En un contexto donde los derechos de las mujeres y la protección de la salud reproductiva están en juego, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, alzó su voz en defensa de la integridad de estos derechos fundamentales. Orellana emitió una firme advertencia sobre el retroceso en los derechos que podrían resultar de las propuestas sobre el aborto que algunos sectores de derecha intentan introducir en el borrador de la nueva Constitución, que se someterá a referéndum en diciembre próximo.
La ministra Orellana destacó la importancia de mantener las tres causales bajo las cuales la ley chilena permite la interrupción voluntaria del embarazo: en casos de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación. Desde la entrada en vigor de esta ley en 2018, se han registrado 4.272 casos de aborto en Chile, con 1.296 casos por riesgo vital de la madre, 2.080 por inviabilidad fetal y 896 por violación.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue un logro importante para Chile, obtenido después de un largo y áspero debate en el Congreso. Sin embargo, durante el año pasado, sectores conservadores cuestionaron su continuidad e ingresaron proyectos de ley para su derogación.
La ministra Orellana subrayó que el Gobierno no está dispuesto a retroceder en los derechos de las mujeres y niñas, y que cualquier intento de derogar las tres causales sería un grave retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Su compromiso es claro: proteger y garantizar los derechos de las mujeres, incluido el acceso a una atención médica oportuna y libre de violencia.
La ministra también hizo hincapié en la importancia de difundir cifras precisas y objetivas en medio de debates tan sensibles. Recordó que, en el momento de la promulgación de la ley, se hicieron muchas afirmaciones alarmistas, como la supuesta invención de denuncias de violación para acceder al aborto. Estas afirmaciones, en retrospectiva, se han demostrado infundadas y no se ajustan a la realidad.
Es relevante señalar que, aunque en su momento se estimó que la ley respondería a unos 2.550 casos al año, las cifras registradas están por debajo de esta estimación. Esto sugiere que el acceso al aborto en Chile sigue siendo un desafío, y es importante continuar trabajando para garantizar que las mujeres tengan pleno acceso a sus derechos reproductivos en un ambiente de atención médica segura y sin estigmatización.
La declaración de la ministra Orellana es un recordatorio de la importancia de mantener y fortalecer los avances en materia de derechos de las mujeres, incluso en medio de desafíos legislativos. Chile enfrenta una prueba crítica en la defensa de estos derechos, y el compromiso del Gobierno en este sentido es un paso adelante en la lucha por la igualdad y la protección de la salud reproductiva de las mujeres en el país.
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