Durante la noche del pasado viernes, una sombra de corrupción y controversia se cernió sobre la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. Sergio Muñoz, hasta entonces director general de la PDI, presentó su renuncia abruptamente luego de que su residencia fuera allanada y se le notificara sobre su próxima formalización el martes 19 de marzo. Este giro repentino se produce en medio de acusaciones que sugieren que Muñoz habría facilitado información privilegiada al abogado Luis Hermosilla, figura clave en un escándalo de presuntos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Este golpe a la PDI no solo ha provocado una crisis interna en la institución policial, sino que también ha alcanzado al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez. Desde diversos sectores políticos, se ha cuestionado la continuidad de Yáñez en su cargo, especialmente debido a su próxima formalización en mayo por su presunta omisión en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en Chile.
El senador Iván Flores (DC) expresó su preocupación diciendo: «El caso de Carabineros es similar al de Muñoz. Si bien las causas de la formalización son diferentes, no podemos permitir que otro jefe policial esté más preocupado por su defensa personal que por dirigir una institución enfocada en combatir el crimen organizado».
Por otro lado, el diputado socialista Marcos Ilabaca declaró que la situación de Muñoz era insostenible, afirmando: «No podemos tener a la principal autoridad de la Policía de Investigaciones bajo investigación y formalización por delitos tan graves».
La oposición política también ha instado a la renuncia de Yáñez, mostrando unidad en el rechazo a la permanencia de autoridades policiales envueltas en escándalos. El diputado UDI, Henry Leal, señaló: «Las máximas autoridades policiales no pueden estar implicadas en delitos». Mientras que el jefe de la bancada de diputados de la DC, Eric Aedo, respaldó esta postura agregando: «Si el director de la PDI da un paso al costado, el General Yáñez también debe hacer lo mismo».
En medio de estas turbulencias, la ciudadanía chilena espera claridad y transparencia en las investigaciones en curso. Se necesita restaurar la confianza en las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad pública. La renuncia de Muñoz y la presión sobre Yáñez marcan un momento crucial en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas en el sistema policial chileno.
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Un estado cuyo marco constitucional esta señalado y dirigido por la constitucion de Pinochet
acumula informacion reservada a las cloacas del ministerio del interior
El uso y abuso cuando no la connivencia con el gobierno Boric dan como resultado mas represion y menos democracia
Un ejemplo de ello ha sido el secuestro del lider mapuche Hector Llaitul y la militarizacion del wallmapu
Y Boric tiene plenas facultades para remover a Yáñez. Si no lo hace es porque no quiere o porque no se atreve.
Boric no tiene por qué no quererlo y tiene toda razón para removerlo. Simplemente no se atreve y por algo ha de ser. Estas cuestiones no son nunca gratuitas.
Vaya a saber uno qué secretos le guarda Ricardo Yáñez a Boric que no lo saca. Algo similar debe haber ocurrido con Bruno Villalobos durante la segunda administración de Bachelet quien lo mantuvo en el cargo pese a todos los serios cuestioamientos que recaían sobre él en cuanto al mega fraude y la "Operación Huracán". Fue Piñera quien lo tuvo que sacar al día siguiente de asumir su segundo mandato. De seguro que todos los altos mandos de estas instituciones tienen información reservada de los presidentes, minstros y altos funcionarios. De hecho, el Coco Paredes, Director de Investigaciones designado por Allende, le mostró a éste un voluminoso "prontuario secreto" que Investigaciones le mantenía desde los inicios de su vida política.