir migrantes sin contar con las condiciones materiales adecuadas, y actualmente existen numerosos asentamientos irregulares (campamentos) en zonas como Alto Hospicio en Iquique y La Chimba y sus alrededores en Antofagasta. Además, hubo problemas con las numerosas “carpas” en el bandejón central en Alameda en Santiago, lo que llevó a las autoridades municipales a desalojar y reubicar a los migrantes en otros lugares. En medio de todo esto, el expresidente Sebastián Piñera fue irresponsable al no asegurar al menos un espacio seguro para los miles de inmigrantes venezolanos que llegaron a Chile debido a la hiperinflación y la crisis política generada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de la aprobación de la Visa de Responsabilidad Democrática. La decisión del expresidente Piñera de entrometerse en los asuntos internos de otro país (en este caso Venezuela), como ha sido criticada por actores políticos tan diversos como el alcalde de Recoleta Daniel Jadue[3], tuvo consecuencias para nuestro país, especialmente en términos económicos y sociales. No hubo un plan gubernamental para recibir a los venezolanos de clase media empobrecida y mejorar su situación económica, ni mucho menos una política de integración por parte del gobierno actual. Lo que existe en Chile es un sistema de asimilación de facto, que ha sido una característica histórica. Con relación a estos temas, no ha habido un debate serio a nivel político nacional, sino más bien se permitió que la migración fluyera espontáneamente sin ninguna regulación, lo cual resultó problemático para algunas ciudades que no estaban preparadas en términos de infraestructura, como Antofagasta, Iquique o algunas comunas de Santiago, como Estación Central y Santiago Centro, donde claramente ha habido un aumento explosivo de la población.
La política asimilacionista plantea que se acepta al migrante siempre y cuando “se convierta en chileno” o se “chileniza”. Si no lo hace, es rechazado de inmediato. Sin embargo, resulta interesante la siguiente paradoja: la legislación chilena permite que todos los extranjeros residentes tengan la posibilidad de votar después de 5 años. Esto es algo inédito y no ocurre en otras legislaciones del mundo. Es un aspecto de integración y exclusión, pero si no va acompañado de facilidades burocráticas, no tiene ningún efecto el que los migrantes sufraguen. En otras palabras, un trabajador venezolano tiene derecho a voto, pero al mismo tiempo es un trabajador informal.
Todas estas dificultades, que aún no tienen una solución clara y cuya situación es precaria, se suman a otras aristas, como la entrada del crimen organizado internacional, como el caso del Tren de Aragua, que ha aprovechado las rutas de la diáspora venezolana para expandir sus actividades delictivas a otros países, incluyendo Chile. Muchos de sus delitos han recibido una amplia cobertura en los medios de comunicación debido al aumento de la violencia y los homicidios, lo que no hace más que aumentar el rechazo hacia los extranjeros y la percepción subjetiva en la ciudadanía de un incremento del temor al delito (algo que ha sido histórico en Chile desde la década de 1990 en adelante). Además, se puede observar que hay espacios públicos donde actualmente se están produciendo diferentes delitos, algunos asociados al crimen organizado y otros a la delincuencia común, en los cuales están involucrados extranjeros.
Según los datos de la PDI, se estima que hay 350 miembros del Tren de Aragua operando en nuestro país[4], con diferentes facciones en Santiago, conocidas como los Valencianos y los Orientales. Estos grupos han estado involucrados en delitos que han resultado en muertes, y muchas de las víctimas son de origen venezolano. Por ejemplo, se sospecha que miembros de los Valencianos fueron víctimas de un doble homicidio registrado en Estación Central, cerca de los terminales de buses Alameda Sur y Tur Bus, en agosto de 2022. En ese incidente, Wilson Rafael Colmenares González, de 22 años, perdió la vida instantáneamente, mientras que Carlos Vicente Marín Oveda, de 32 años, resultó gravemente herido y falleció más tarde en la Posta Central. La joven que los acompañaba salió ilesa. En Arica, por ejemplo, se han encontrado videos de ejecuciones, y se cree que estos videos son una forma para que los sicarios demuestren a sus superiores en Venezuela o Lima (en el caso de los Gallegos) que han cumplido con las órdenes recibidas. [5]
Hay otros casos de violencia que podrían mencionarse. Lo interesante es que muchas de estas noticias tienen un impacto en el clima de opinión conservadora actual, tras el estallido social ocurrido durante el 2019. Esto genera un rechazo hacia estas bandas criminales y sus nacionalidades. Una simple revisión de los comentarios en las redes sociales sobre estas noticias revela un sentimiento xenófobo y punitivo subyacente hacia todo lo relacionado con Venezuela o Colombia. Es por ello que el tema de la inmigración, entre otros, puede politizarse y generar apoyo a partidos políticos de derecha radical como el Partido Republicano o el Movimiento Social Patriota. Incluso puede generar apoyo ciudadano no derechista debido a la percepción de falta de seguridad y control sobre los grupos del crimen organizado internacional por parte de las autoridades. En última instancia, estos son aspectos que no deben ignorarse y pueden ayudarnos a comprender por qué algunas personas optan por políticas punitivas y autoritarias, exhiben actitudes xenófobas y se inclinan hacia orientaciones electorales de derecha radical.
Fabián Bustamante Olguín (Doctor en Sociología. Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía, Universidad Católica del Norte, Coquimbo)
[1]https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Texto?LPKey=VYXPUIPDF5CGQWJYUHUR5HEBWXCODSAG5QCQ335VV3FM44NWMB6Q
[2] https://serviciomigraciones.cl/empadronamiento-biometrico/
[3] Véase el debate que tuvo Daniel Jadue con el cientista político Alfredo Joignant sobre Venezuela en el extinto programa de Televisión Nacional de Chile, Mejor Hablar. https://www.youtube.com/watch?v=lhuX-J_KSmc&t=631s
[4] Véase, CIPER Chile https://www.ciperchile.cl/2023/05/24/identifican-a-350-miembros-del-tren-de-aragua-en-chile-videos-y-testimonios-revelan-las-espeluznantes-torturas-a-sus-victimas/
[5] Véase, Ex Ante https://www.ex-ante.cl/crimen-organizado-n-1-los-ocho-homicidios-del-tren-de-aragua-en-santiago/
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¿Será que la ciudadanía percibe las inequidades del proceso migratorio intra-americano ? : la economía de un gran país norteño , lider del continente , es 50 veces mas grande que la chilena ( PIB) ; entonces , los 500 mil venezolanos equivalen a ......en el dicho país (prefiero no decir esa cifra escalofriante: multiplique 500 mil por 50 , y afírmese )