La devastación causada por los incendios que azotaron la Región de Valparaíso a principios de este mes ha desencadenado una serie de acciones judiciales, pero también un cuestionable aprovechamiento político por parte de algunos actores. En el centro de esta controversia se encuentra la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien se ve enfrentando una querella por cuasidelito de homicidio presentada por familias de las víctimas fatales en el Jardín Botánico, uno de los lugares más afectados.
El abogado detrás de esta querella, Mario Zumelzu, ha sido objeto de duras críticas por parte de la alcaldesa, quien lo acusa de acercarse «de manera desvergonzada a intentar prometer, sin base jurídica, una irresponsabilidad para armar una polémica de corte político». Este señalamiento no solo denuncia el intento de instrumentalización de una tragedia con fines políticos, sino que también subraya la falta de fundamentos legales sólidos detrás de la acción judicial.
La querella en cuestión apunta a esclarecer presuntas responsabilidades de las autoridades locales, incluida la alcaldesa, en la evacuación y gestión durante el incendio. Según Zumelzu, existiría una posible falla en el plan de emergencia de la ciudad, lo que habría contribuido a la magnitud de la tragedia. Sin embargo, estas alegaciones son rebatidas por Ripamonti y otros representantes políticos, quienes sostienen que la emergencia sobrepasó las competencias municipales y que se actuó con la diligencia necesaria dadas las circunstancias.
Las reacciones a esta querella no se han hecho esperar. El diputado Tomás de Rementería ha condenado el uso del dolor de las víctimas con fines políticos, describiéndolo como «tétrico». Además, ha señalado que la verdadera intención detrás de esta acción judicial es dañar la imagen de la alcaldesa, desviando la atención de los verdaderos responsables de los siniestros. Opiniones similares son expresadas por la concejala Nancy Díaz, quien acusa al abogado querellante de aprovecharse de las familias afectadas en busca de beneficios personales.
En medio de esta controversia, queda en evidencia la necesidad de abordar con responsabilidad y sensibilidad los eventos trágicos, evitando su manipulación con propósitos ajenos al interés público. Mientras tanto, la alcaldesa Ripamonti enfrenta un desafío legal que no solo pone a prueba su gestión, sino también la integridad del sistema judicial y el escenario político local.