El pasado martes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago emitió un dictamen que ha sacudido las esferas legales y sociales del país. A solicitud del abogado querellante Luis Mariano Rendón, se procedió a decretar el sobreseimiento del expresidente Sebastián Piñera Echenique, exclusivamente por causa de muerte. Este fallo marca un giro significativo en el curso de la investigación que indaga las masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
La resolución judicial se enmarca en un proceso que ha mantenido en vilo a la opinión pública desde su inicio. Las protestas que estallaron en octubre de 2019 dejaron una estela de denuncias por abusos y represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En este contexto, diversas figuras políticas y autoridades han sido señaladas como responsables de presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Es importante destacar que el sobreseimiento dictado no implica el cierre definitivo del caso, sino que representa un paso en el proceso legal. La investigación continúa su curso contra otros actores involucrados en los hechos, entre ellos, el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, y el exjefe de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, Javier Iturriaga del Campo, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con la represión ejercida durante el estallido social.
La decisión del tribunal ha reavivado el llamado a la transparencia y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos en Chile. En un país marcado por su historia de conflictos sociales y violaciones a los derechos fundamentales, la búsqueda de justicia y verdad sigue siendo un desafío constante para la sociedad y sus instituciones.
En este contexto, el rol de la justicia adquiere una relevancia fundamental para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas. La decisión sobre el sobreseimiento de Sebastián Piñera refleja la complejidad y sensibilidad de los casos relacionados con el ejercicio del poder y la represión estatal, y pone de manifiesto la necesidad de un sistema judicial independiente y transparente que responda a las demandas de la ciudadanía en su búsqueda de justicia y verdad.