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¿Cabildo filosófico? Un “manifiesto parlamentario” descalzado

La notoria desorientación del gobierno (Presidente, ministros, gabinete, “segundo piso”, o sea, poder ejecutivo) y la lentitud argumental de la casta política en general (particularizada en los diputados y senadores de la República, o sea, poder legislativo), no menos que la menesterosa auto-anulación de los magistrados de la Ley (o sea, poder judicial), configuran una señal patológica de gran evidencia que revela la intensa, densa, extensa, íntima, capilar descomposición (o sea, corrupción, putrefacción) que aqueja a la parte dominante del cuerpo político de nuestra República chilena. Una señal, síndrome o síntoma que se ha tornado plenamente palmaria y cuasi tangible en el evento reciente que se ha llamado “estallido social” y que pronto cumplirá su primer mes de vida (y muertes: ya van más de 25 víctimas fatales).

 



Me permito considerar que no desmienten el aserto precedente la reciente “proposición” formulada en una maratónica sesión a marchas forzadas de representantes de todos los partidos políticos (de gobierno y de oposición)  que ha generado, luego de cerca de 20 horas de negociaciones y debates, un “manifiesto” con visos de “decreto legislativo” que se ha intitulado “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución”, emitido públicamente en la madrugada de este viernes 15 de noviembre; así como tampoco lo hacen las declaraciones dadas a conocer públicamente este mismo día por el presidente de la Corte Suprema, magistrado Haroldo Brito, que supuestamente representan, además, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones, las que celebran y apoyan aquel manifiesto legislativo “madrugador”. Maestoso ma un poco tardi. Más adelante examinaré brevemente estas acciones discursivas.



Ni el gobierno ni el parlamento ni los altos jueces ni fiscales han exhibido siquiera alguna mínima pizca de grandeza en la obligación que les embarga de tener que hacerse cargo, de alguna u otra forma, de la manifestación popular masiva que se ha caracterizado como una “revuelta social”. Poca o nula capacidad de escucha, audición, sensibilidad o entendimiento han demostrado respecto del mensaje claro y sencillo y unívoco que surge como clamor multitudinario de las movilizaciones ciudadanas que se han expandido por todo el territorio de nuestro país: “¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE!” (o sea, claramente, derogación, destitución del “sistema” imperante desde 1973 : destitución de lo que se ha llamado “el Modelo”, destitución de la Constitución Pinochet-Guzmán de 1980, derogación de un régimen de abuso que lleva ya cerca de 50 años y que se funda en la mercantilización masiva y extensiva de todos los aspectos principales de la vida: salud, educación, transporte, seguridad social, etc.; un “sistema” que se establece sobre el aplastamiento persistente de la soberanía del Estado chileno, su República y todas sus naciones en virtud de la privatización –o sea, entrega, enajenación abusiva y corrupta– de los recursos estratégicos y naturales de Chile).



Se contrargumentará que precisamente en el día de hoy, viernes 15 de noviembre, a tres semanas de la gran marcha-concentración en la Plaza Italia de Santiago, la que propinó un knock out político definitivo al actual gobierno y a la casta cogobernante (gobierno / oposición), obligándolo, entre otras cosas, a levantar el estado de excepción y el toque de queda y a destituir al ministro del Interior, Andrés Chadwick, hoy precisamente la conjunción de todos los partidos políticos (representados por un cierto reducido número de diputados y senadores) ha emitido el referido “manifiesto” que, entre otras cosas, “acepta” que se dé inicio a un proceso de construcción de una “Nueva Constitución” que permita la definitiva destitución / derogación / anulación de la Constitución Pinochet-Guzmán de 1980. Antes de acometer un breve examen del aludido “manifiesto” que reservo para párrafos ulteriores, debo insistir en la lentitud, tardanza, reticencia, inoportunidad de tal acto enunciativo: en una operación contra reloj intenta en menos de 20 horas compensar y acomodar el vacío de casi 50 años de denegación.



El gobierno ha acudido de forma extremadamente torpe y atolondrada a la represión policial masiva, al estado de excepción, al toque de queda, y, tras el levantamiento de estos últimos por efecto del mandato popular manifestado urbi et orbe en la inmensa concentración en la Plaza Italia de Santiago del 25 de octubre, otra vez a la represión policial a base de armas químicas prohibidas internacionalmente desde el fin de la Primera Guerra Mundial (Convención de Ginebra, 1925), no menos que de disparos de bolines y bolones que han causado miles de heridos de consideración y más de doscientos ciegos y ciegas (de uno o ambos ojos).



