Impunidad y regresión autoritaria: El proyecto de amnistía para carabineros formalizados y condenados por violaciones a los derechos humanos

El reciente asesinato de tres funcionarios de Carabineros en Cañete, en la región de La Araucanía, ha generado una serie de acciones y reacciones en el ámbito político chileno, especialmente en el Congreso Nacional. Este trágico suceso obligó a suspender la semana distrital y convocar de emergencia a las comisiones de Defensa, Constitución y Seguridad de ambas Cámaras para abordar proyectos clave en materia de seguridad.

En este contexto, los comités de derecha, junto con Demócratas, lograron poner en tabla la discusión de un proyecto presentado por la UDI que busca establecer una amnistía general para carabineros que hayan sido condenados o formalizados por violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. La senadora Luz Ebensperger (UDI) informó que esta iniciativa comenzará a tramitarse en la comisión de Seguridad, a pesar de la oposición inicial del oficialismo a que el proyecto entrara en revisión.

El proyecto de amnistía contempla el periodo desde el 7 de octubre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020 y beneficiaría a funcionarios de Carabineros, PDI y Ejército que hayan sido condenados o formalizados por apremios ilegítimos, homicidios u otros delitos vinculados a represión policial registrada en el marco del estallido social.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, respaldó la iniciativa argumentando que se deben tomar medidas concretas ante la situación del país y que no bastan los discursos. Macaya mencionó la necesidad de dar una señal a Carabineros respecto a la posibilidad de amnistía para aquellos que se encuentran en una situación de condena por haber defendido a Chile.

Sin embargo, el proyecto ha generado fuertes críticas tanto desde el oficialismo como desde organizaciones de derechos humanos. Personeros del gobierno han cuestionado el oportunismo de la derecha al impulsar este proyecto tras el asesinato de los funcionarios policiales. El senador Daniel Núñez (PC) calificó esta acción como «oportunismo canallesco» y señaló que la iniciativa busca dar impunidad a violadores de derechos humanos.

Por su parte, el director de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, ha señalado que el proyecto es inconstitucional y va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, que exigen la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos.

El debate en torno a este proyecto de amnistía promete ser intenso y polémico en el Congreso, ya que enfrenta posiciones encontradas sobre la justicia, la memoria histórica y el respeto a los derechos humanos.