Centralismo, democracia y organización comunal. La organización comunal. ¿Una alternativa de participación política desde la base? (III)

El excesivo centralismo del estado, las restricciones democráticas, la falta de visión país en tanto objetivos de largo plazo, la incoherencia de las visiones ideológicas, los liderazgos autoritarios y las falencias democráticas que presentan los partidos, crean y fomentan las condiciones objetivas para la corrupción y los conflictos de interés. Frenan el desarrollo político- económico comunal y regional, mientras la falta de alternativa creíble mantiene y pronuncia el alejamiento de la ciudadanía en los procesos políticos y organizativos. Ante el cuadro actual, la necesaria y urgente reorganización de la ciudadanía solo puede producirse desde la base, dentro de parámetros locales concretos entrelazada a un proceso de descentralización político-administrativa.

 

“La centralización administrativa solo sirve para enervar a los pueblos a ella sometidos, puesto que tiende incesantemente a disminuir su espíritu de ciudadanía…. Puede por lo tanto contribuir admirablemente a la grandeza efímera de un hombre, mas no a la duradera prosperidad de un pueblo” Alexis de Torqueville (1835).

 

La reforma del estado mediante un proceso de descentralización que implique mayor poder local de decisión con respecto al estado trata de un proyecto eterno en nuestro país. Desde antes de la independencia, pero en especial desde 1925 son muchos los que han intentado llevar adelante procesos descentralizadores en su aspecto político incluso mediante insurrecciones como lo fue la llamada “revolución constituyente”. Sin embargo, a pesar de derrotas sufridas en este campo, los procesos descentralizadores no han quedado en el olvido porque a través de la historia se reviven una y otra vez, cada vez que se reúnen en un periodo determinado las deficiencias administrativas, concentración monopólica, corrupción, el absolutismo y la postergación de las necesidades ciudadanas. A través de la historia son muchos quienes han prometido y abandonado proyectos descentralizadores. Abandonado porque al centro de un proceso de descentralización se encuentra la democracia y la equidad. La centralización es la piedra angular en que se basa el poder burgués dentro de un estado, porque no solo centraliza el poder político sino también el poder económico.

El último intento fracasado de descentralización fue el propuesto por la ex presidente Bachelet con su propuesta de gobierno ciudadano expuesto en sus actividades de campaña  presidencial y enmarcado en su programa cuando nos dice “El desafío hoy es que las regiones y comunas y su gente dispongan de las capacidades y las herramientas para gestionar su destino. Ese es el desafío que asumiré en el próximo gobierno de la concertación”.

 

Chile no siempre ha sido un ente centralizado, en realidad ningún país en el mundo trata en sus inicios de entes centralizados, los países han nacido mediante la unificación de comunas (pueblos) políticamente autónomas, a quienes fueron centralizando en la medida que cercenaban sus derechos y atribuciones y se fueron desarrollando elites económicas y políticas que fueron absorbiendo para si todos los poderes llegando a crear el país desigual en derechos políticos y económicos que hoy conocemos.

Si Chile quiere realizarse como país democrático enmarcado en una sociedad igualitaria política y económicamente realmente dirigido por las mayorías, entonces, la ciudadanía debe comenzar por reganar sus comunas para sí mediante la lucha por la descentralización política y administrativa del estado.

La tarea es verdaderamente gigantesca si toma en cuenta que la lucha política por el control del estado centralizado, ha sido llevada siempre por partidos nacionales centralizados, que han adquirido ese poder para sí, se acostumbran a él y desarrollan hábitos autoritarios. El pueblo no ha hecho experiencia ni ha contado con organizaciones políticas locales que luchen políticamente por el control de los gobiernos comunales para sí mismo.

“Descentralización significa entregar, en gran medida, el poder de las decisiones públicas a instancias de Gobiernos Subnacionales (Regionales y Locales), que por su condición sociopolítica y territorial están más cercanos a la ciudadanía y sus problemáticas. Es decir, en términos simples, descentralización significa entregar el poder político efectivo a las comunidades regionales o locales, para realizar lo que estas determinen democráticamente”.

