El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, elogió este 15 de diciembre la sentencia de la Corte Suprema de Chile sobre la Operación Cóndor –una notoria campaña coordinada entre las dictaduras de América del Sur en los años 70 y 80 para perseguir a opositores políticos y disidentes– como un paso importante hacia responsabilidad de miles de víctimas.
Las antiguas dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay implementaron la Operación Cóndor para buscar, perseguir, torturar, matar sumariamente y desaparecer por la fuerza a personas percibidas como disidentes en toda la región. Utilizaron innumerables tácticas para eliminarlos, incluido arrojar gente desde aviones y helicópteros.
El 14 de diciembre, en fallo unánime, la Corte Suprema de Chile confirmó las condenas de 22 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por los secuestros y homicidios calificados de algunas víctimas de la Operación Cóndor, y ordenó medidas de reparación.
“La crueldad calculada de estas dictaduras ha seguido teniendo un profundo impacto en las familias de quienes sufrieron estas graves violaciones de derechos humanos, las sociedades y la historia de la región”, afirmó Türk.
“Rindo homenaje a las víctimas y sus familias que han estado buscando valiente e incansablemente durante décadas la verdad, la justicia y la reparación para sus seres queridos desaparecidos forzadamente. Espero que esta sentencia revitalice la búsqueda de la rendición de cuentas en la región. Esto es esencial para garantizar que violaciones tan graves no vuelvan a ocurrir en el futuro”.
La sentencia Operación Cóndor es la última dictada por los tribunales chilenos en los últimos meses contra casos de crímenes de lesa humanidad.
Otros incluyen la Operación Colombo, una operación llevada a cabo por la DINA en colaboración con sus homólogos en Argentina y Brasil para buscar y desaparecer forzadamente a opositores mientras informaban públicamente que habían muerto durante enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad extranjeras o que habían sido víctimas de purgas internas; Caravana de la Muerte en la que participaron un general y tres oficiales del ejército que recorrieron el país ejecutando sistemáticamente a presos políticos y presuntos opositores al régimen; así como Conferencia II, Paine, Fuente Ovejuna, Víctor Jara y Littré Quiroga, y Carmelo Soria.
“Las víctimas y sus familias han estado esperando demasiado tiempo (medio siglo) para saber la verdad y obtener justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura”, afirmó Türk.
Según datos oficiales, más de 3.200 personas fueron asesinadas durante la dictadura militar entre 1973 y 1990, y se cree que la mitad de ellas fueron desaparecidas forzadamente.
Türk también reconoció los avances de Chile en otros pilares de la justicia transicional en el año del 50 aniversario del golpe de Estado militar de 1973, como la adopción por parte del Estado del Plan Nacional de Búsqueda. Además, la sentencia establece claramente que es obligación del Estado buscar a las víctimas y esta obligación no se extingue con el inicio y/o finalización de una investigación penal.
“Es necesario acceder de inmediato a los archivos esenciales que contienen testimonios y declaraciones de víctimas de tortura y prisión política que permanecen sellados, y todas las instituciones estatales deben cooperar con este objetivo”, dijo el Alto Comisionado.
“Es hora de conocer la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas, incluido el de los bebés robados a sus padres”.
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Sin duda, este año termina con grandes triunfos para la justicia en casos particularmente significativos en la materia (Operación Cóndor; Operación Colombo y caso de Víctor Jara, entre otros). Aunque lamentablemente también se experimentó un gran fracaso que ya venía del año pasado. El que los dossiers con múltiples violaciones de derechos humanos presentados por numerosos ex conscriptos a la subsecretaría de Derechos Humanos en 2017 (y que habían sido ocultados por los gobiernos de Bachelet y Piñera) ¡han sido "entregados" por este gobierno al Archivo Nacional y no al Poder Judicial!