El Parlamento ha reaccionado con lentitud y reticencia, tal vez con timidez y temor (o sea, de modo timorato). Muy tardíamente el Presidente del Senado y el Presidente de los Diputados han resuelto convocar a las comisiones parlamentarias respectivas a iniciar un “proceso constituyente”, convocación tímida y reducida. Tan sólo el día 11 de noviembre (más de 3 semanas después del inicio de la “revuelta”) los partidos de la Oposición (con mayoría en ambas cámaras: Senado y Diputados) han emitido una declaración conjunta que respalda públicamente el clamor ciudadano por una “¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE!”. Tardi allegro ma non tanto. (Sólo uno o dos días después, dicho acuerdo de la Oposición fue obliterado, cuando diversos partidos, tales el PPD, PR, PS y otros, consintieron en la transmutación del enunciado “asamblea constituyente” por una fórmula transaccional engañosa: “convención constitucional”).



El poder judicial ha brillado por su ausencia, una que toma la forma del silencio. Maldito silencio (o sea, acallamiento o inhibición de la sentencia y la palabra y el juicio, funciones cuya suspensión anula el sentido mismo del ejercicio judicial) roto tan sólo por algunas pocas honrosas excepciones (Lamberto Cisternas, 30 de octubre, declara que el “clamor popular” impone la formación de una “nueva Constitución”).



En medio de la desgracia y la catástrofe que afecta a miles de miles de chilenas (chilenas todas) es el gobierno y su jefe (Jefe de Estado, por demás) quien ha debido encarnar el papel más “patético”: reprimir con extrema violencia, declarar estado de excepción y toque de queda, acatar a regañadientes el mandato popular expresado en la revuelta y particularmente consagrado en la concentración masiva del 25 de octubre, destituir a sus ministros estrella (Interior y Hacienda, su primo Andrés Chadwick y el “perito” Larraín), levantar el estado de excepción y el toque de queda, retomar la represión policial con extrema violencia, emitir una serie de declaraciones y discursos oficiales vacíos de propuestas y contenidos efectivos, o sea, políticamente inválidos, que se repiten hasta el agotamiento: declaración huera de una genérica aceptación de los mandatos populares que emanan de la movilización: justicia social, nueva Constitución, “seguridad”. Promesas vacías, pronunciadas sin convicción, que procuran generar efecto “mediático” en una población (19 millones) mayoritariamente incrédula, inmune a las promesas fraudulentas, aquéllas que jamás serán cumplidas. Contra esas imágenes que repiten y repiten los medios oficiales (encarnación de la anulación de toda libertad de prensa en un país supuestamente democrático, o sea, Chile), la muchedumbre exaltada y enardecida canta y grita: “El pueblo unido / Jamás será vencido”.



Cabría preguntarse por qué diablos estos poderes republicanos no han buscado orientación o inspiración o al menos simples puntos de referencia en los extensos y densos debates y discusiones que se han producido en nuestro Chile desde la destrucción de la democracia en 1973 hasta el presente. Y merecería la pena mencionar los múltiples “cabildos” y asambleas y reuniones informales que surgieron en torno al “problema constitucional de Chile” cuando Michelle Bachelet intentó en 2015 (de forma tortuosa y de antemano fallida) iniciar un “proceso constituyente” en nuestro país. Al parecer este proceso se ha reiniciado, entre otras cosas, merced a la iniciativa de la Asociación Chilena de Municipalidades, que reúne a 330 comunas de Chile, consistente en realizar una consulta ciudadana acerca de la nueva Constitución. ¿Por qué razón los referidos poderes no han consultado ni considerado las proposiciones formuladas en múltiples exposiciones, publicaciones y mesas redondas por diversos colectivos, tal el Foro por la Asamblea Constituyente que lidera el historiador Sergio Grez Toso?



Resulta lamentable que la señalada Asociación Chilena de Municipalidades haya resuelto suspender sine die la consulta ciudadana que habían proyectado para el día 7 de diciembre próximo. Tal suspensión parece proceder de una lectura tal vez demasiado rápida del referido “manifiesto” de los partidos políticos. Es razonable esperar que dicha iniciativa sea retomada por la Asociación Chilena de Municipalidades ¡ojalá antes de la llegada del miserable Viejo Pascuero y su siniestro saco que pretende engullirnos a las chilenas todas!



