Los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, representantes del Partido Socialista, han dado un paso firme en la búsqueda de justicia al interponer una querella por el delito de cohecho agravado del funcionario público. Este movimiento legal surge en el marco del denominado «Caso Hermosilla» o «Caso Audios», que ha sacudido los cimientos del entorno político y empresarial en Chile.
La querella toma como base los preocupantes antecedentes dados a conocer por el medio CIPER Chile el 14 de noviembre de 2023. Estos antecedentes revelan una reunión entre el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, en la que se mencionan potenciales pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión del Mercado Financiero (CMF). Estos pagos estarían relacionados con operaciones de fiscalización que afectarían a la empresa de factoring FACTOP y la corredora de Bolsa FTS.
La acción judicial presentada por los diputados Manouchehri y Cicardini se suma a la labor de la Comisión Especial Investigadora que se encuentra activa en la Cámara de Diputadas y Diputados desde enero, la cual está dirigida por el propio diputado Manouchehri. Esta comisión ha recibido testimonios clave de figuras como la presidenta de la CMF, el director nacional del SII y el periodista que reveló la investigación en CIPER.
En su querella, los diputados solicitan al Juzgado que requiera al Ministerio Público información relevante de la Unidad de Análisis Financiero sobre posibles reportes de operaciones sospechosas de funcionarios públicos adscritos al SII y la CMF desde enero de 2018 hasta la fecha. Además, piden que se investigue si las personas jurídicas vinculadas a este caso han implementado medidas de prevención de delitos, como la designación de un encargado de prevención, conforme lo exige la ley.
Daniel Manouchehri ha destacado la gravedad del caso, señalando que «cuando un grupo de abogados dice que se está confabulando para coimear a funcionarios públicos para obtener beneficios para grandes empresarios, estamos ante un caso extremadamente grave». Además, ha enfatizado en la importancia de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias para que los responsables enfrenten las penas correspondientes.
Con este movimiento legal, los diputados del Partido Socialista dan un paso más en la búsqueda de la verdad y la justicia en un caso que ha generado profunda preocupación en la sociedad chilena y que pone en tela de juicio la integridad de las instituciones públicas y privadas.