Justicia Tardía: Prisión perpetua al fiscal militar Alfonso Podlech  y a 22 militares retirados por crímenes en Temuco en 1973

En un fallo histórico, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó la sentencia número 78 que condena a 23 militares en retiro y colaboradores del Ejército por su responsabilidad en homicidios calificados y apremios ilegítimos perpetrados en la comuna de Temuco, Chile, en noviembre de 1973. Este fallo es un paso significativo hacia la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura civil militar.

El Trágico Pasado

Los hechos juzgados en esta sentencia se remontan al período inmediatamente posterior al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, cuando las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de Temuco y se erigieron como autoridades en la región. En ese contexto, numerosas personas civiles fueron detenidas y llevadas al Regimiento Tucapel de Temuco, donde fueron sometidas a interrogatorios y, en muchos casos, a torturas.

Las víctimas incluyen a Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual. Fueron detenidos en diferentes fechas y trasladados al regimiento, donde sufrieron violencia física y psicológica.

La Responsabilidad de los Condenados

En esta sentencia, el ministro Mesa Latorre estableció que Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, quien también era abogado y teniente de reserva del Ejército, fue el autor de los siete homicidios calificados y los siete delitos de apremios ilegítimos. Otros condenados, como Daniel San Juan Clavería, Omar Burgos Dejean, Hernán Raúl Quiroz Barra, Raúl Binaldo Schonherr Frías, Orlando Moreno Vásquez, y varios más, fueron condenados como cómplices de los homicidios calificados y los apremios ilegítimos.

Podlech Michaud ha sido condenado a presidio perpetuo por su responsabilidad como autor de los 7 homicidios calificados, en tanto Daniel San Juan Clavería, Omar Burgos Dejean, Hernán Raúl Quiroz Barra, Raúl Binaldo Schonherr Frías, Orlando Moreno Vásquez deberán cumplir una pena de presidio perpetuo como cómplices de los 7 homicidios calificados y una pena de 10 años de presidio como autores de apremios ilegítimos.

Los acusados  Juan Guillermo García Covarrubias, Pablo Domingo Gran López, Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, Raimundo Ignacio García Covarrubias, Norberto Francisco Uribe Moroni, Pedro Guillermo Manuel Tichahuer Salcedo, Juan Bautistas Labraña Luvecce, purgarán penas de presidio perpetuo como cómplices de los 7 homicidios calificados y 427 días de prisión como cómplices de los 7 apremios ilegítimos.

El Rol de la Fiscalía Militar y la Tortura

Un elemento clave en este caso fue la participación de la Fiscalía Militar y la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia en el regimiento. La Fiscalía Militar, inicialmente a cargo del Mayor Luis Jofré Soto, delegó funciones a Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, quien asumió un papel central en las detenciones, interrogatorios y la administración de la justicia militar. La colaboración entre la Fiscalía Militar y la Sección Segunda de Inteligencia permitió la detención, interrogatorio y tortura de los detenidos en varias dependencias del regimiento.

La Ejecución y Encubrimiento

Las víctimas fueron trasladadas al sector del polígono de tiro en la Isla Cautín, donde fueron ejecutadas una por una y rematadas con ráfagas de armas de fuego. El camión utilizado en el traslado de las víctimas fue posteriormente limpiado, y se encontraron restos de carne humana y sesos en su interior. La versión oficial de los hechos, presentada en un bando militar, alegaba un intento de asalto al polvorín, pero la sentencia concluyó que esta explicación era poco creíble.

Consecuencias y Compensación

Además de las condenas a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, el fallo también ordenó una indemnización total de $2.780.000.000 (dos mil setecientos ochenta millones de pesos) por daño moral a los familiares de las víctimas.

Este fallo judicial representa un paso significativo hacia la justicia en Chile, donde se continúa buscando la verdad y la reparación para las víctimas de la dictadura militar. La condena de los responsables y la compensación a las familias son pasos importantes en el camino hacia la reconciliación y el reconocimiento de los crímenes cometidos durante el período más oscuro de la historia chilena.