Gustavo Petro denuncia un golpe Constitucional del Fiscal General de Colombia

En un reciente y controvertido desarrollo político en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha acusado al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, de llevar a cabo acciones que califica como un «golpe constitucional». Estas acciones están relacionadas con una serie de investigaciones en su contra que han generado signos de irregularidad y controversia en la esfera política colombiana.

 

El presidente colombiano Gustavo Petro ha levantado la voz contra el fiscal general, Francisco Barbosa, acusándolo de un comportamiento inconstitucional en sus acciones recientes. Petro afirma que las investigaciones en su contra se basan en un interrogatorio que no cumple con los estándares legales y que constituye un atentado contra la constitución colombiana. Además, Petro señala que él es un aforado, siendo senador en el pasado y presidente en la actualidad, lo que agrega complejidad a las acciones tomadas en su contra.

 

El presidente Petro también expresó su indignación por la publicación de detalles del interrogatorio realizado a su hijo por parte de la revista «Semana». Según Petro, la ley prohíbe la publicidad de documentos de este tipo, y considera que su divulgación fue irresponsable y delictiva.

«Es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas», reaccionó el gobernante por medio de su perfil en la red X, antes Twitter.

El Asunto de la Financiación de la Campaña

Uno de los puntos centrales de la controversia se relaciona con la financiación de un acto que tuvo lugar antes de que comenzara su campaña electoral. Petro considera que este acto no debería estar sujeto a la ley electoral de campañas, ya que ocurrió cinco meses antes de su candidatura presidencial. Cuestiona por qué ni el interrogador de la fiscalía ni la periodista que divulgó la información se tomaron la molestia de verificar la fecha del evento antes de tomar medidas legales.

Acusaciones de Persecución Política

Gustavo Petro sostiene que ha sido objeto de ocho años de investigaciones constantes por parte de las fiscalías, con el supuesto objetivo de evitar que el progresismo, bajo su liderazgo, gobierne el país. Además, denuncia la persecución de otros líderes de izquierda en Colombia, como el gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo.

 

El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa arroja una sombra sobre el panorama político de Colombia. Las acusaciones de Petro de un «golpe constitucional» y la alegación de persecución política plantean preguntas importantes sobre la independencia de la justicia y el respeto a las normas democráticas en el país sudamericano. Este desarrollo merece una atención cuidadosa, ya que puede tener un impacto significativo en el futuro político de Colombia y en su sistema judicial.