Según la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, con la reforma de pensiones y el 6% de cotización adicional “en el mediano y largo plazo, mujeres y hombres no recibirán ese seguro social, quedando esos fondos para el Estado”. Esto es completamente falso, pues cada nuevo peso recaudado irá a pagar pensiones en cualquier plazo que se considere. Y agrega: “es un impuesto al trabajo, perjudicando a los trabajadores formales que tienen empleador», lo que también es falso, pues se trata de aumentar una cotización obligatoria no destinada a fines generales, como los impuestos, sino exclusivamente para financiar pensiones.
Es cierto, en cambio, que toda cotización adicional encarece el costo de contratar a una persona -en este caso en 1% al año en seis años, una cifra relativamente inocua en la estructura de costos e ingresos anuales de las empresas- como lo hace el resto de cotizaciones obligatorias para salud, accidentes y pérdida del empleo. Pero siguiendo esa lógica, todo salario que remunera adecuadamente lo que se produce “encarece el costo de contratar,” por lo cual el salario debiera ser lo más bajo que se pueda para que las empresas contraten, aunque no consigan personas a cambio de esas bajas remuneraciones o, si lo hacen, paguen salarios que no permitan a esas personas vivir decentemente de su trabajo.
La regla de la teoría neoclásica es otra: para contratar un nuevo trabajador, el costo marginal de una unidad de empleo adicional debe al menos igualar el producto marginal obtenido con esa cantidad adicional de trabajo. No habrá un costo de desempleo si un razonable aumento de la planilla salarial se compensa con un aumento equivalente del ingreso marginal. Si agregamos un poquito de teoría keynesiana, sin salarios que remuneren lo que produce la fuerza de trabajo, conteniendo en márgenes razonables la utilidad empresarial, especialmente la retirada de la empresa, y que aumenten según la productividad del trabajo, las empresas no conseguirán vender lo que producen, salvo que puedan exportarlo, pero con un juego de suma cero a nivel global. Para eso se necesita al menos salarios mínimos significativos, participación salarial en las utilidades, sindicatos con capacidad negociadora y «estabilidad dinámica del empleo», que no impida los ajustes de plantilla en las empresas pero que tampoco favorezca una alta rotación que no consolide la productividad, que se construye en el tiempo. El consumo de las familias, que se financia básicamente con los salarios que obtienen mes a mes sus miembros, representa 2/3 de la demanda agregada y del PIB en la mayoría de las economías. En el corto plazo, determina lo principal de su dinamismo o anemia y, cuando no es acompañado de una dinámica suficiente de la oferta o de la capacidad de importar, puede alimentar procesos inflacionarios.
Luego, siguiendo el argumento de las AFP, ¿no debiera abaratarse los costos de contratación eliminando el 10% obligatorio para pensiones, más el porcentaje que se llevan las AFP como costo de administración? Ah, el detalle es que con las comisiones las AFP se llevan en promedio un margen de más de 50%, equivalente a mil millones de dólares anuales. Así es que nada de terminar con las cotizaciones obligatorias. O sea con el “estatismo”. ¿No es acaso la solución de mercado que cada cual ahorre según sus preferencias a lo largo de la vida e invierta donde mejor le parezca para financiar su vejez? ¿Qué tienen que ver las cotizaciones obligatorias con el libre mercado? Nada.
Pero para las AFP y sus defensores lo que importa no es argumentar racionalmente su causa sino levantar el fantasma de la estatización y el “reparto”. Y hacer política. De nuevo en palabras de Paulina Yazigi: «la creación de este sistema de reparto lleva a la reorganización del sistema, y esta reforma abre la puerta a la estatización de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras”, con un gran colofón espantapájaros: «en pocos años el Estado administrará gran parte de los ahorros previsionales de los trabajadores, con todos los riesgos políticos que esto conlleva».
Argumentar como las AFP es dispararse a los pies, pues todo lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones es estatal y “sujeto a riesgo político”. Dicho sea de paso, la empresa privada está “sujeta al riesgo de mercado”, razón por la cual busca rentas de monopolio que debe regular nada menos que…el Estado. Las pensiones las inventaron los ejércitos para cubrir a sus inválidos y jubilados y evitar que cayeran en la miseria. Se generalizaron a todos los trabajadores desde el conservador Bismarck en 1880 en Alemania, con distintas modalidades, y en Chile en los años 1920. Es en ese universo directamente político desde siempre que se discute la reforma, no en el del libre mercado. Todo lo que es distinto del ahorro voluntario individual es estatal en materia de pensiones, empezando por la obligación de cotizar. La sociedad presume que las personas individuales no lo harán de manera voluntaria, contrariando, por lo demás, su propio interés de largo plazo. Por eso la teoría económica neoclásica más lúcida habla de miopía del consumidor y propicia suspender en este caso su sacrosanta “soberanía”. Hay que obligar a las personas a ahorrar para la vejez y también para cubrir accidentes del trabajo, pérdida del empleo o enfermedad. ¿Quién lo hace? El Estado, cada vez que hay un contrato de trabajo asalariado dependiente.
Lo que la reforma quiere es que no siga existiendo una renta indebida de la que se apropian unos pocos privados que no agregan valor (el rendimiento de los fondos de las AFP no es muy distinto que cualquier índice de valores financieros de largo plazo) a partir de una obligación estatal y aumentar sustancialmente las tasas de reemplazo del salario por la pensión, especialmente de las mujeres.
La argumentación de las AFP está llegando al extremo del sin sentido. No se estatiza lo que ya es estatal y se impuso a la fuerza bajo una dictadura…estatal. Ni se hace “de reparto” aquello que en lo principal ya lo es, pues la pensión garantizada para el 90% de las personas mayores de 65 años se financia con recursos que se recogen todos los meses vía impuestos y se “reparten” todos los meses pagando pensiones garantizadas universales. En 1989, la pensión asistencial creada con las AFP ya cubría el 8% de los mayores de 65%, una proporción muy baja pero superior a cero. No se introduce una expropiación bolchevique con la que “me van a quitar mi plata” si se mutualiza solidariamente riesgos con una parte adicional de las cotizaciones, pues esto ya ocurre desde que nació el sistema de AFP con lo que se descuenta obligatoriamente todos los meses para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Todos los asalariados lo pagamos, aunque la mayoría no recibiremos nada a cambio, salvo si enfermamos gravemente o fallecemos en la vida activa. Y es de una gran ayuda cuando eso llega a ocurrir.
En eso consiste la seguridad social, cubrir riesgos que nos pueden llegar a todos, aunque no terminen necesariamente llegándonos a todos. Los sistemas de pensiones son un arreglo social que tiene como principal protagonista al Estado. Si las AFP no quieren Estado, muy bien, que dejen entonces de administrar e invertir las cotizaciones obligatorias y los fondos para los retiros programados. Asuman que toda solución de mercado debe ser voluntaria, sin Estado en ninguna parte de la ecuación. Pero no se atreven, porque eso sí que es socialmente absurdo y, sobre todo, se les acabaría el negocio.
Lo que la reforma busca es organizar un sistema que asegure que todas las personas tengan un ingreso básico que las aleje de la pobreza una vez que cumplan 65 años, a través de la PGU, y que las cotizaciones obligatorias suavicen el cambio de ingresos que resulta de pasar del salario de la etapa final de la vida activa a una pensión que no sea demasiado inferior a 60-70% de ese salario. En ambos temas las AFP fracasaron rotundamente y lucran abundantemente a pesar de ese fracaso. Hay quienes persisten en negarlo, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Por eso la necesidad imperiosa, más allá de aspectos específicos que son mejorables, de una reforma como la que propone el gobierno.
Gonzalo Martner
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Interesante artículo. Yo vivo desde hacen ya varios decenios en Alemania, pasé aqui toda mi vida laboral y estoy jubilado de acuerdo al sistema de este país. Este sistema, tal como lo escribe el autor, fué introducido a fines del S.XIX por el entonces canciller von Bismark y consiste en que a los asalariados se les descuenta obligatoriamente por planilla una cierta cantidad proporcional al sueldo. Pero ese dinero no es para ellos, ya que no existen cuentas individuales, sino que pagarles la jubilación a los jubilados actuales, tampoco es posible hacer retiros, como se hicieron en Chile y tampoco son heredables. El sitema está sí en crisis. Cuando se introdujo, el promedio de vida, era de 67 años, hoy en día 85 años y como la cantidad de habitantes está "estancada", son cada vez menos, los que financian el sistema, tienen que financiar a una mayor cantidad de jubilados, tanto así, que actualmente están paulatinamente aumentando la edad de jubilación hasta los 70 años de edad y como aún así no alcanza para pagar todas las jubilaciones, el estado tienen que "inyectar" anualmente, 130 millones de Euros a la caja de jubilaciones. Aún así, las jubilaciones son relativamente bajas, si mi esposa y yo tuviéramos sólo los ingresos de la jubilación estatal, estaríamos en el nivel de "pobreza" y tendríamos que mendigarle al estado mensualmente un subsidio. Afortunadamente para nosotros, tengo además una jubilación de un fondo de jubilaciones propias de la empresa donde yó laboré y un seguro privado, lo que nos permite una vida tranquila, sin lujos pero sin apremios. Cuando se introdujeron las AFP's en Chile, se comentó aquí, que talvez se podría introducir algo similar en Alemania. En todo caso, las jubilaciones son una especie de lotería. Si alguien fallece poco después de que se jubiló, hizo un pésimo "negocio", porque pagó mucho más de lo que recibió y al contrario si alguien es muy "longevo" hizo un excelente negocio, porque recibió mucho mas de los que pagó.