 

“Descentralización no es solo hablar de una política y un aparato orgánico administrativo de un Estado cualquiera. Es hablar de un concepto de sociedad que se funda en la reconstrucción de las comunidades políticamente organizadas, en donde la comuna se recrea como un instrumento para la decisión política soberana de las comunidades regionales y locales. (Pablo Monjes Reyes. La descentralización en Chile y los límites del modelo neoliberal. G-80 2008-09-26)

 

El estado chileno es un ente híper centralizado, pero además los partidos políticos que surgen y se desarrollan al interior de la sociedad chilena nacen con una visión y estructuras orgánicas centralizadoras que los asemeja al estado. El estado como ente centralizado y centralizador que controla y domina toda actividad política administrativa mediante y a través de todas las reparticiones públicas del país, manifiesta una red tal de puestos burocráticos que solo se pueden medir en miles. Un estado así, tiene un inmenso poder donde los partidos o coaliciones de partidos en ausencia de políticas e ideología claras u otros objetivos que no sea el poder,  luchan por el control del estado y poner este inmenso poder a su disposición usándolo a manera de control sobre las bases de los partidos mismos, los burócratas y sus funciones.

La inmensa cantidad de puestos burocráticos controlados por el gobierno de turno, son repartidos entre los diferentes partidos que conforman la coalición. A su vez, los partidos reparten puestos entre sus facciones internas de acuerdo con sus niveles de influencia. Esto crea al interior de los partidos fricciones y desacuerdos, a veces de manera abierta, por una cuota más de puestos, por lo tanto, de poder. Los gobiernos conformados en base a una coalición de fuerzas heterogéneas, no solo en orígenes sino también en objetivos, al solo luchar por obtener la más alta cuota de poder, crean una situación de anulación mutua a la hora de implementar políticas o medidas administrativas, permitiendo en la mayoría de los casos, la paralización en la formulación de objetivos políticos o proyectos de ley o, en el mejor de los casos su demora buscando el más alto rédito político eleccionario.

 

Todas las luchas partidarias a las cuales hemos sido testigos en los últimos treinta años, dentro y fuera de la coalición gobernante, se enmarcan claramente en la lucha por el control del aparato burocrático o en intensiones por acceder a más cuotas de poder dentro los diferentes poderes del estado y las instituciones representativas.

 

La lucha por el control del aparato burocrático del estado enmarcado y agravado  por el vacío organizacional por parte del pueblo, nace la corrupción y el conflicto de interés. Conflicto de interés manifestado mediante prácticas entreguistas de favores irracionales al empresariado, como robo a las arcas del estado en favor de grupos partidarios o de beneficio personal y en detrimento de la sociedad en su conjunto, porque puestos ante los intereses nacionales y sus propios intereses de grupo o individuales optan siempre por lo último. Mirado así, ¿En favor de quién responderán los funcionarios de gobierno, los legisladores en el senado, en la cámara de diputados o en las alcaldías, puestos en la disyuntiva de aprobar medidas democratizadoras que ayudan a la sociedad y su participación en idear un país para todos, pero socaba el poder del gobierno, su autoridad y visión política a los partidos, y, a ellos mismos? ¿Apoyaran la sociedad que dicen representar o, a los partidos que decidieron sus puestos y al cual tienen ligado sus intereses político y económico? ¿Especialmente cuando el pueblo se encuentra desorganizado por lo tanto sin capacidad de respuesta y control sobre sus elegidos?

 

¿Cómo podrían representar o velar por los intereses de la sociedad en su conjunto, si ni ellos mismos como partido, o como gobierno, han definido con claridad cuáles son esos intereses mayoritarios? ¿Cómo podrían representar intereses políticos y económicos de la mayoría si ellos mismos están ligados o han ido integrándose a los intereses políticos y económicos de la minoría en el país?

 

Obviamente, como hemos sido testigos innumerables veces, estos responden siempre a su partido o al gobierno, que a veces es lo mismo, abandonando la sociedad a su suerte con medidas paliativas o explicaciones sin ninguna dirección u objetivo otro que no sea calmar la mayoría del país como ha ocurrido en los casos de programas incumplidos y los procesos por corrupción con juicios inexistentes o palmadas en las manos. ¿No es abandonar la ciudadanía a su suerte como en el caso de los abusos y confabulaciones empresariales, que de ninguna manera se trata de casos aislados sino de prácticas constantes?

