En una sesión marcada por extensas jornadas de trabajo y votaciones, la Cámara de Diputados debatió y finalmente rechazó una propuesta que modificaba la ley de Competencia de los Tribunales Militares en Chile. Esta propuesta, que formaba parte de un proyecto más amplio sobre el uso de la fuerza por parte del personal de orden y seguridad pública (boletín 15805), generó un intenso debate en el cual se confrontaron visiones sobre el papel de los tribunales militares en situaciones específicas.
La iniciativa legislativa define el uso de la fuerza como aquella ejercida por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y de Orden y Seguridad Pública para dar eficacia al derecho. Esto en virtud del deber del Estado de resguardar y garantizar el orden y la seguridad pública interior, conforme a la Constitución y las leyes. Tras múltiples votaciones del articulado del proyecto, finalmente se despachó el texto al Senado con algunas modificaciones a lo propuesto por las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Constitución.
Asimismo, la Sala respaldó la propuesta de las comisiones unidas sobre los principios que guiarán a los funcionarios en el uso de la fuerza. Aquí se consideraron principios tales como el de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.
El proyecto en cuestión, boletín 15805, tenía como objetivo regular el uso de la fuerza tanto para el personal de orden y seguridad pública como para las Fuerzas Armadas en funciones relacionadas con la seguridad interna del país. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos giró en torno a la competencia de los Tribunales Militares durante estados de excepción constitucional, protección de infraestructura crítica y otros escenarios.
La comisión encargada de revisar este aspecto propuso que, durante dichos estados de excepción, los delitos imputados a militares en cumplimiento de sus labores fueran conocidos exclusivamente por los Tribunales Militares. Esta propuesta encontró defensores y detractores en el hemiciclo, quienes expresaron argumentos a favor y en contra de esta medida.
Los defensores de la modificación argumentaron que otorgaría mejores garantías en el ejercicio de las funciones de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, además de permitir procesos de juzgamiento especializados. Sin embargo, los críticos la catalogaron como un «retroceso civilizatorio» que contravenía normas internacionales de protección de los derechos humanos.
La discusión llegó a su punto culminante cuando la Mesa de la Cámara declaró inadmisible la norma, respaldando así la postura de quienes consideraban que esta medida se alejaba de los objetivos primordiales del proyecto en cuestión. Esta decisión fue apoyada por una estrecha mayoría de 72 votos a favor de la admisibilidad, 71 en contra y una abstención, reflejando la división y la importancia que revestía este tema para el legislativo.
El rechazo a las competencias de los Tribunales Militares durante ciertas situaciones específicas se erige como una posición que busca salvaguardar los principios fundamentales de la justicia y los derechos humanos en el país, aún en contextos de excepcionalidad. Este episodio deja en claro la importancia de los debates parlamentarios en la configuración de políticas públicas que afectan directamente a la sociedad y su convivencia democrática.
Disparos al rostro
Otras normas que también se criticaron por las y los diputados fueron las que ampliarían los eximentes de responsabilidad de las y los uniformados. Asimismo, que quedara fuera del debate la limitación para apuntar con armamento menos letal al rostro, cabeza o torso. Si bien el gobierno insistió en reponer estas normas, a través de indicaciones, éstas no lograron los votos necesarios.
En tanto, las y los legisladores cuestionaron el rechazo en las comisiones del principio de proporcionalidad y el artículo para evitar la tortura, por encontrarse sancionado en el Código Penal. Sin embargo, esta última materia logró se reincorporada tras las votaciones del proyecto en Sala, por 73 votos a favor y 70 en contra.
Quienes apoyaron en sala el proyecto aseguraron que este se mejoró en la tramitación en las comisiones unidas, en los últimos días. A su juicio, las modificaciones del proyecto permiten entregar mayores herramientas para el resguardo del orden y seguridad pública.
Un punto de vista no compartido por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. En su intervención en el debate señaló que ninguna de las ramas de las FF.AA. ni Carabineros “pidieron tener reglas más laxas”. A su juicio, lo que se hace “es exacerbar falsas polémicas y poner en boca de Carabineros y FF.AA.” demandas que no son tales.
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Este gobierno no tiene remedio: cómo cae en el juego de la derecha y la ultra derecha. Ninguna de estas leyes tienen que ver con la delincuencia. Todas están referidas al orden público, es decir para la represión pura y dura: ¿Democracia?, ¿Estado de Derecho? ¡Váyanse al carajo!