El Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, perteneciente al Partido Comunista (PC), ha sido protagonista de un episodio que ha suscitado polémica y debate en el ámbito político y legal chileno. Este jueves , Jadue denunció públicamente que se le impidió salir del país para realizar un viaje de tres días, a pesar de no existir medidas cautelares en su contra. Además, el edil afirmó que la Fiscalía amenazó con detenerlo si intentaba abandonar el territorio nacional.
Según declaraciones del Alcalde, esta situación constituye una acción arbitraria que viola sus garantías constitucionales, al establecer una medida cautelar de facto sin el debido proceso legal. Jadue relató que, después de pasar por todos los controles en el aeropuerto, un policía de la PDI le informó que la Fiscalía no quería que viajara, lo que consideró como una persecución sin precedentes.
La defensa de Jadue ha anunciado que tomará todas las acciones judiciales y administrativas pertinentes para abordar este incidente. Se destaca que, hasta la fecha, no hay medidas cautelares vigentes o solicitadas por la Fiscalía en su contra, lo que genera interrogantes sobre las razones detrás de la prohibición de su viaje.
El motivo aducido por la Fiscalía para impedir el viaje de Jadue se fundamentó en que este está citado a una audiencia de formalización de investigación para el 29 de mayo. La Fiscalía argumentó que informó al abogado defensor del imputado sobre la posibilidad de solicitar una medida cautelar personal para garantizar la realización de dicha audiencia. Sin embargo, posteriormente se informó que Jadue desistió voluntariamente de viajar.
Es importante señalar que Daniel Jadue ha expresado públicamente que el proceso judicial en su contra es parte de un intento por sacarlo de la carrera presidencial por medios administrativos, denunciando incluso la existencia de un lawfare en su contra. Esta postura ha generado debates sobre la separación entre el ámbito político y el judicial, así como sobre la imparcialidad de las instituciones en casos de alto perfil político como este.
El caso del Alcalde Jadue pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre el poder político y el poder judicial en situaciones de confrontación política. La falta de medidas cautelares formales y las acusaciones de persecución política plantean desafíos importantes para el sistema legal y el ejercicio democrático en Chile.
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El FA y el Gobierno están detrás de este atropello. La PDI no se manda sola, ni el CDE tampoco. Es a ellos que favorece desprestigiar al excelente alcalde Jadue si quieren repostular a Boric puesto que no tienen nadie más a la vista. La Derecha mientras tanto se solaza.
Es sabido -aunque nos auto-engañamos al respecto- que en Chile no existe una auténtica democracia ni un Estado de Derecho.
Pero, en general, guardamos las formalidades que sustentan nuestro auto-engaño. Sin embargo, lo que se relata en el artículo supera ya todo límite: La policía amenaza a un alcalde con detenerlo ilegalmente si insiste en querer salir del país, porque tiene anunciada una audiencia para que eventualmente sea formalizado el próximo mes. Y, al mismo tiempo -según el artículo- lo amenaza (¿adicionalmente?) con solicitar medidas judiciales cautelares para evitar su salida. Además de un acto abiertamente ilegal que habría cometido (según el artículo) la PDI, estaríamos entrando en el surrealismo puro...