La centralización del estado por el poder que concentra en ausencia de organización ciudadana fuerte, conforma un terreno fértil para el chantajismo político de los apoyos condicionados a cambio de favores extras que se puedan extraer. Chantajismo al cual no solo el estado y los ministerios pueden ser objeto a la hora de presentar proyectos de ley, también se da entre los mismos partidos de una misma coalición. El paso del chantajismo y el clientelismo a la corrupción política y económica rampante lo define una línea muy fina que hoy se traspasa con demasiada naturalidad y frecuencia a todo nivel de gobierno y de partidos.

La falta de democracia al interior de los partidos todos, como la falta de objetivos país, evidentemente crean un estado de conflicto de intereses permanente al surgir la pregunta. ¿A quién sirven los partidos a la sociedad o a ellos mismos? Obviamente a ellos mismos. Tal cual ocurre hoy con la negociación por cupos a alcaldes, donde se regalan o se quitan alcaldías como si se tratara de una negociación entre dueños de fundos, a espalda de la gente en aquellos distritos. ¿Qué tiene de democrático todo esto?

La minúscula influencia de los partidos en la sociedad chilena es directamente proporcional a su trabajo político en el seno de la sociedad, sus conceptos organizativos, sus políticas ambiguas y formas de relacionarse con la ciudadanía. Ciudadanía que si sufre una doble exclusión. Una exclusión económica objetiva al tratarse de uno de los países con mayor desigualdad en el reparto de sus riquezas y una exclusión política subjetiva al no encontrar a nivel nacional un partido u organización en que ella pueda confiar.

En medio de esta situación de faltas de ideas organizativas, chantajes, clientelismo y corrupción, los partidos solo atinan a reforzar sus aparatos partidarios con formas de liderazgos autoritarios y repetitivos, que aleja y cierra la participación a la militancia que honestamente busca cambios en la sociedad y a posibles nuevos militantes, quedando los partidos y su necesidad de crecer y mantener influencias, en una posición de agencias de trabajo, donde los únicos requisitos motivadores para entrar son: contar con pituto (importante, pero no necesario), obediencia y boca cerrada. El clientelismo.

Estas situaciones descritas más arriba, solo tienen cabida y pueden existir en un vacío organizacional de la sociedad tal cual ocurre en nuestro país. Al no existir presión masiva y organizada alguna por parte de la sociedad que obligue a los partidos y al gobierno, sino a cambiar el rumbo de acomodamiento propio, a trabajar en elaborar plataformas medidas y proyectos de ley realistas de beneficio a la sociedad, que por último los obligue al decoro, permite que estos sigan funcionando en las nubes bostezando el sueño de sentirse progresistas.  Este vacío organizacional se debe en parte a que ningún partido presente en el escenario nacional aun en el extraparlamentario, han sido capaces de desarrollar una política y una relación organizativa con las fuerzas vivas de la sociedad moderna actual que la incentive a movilizarse y a la falta de imaginación o de balance, de los fracasos organizativos de los partidos, por parte de los líderes sociales naturales en función de encontrar métodos y conceptos organizativos para la organización ciudadana desde otro ángulo que no sea el tradicional de arriba para abajo.

Todas las carencias que sufre el país en materia democrática, desigualdades sociales y económicas son las mismas que hace más de treinta años cuando exigió cambios profundos. Entrego su mandato a una coalición y esta, en 30 años ha sido incapaz de llevar adelante las reformas económicas y cambio de constitución de una dictatorial a una democrática.

En realidad, las promesas de representación real y efectiva ya no bastan ni surten gran efecto en la mayoría de la población chilena si estas no van acompañadas de un rol real a jugar por ella. Evidentemente no ayuda al cortoplacismo el hecho que la sociedad vea a todos los partidos como corruptos buscando posicionamientos políticos solo para ellos. La irrupción de caudillo, díscolos y de otros tipos de yerbas, que de tanto en tanto surgen, solo traen mayor confusión como con el creativo oxímoron de Marcos Henríquez Ominami, ya hace varios años atrás, en el programa El Factor Guillier de TVN, donde nos dice que “es socialista, pero le gusta el mercado”. Linda manera de declararse neoliberal.

