En la mañana del 28 de noviembre la Corte Suprema oirá a la Fundación española «Presidente Allende», que dirige Joan Garcés, sostener la obligatoriedad de Chile de cumplir el laudo internacional que ha condenado al Estado por violar el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Chile y España. Los fundamentos del recurso de casación están publicados aquí. El Laudo ha resuelto que la inversión de la Fundación en el 90% de las acciones de las empresas editoras del Diario Clarín está hoy bajo la protección del Tratado internacional.»
El Laudo condenó al Estado de Chile a indemnizar a la Fundación y al Sr. Pey por violar el Tratado entre Chile y España de Protección Recíproca de Inversiones, “al conceder compensaciones -por razones que sólo ella conoce y siguen sin explicarse- a personas que, según el Tribunal de arbitraje, no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o rechazar las reivindicaciones del Sr. Pey Casado referentes a los bienes confiscados, la República de Chile cometió una manifiesta denegación de justicia y se negó a tratar a las Demandantes de manera justa y equitativa.”
Los Tribunales del CIADI han concluido que el Sr. Pey y la Fundación eran inversores protegidos por el Tratado hispano-chileno cuando en 1997 comenzaron el arbitraje del CIADI, y rechazaron la pretensión de los sucesivos gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet (los dos) y Sebastián Piñera (los dos) de que las inversiones del Sr. Pey cesaron de existir con la confiscación durante la Dictadura.
La Decisión del 2º Comité ad hoc del CIADI ha reiterado en 2020 que contrariamente a la posición de la República de Chile, los dos Tribunales en 2008 y 2016 y los dos Comités ad hoc del CIADI en 2012 y 2020 han estimado que la expropiación de 1973-1975 no tenía ningún efecto sobre la cesibilidad de las acciones, ni sobre la cesión del 90% de las acciones a la Fundación “Presidente Allende” en 1990, ni sobre la cesión del 10% a la Sra. Pey Grebe en 2013”.
Esta será la primera decisión en la historia de la Corte Suprema acerca del cumplimiento obligatorio de un Laudo del CIADI dentro del territorio de la República de Chile. En este caso, el Alto Tribunal se pronunciará sobre la solicitud de acoger la exhortación de los Tribunales del CIADI a restablecer la constitucionalidad después que estos han concluido no tener “duda alguna sobre la ilegalidad” del Decreto que disolvió las empresas editoras del periódico de mayores ventas en Chile antes de ser incautado bajo la Dictadura. Los antecedentes que tiene a la vista la Corte Suprema están publicados y son de libre acceso en internet: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/indexN.php#modalDetalleSuprema
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Y lo que ya no tiene consistencia alguna, es la de muchos que se quejan hoy de la concentración monopólica de los medios por parte de los grupos económicos; ¡pero no critican a sus principales causantes!: Los sucesivos gobiernos de la Concertación que -sobre todo gracias a la sistemática discriminación del avisaje estatal- provocaron, a partir de 1990, el exterminio del conjunto de los numerosos diarios y revistas de centro-izquierda que se habían forjado contra la dictadura; y de otros que surgieron con posterioridad. Que, además, indirectamente privatizaron el Canal de TV de la "U"; y que "neutralizaron" TVN a través de una ley que en la práctica estipuló un "gobierno de consenso" entre la Concertación y la Derecha.
¡Y que ahora tampoco dicen NADA cuando la Justicia española está instando a que el Estado de Chile cumpla el Laudo del tribunal del CIADI de concederle la indemnización correspondiente a los herederos de Víctor Pey por la confiscación que sufrió "Clarín" bajo la dictadura, para que puedan relanzar el periódico y terminar así con el duopolio "El Mercurio-Copesa"! ¡Y en este caso se trata de que quien está siendo reacio no es un gobierno de la Concertación o de la derecha, sino de Boric, el FA y el PC!...
¡Todavía no dicen nada! entre otros: 1.- Boric, que como diputado le entregó su solidaridad a Víctor Pey en su lucha por recuperar los bienes confiscados por la dictadura y que los sucesivos gobiernos de la Concertación y de Piñera se negaron a devolverle para relanzar el diario; 2-. Los partidos que se autodenominan de izquierda como el PC y los del FA; 3.- Las organizaciones de trabajadores que por cierto se ven muy afectadas por el virtual monopolio de los grandes medios de comunicación por los grupos económicos; y 4.- El Colegio de Periodistas que se supone que, entre otras cosas, promueve la pluralidad de medios y una efectiva libertad de información y expresión.
Es importante puntualizar que en el proceso ilegal de concesión ¡de indemnización a quienes no eran propietarios de "Clarín"! mientras el asunto estaba en litigio en el tribunal del CIADI; se procedió también a un grave acto de corrupción efectuado por el abogado (Enrique Testa) encargado por el gobierno de Frei Ruiz-Tagle de la "identificación" de los dueños de Clarín. Ello le generó incluso una sanción del Colegio de Abogados (Ver "El Mercurio" y "La Tercera"; 22-4-2003); lo que por cierto el duopolio Derecha-Concertación ha escondido exitosamente hasta hoy...