Tres oficiales de la Armada acusados de secuestro y tortura de mecánico en 1974

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, ha dictado un auto de procesamiento contra tres oficiales retirados de la Armada. Esta acción se relaciona directamente con su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a José Miguel Romero Pizarro, entonces mecánico de la fábrica de confites Volta en Viña del Mar, en el fatídico año de 1974.

El procesamiento, parte de la resolución identificada como causa rol 217-2016, señala a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Riquelme Villalobos y Sergio Hevia Febres como autores de los delitos cometidos en el cuartel Silva Palma de la Armada.

La investigación llevada a cabo por el ministro Cancino Cancino reveló detalles impactantes. Según los antecedentes recopilados, José Miguel Romero Pizarro fue detenido en su lugar de trabajo por órdenes de las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, específicamente del SICAJSI-PRIZONA de la Primera Zona Naval de Valparaíso, el 5 de agosto de 1974. Fue capturado por efectivos navales y trasladado al Cuartel Silva Palma en Valparaíso, donde fue mantenido ilegalmente y sometido a interrogatorios por un grupo coordinado por el SICAJSI, sufriendo amenazas y torturas, como la aplicación de luz directa en su rostro y un golpe en el oído derecho que le dejó secuelas permanentes, manifestadas en un zumbido constante en el mismo.

El horror de su detención culminó cuando fue liberado alrededor del 19 o 20 de agosto de 1974 y llevado por tres marinos en un automóvil de regreso a su lugar de trabajo en Viña del Mar.

Es relevante destacar que, a pesar del auto de procesamiento, no se ha ordenado la prisión preventiva de los acusados, dado que actualmente se encuentran cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Colina 1, con sentencias rematadas en causas previas.

Este paso judicial representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de abusos durante el periodo dictatorial en Chile. La determinación de responsabilidades y el procesamiento de los implicados son acciones fundamentales para honrar la memoria de aquellos que sufrieron y para asegurar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes