El pasado 23 de enero, la discusión en los Comités dejó pendiente la votación de una moción que buscaba otorgar beneficios a aquellos condenados que sufren enfermedades terminales o han alcanzado una determinada edad. Este miércoles, la propuesta no logró el quórum necesario para su aprobación, siendo desestimada en la Sala del Senado.
El proyecto, que aborda el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para aquellos condenados en situación de enfermedad terminal, menoscabo físico grave o edad avanzada, generó un intenso debate desde su presentación. En su primera jornada de discusión, las posturas encontradas marcaron la sesión.
Por un lado, voces críticas argumentaron que la iniciativa podría beneficiar a condenados por graves delitos de derechos humanos, sin necesidad de mostrar arrepentimiento. Se destacó que la propuesta podría resultar incomprensible a más de 50 años del golpe militar, revictimizando a familiares de detenidos desaparecidos y a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos. Además, se subrayó la falta de distinción entre condenados por diferentes grados de delitos, incluyendo narcotráfico, homicidios o abusos contra menores.
En el otro extremo, los promotores del proyecto, liderados por los senadores Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel y Enrique Van Rysselberghe, argumentaron que diversos tratados y organizaciones internacionales han establecido la obligación de un trato digno y humano para los privados de libertad, especialmente en el caso de adultos mayores.
El proyecto, en su esencia, buscaba regular el beneficio y modificar el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad, sustituyéndola por la reclusión domiciliaria total en los casos y condiciones establecidas. El senador Francisco Chahuán, integrante de la instancia especializada, explicó que la enfermedad terminal se definiría como aquella grave y progresiva, sin tratamiento curativo específico, con un pronóstico fatal, debidamente diagnosticada y acreditada por al menos tres médicos especialistas.
Durante el debate del 23 de enero, representantes de organizaciones de derechos humanos siguieron atentamente las intervenciones de los senadores y senadoras, entre ellos Claudia Pascual, Paulina Vodanovic, Alfonso De Urresti, y otros, así como la participación del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que el proyecto presentaba deficiencias técnicas.
En términos reglamentarios, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y varios senadores, como Ricardo Lagos Weber, Rafael Prohens, Rojo Edwards, José Miguel Insulza, Isabel Allende, Francisco Huenchumilla y Luz Ebensperger, intervinieron en distintos momentos del debate.
A pesar de la relevancia del tema y las argumentaciones presentadas, la falta de consenso impidió avanzar en la tramitación del proyecto, dejando abierta la puerta para futuras discusiones sobre el tratamiento y los beneficios para condenados en situaciones de salud delicada o edad avanzada.
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Sería muy importante saber qué opinión manifestaron al respecto los diversos senadores de la "centro-izquierda"; ya que se parte de la base de que los de la "derecha" están por dicha impunidad disfrazada.