Ante este cuadro ¿es posible con estos mismos partidos y organizaciones avanzar políticas democratizadoras y descentralizadoras del poder político del estado con medidas y leyes que hagan posible y accesible la participación de la población, traiga sus sueños y revierta el alejamiento de los ejercicios políticos democráticos? ¿Estarán dispuestos los partidos en el poder y los que aspiran a él, ampliar y compartir ese poder? Hasta hoy, la respuesta siempre ha sido no.

Todos los intentos por ampliar la democracia, descentralizar el poder político del estado han quedado trabados por los partidos políticos mismos, que se oponen a entregar poder democrático a la ciudadanía por miedo a disminuir el propio y ser rebasados. Si bien esto en el pasado asusto a la Concertación, hoy asusta al FA.

El gobierno ciudadano que nos ofreció Michelle Bachelet trataba precisamente de llevar adelante un proceso de descentralización. Si bien el gobierno ciudadano trataba de un proceso de descentralización burocrática mostraba al menos la necesidad de llevar cambios que le permitiera al gobierno acercarse a la ciudadanía sin necesidad de cambios políticos. En efecto, los cambios descentralizadores del estado se han dado en su forma administrativa burocrática pero no política, como ha sido la creación de Gobiernos Regionales (GORE), donde los consejeros regionales eran nombrados por elección indirecta por los concejales comunales, solo ahora después de muchos años de tira y afloja serán elegidos de manera directa, pero el presidente del Consejo Regional seguirá siendo el Intendente, que solo cumple una labor administrativa pero no de gobierno como su sigla implica. Intendente que a su vez ha sido nombrado por el presidente de la nación como su persona de confianza.

Este intento descentralizador que se podría llamar avance, en realidad solo ha creado más puestos burocráticos por los cuales pelearse al no existir una descentralización política que permita realmente un acercamiento del pueblo a las distintas instancias de gobierno, nacional, regional y comunal. Porque no es lo mismo que el gobierno y los partidos se acerquen de manera paternalista a la ciudadanía a que la ciudadanía se acerque de manera organizada al gobierno y al poder. Acercamiento que solo es posible mediante la organización política de la población, no solo a través de partidos regionales, sino también comunales, que permita a la población crear sus propias organizaciones, para dirigir por ellos mismos, basados en intereses de desarrollo propios, su comuna y su región, para marchar desde esos parámetros en una organización política nacional federativa o el que ellas decidan democráticamente. Para esto se necesita una descentralización política del estado, nueva ley de partidos políticos o, mejor aún, cambiar la constitución.

Solo un proceso descentralizador político administrativo podría cambiar definitivamente la dinámica política nacional, le permitiría al país terminar con el vacío organizativo por parte de la ciudadanía, permitiría entrar en una ebullición de ideas participativas y de cambio propiciando a su vez presión política necesaria al gobierno a los partidos nacionales a reformularse no solo políticamente sino también estructuralmente, porque ni sus políticas ni sus estructuras dan cuenta de los cambios en Chile y el mundo.

La lucha más importante para centrarse en el momento actual, es la lucha por la ampliación democrática, mediante la lucha por la descentralización política y administrativa del estado, de manera que, mediante los espacios ganados en esta lucha, incentive aún más, la organización ciudadana, partiendo de los espacios locales comunales, regionales, como forma de llegar a lo nacional con un pueblo verdaderamente organizado y representativo de los espacios más pequeños hasta los más grande. Esto significa un nuevo enfoque, una nueva manera organizativa y un enorme trabajo y sacrificio, que no tiene nada de glamoroso ni mediático, es desconocido, contra la corriente, desvalorado, ninguneado, pero es concreto, real, basado en interés y necesidades locales inmediatas concretas, pero pensando en futuro. Es un trabajo de contraste total en tanto ideas, objetivos y conceptos organizativos y el tipo de organización a crear, con el llevado a cabo por la mayoría de los partidos de la Concertación y por el FA ahora.

Lo más importante hoy, para crear los cimientos de cambios importantes es la reorganización política ciudadana por la base local y territorial.

 

Por Rafael Cerpa