En un fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal ha emitido una condena ejemplar contra agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann han sido sentenciados a 13 años de presidio como autores del delito de secuestro calificado del estudiante de sociología Ariel Martín Salinas Argomedo, cometido a partir del 25 de septiembre de 1974.
Esta histórica decisión de la Corte Suprema surge tras el rechazo unánime de los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por las defensas. El veredicto ratifica la responsabilidad de estos agentes en un acto atroz perpetrado durante los años más oscuros de la dictadura militar.
La sentencia también hace hincapié en la desinformación orquestada por la DINA, conocida como «Operación Colombo», en la que el nombre de la víctima fue utilizado para ocultar la verdadera naturaleza de su desaparición. Esta operación, que buscaba encubrir la brutalidad de los crímenes cometidos por el régimen, ha sido desenmascarada por la perseverancia de los defensores de los derechos humanos y la incansable búsqueda de la verdad y la justicia.
Es importante destacar que el fallo de la Segunda Sala no solo condena a los responsables directos del secuestro, sino que también revoca la absolución inicial de uno de los acusados, Manuel Heriberto Avendaño González, quien ahora deberá enfrentar una pena de 10 años de presidio por su participación en este crimen de lesa humanidad.
El veredicto de la Corte Suprema recalca la importancia de la justicia en la memoria colectiva de un país, así como la necesidad de rendir cuentas por los crímenes cometidos en el pasado. Este fallo refleja el compromiso del sistema judicial con la verdad y la reparación para las víctimas y sus familias, así como la firme voluntad de garantizar que tales atrocidades nunca vuelvan a repetirse en nuestro suelo.
La resolución de este caso no solo marca un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas del régimen militar, sino que también envía un poderoso mensaje de que los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben y que aquellos que participaron en su perpetración serán llevados ante la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Es un recordatorio de que la memoria histórica es fundamental para la construcción de una sociedad justa y democrática, donde los derechos humanos sean respetados y protegidos en todo momento.