Mucho sorprende, sin duda, que ni gobierno ni parlamento hayan prestado alguna atención a ciertas reflexiones y propuestas de intelectuales y teóricos de Chile que asumían en 2016 “el problema constitucional” que planteaba el programa de Bachelet de dar inicio a un “proceso constituyente”. Surgía nítidamente en esos discursos la inextricable relación entre la “Constitución” y el “Poder Constituyente” que la establece, no menos que entre éste y el “antiguo orden” o “ancien régime” destituido que exhibe a aquél, a la vez, como “Poder Destituyente”. Arturo Fontaine (director por muchos años del Centro de Estudios Públicos) propuso en aquella coyuntura “el retorno a la Constitución de 1925”, entendida como un suelo / territorio / fondo histórico, sobre el cual podría apoyarse el tránsito desde la “destitución” de la Constitución de 1980 en el camino hacia la “Nueva Constitución”. Fue secundado por muchos intelectuales, escritores y filósofos, entre ellos, Renato Cristi.



Curiosamente, en este argumento la “Constitución de 1925” (en su condición de Ley violada y destituida por el Golpe de 1973) resurgía como recurso y retorno (transitorio) que aseguraba la saturación de un vacío (el del “tránsito” a lo nuevo) representado como “hoja en blanco” (en una figura que evocaba con fuerza la poética de Mallarmé). Parece que, de modo fantasmagórico, el argumento de la “página en blanco” ha retornado en las negociaciones y debates de los partidos políticos que han culminado en el “manifiesto” parlamentario. Particularmente, en la discusión acerca del quorum requerido para la aprobación de los diversos artículos, acápites, incisos y capítulos de la “nueva Constitución”, se destrabó el diferendo sobre la base de asumir que, en caso de falta de quorum, no se retornaba a las disposiciones correspondientes de la Constitución de 1980 (puesto que en efecto, se trata de su destitución), sino a “la página en blanco”. (Juzgo instructivo considerar que en ningún momento, al parecer, prosperó la idea de sustituir dicha “página en blanco” por la “Constitución de 1925”).



No han faltado, en la coyuntura reciente, sensatas recomendaciones y propuestas. El profesor Carlos Ruiz Schneider, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, ha visto en el movimiento actual por una “nueva Constitución” una auspiciosa posibilidad de avanzar hacia una mayor democracia, lo que reclama, en su opinión, una justa combinación entre “democracia representativa” y “democracia participativa”. Por su parte, el politólogo Carlos Huneeus, director del CERC, ha propuesto recientemente una vía hacia la reforma constitucional que supone la inmediata suspensión del Parlamento, nuevas elecciones legislativas y la elección de un nuevo Congreso dotado de facultades constituyentes. El abogado José Aylwin Oyarzún ha insistido recientemente sobre “la trampa” que habita la Constitución de 1980: la imposibilidad de una “Asamblea Constituyente” y los fatídicos quorum supramayoritarios de los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio para establecer reformas constitucionales. No es improbable que una sombra o reflejo de estos argumentos hayan rozado tangencialmente a algunos de los parlamentarios reunidos para emitir el “manifiesto” (entre ellos el espectro del quorum supramayoritario).



Muchos sociólogos, historiadores, teóricos, intelectuales y literatos de América y otras latitudes están hoy por hoy inclinándose a practicar análisis y estudios acerca del significado, contenido y densidad del reciente movimiento social chileno que ha sido caracterizado como un “estallido social”. Trátase sin duda de una gran “rebelión popular”, extensa y mayoritaria, que compromete todo el territorio del Estado o República de Chile. Intervienen en ella fuerzas diversas y diferenciadas, “vientos contrarios” (según la obra de Huidobro de 1926), entre los cuales cabe reconocer a los movimientos estudiantiles, las asociaciones sindicales, los grupos ciudadanos diversos de inspiración anarquista y ecologista, los contingentes diversos del Lumpen suburbano, la delincuencia organizada y el minitráfico marginal, los vecinos y comerciantes, no menos que agentes camuflados entre “encapuchados” y otros actores semivisibles que han asumido operaciones que ya en la época de la Unidad Popular (1970-1973) fueron conocidas e identificadas como la “organización del caos”.



Entre esas muchas consideraciones y análisis en curso hay una observación certera y luminosa que destaca con brillo evocador del lucero matinal del emblema mapuche. El jurista Hernán Montealegre, denodado defensor del Derecho Penal Internacional cuando Pinochet fuera aprehendido en Londres (1998), ha señalado recientemente: “(…) lo que se está viviendo es un hecho jurídico de muchísima importancia (…) lo que ha ocurrido es que el país se ha constituido en un plebiscito”. Tal irrupción plebiscitaria se ha impuesto de facto por sobre todos los impedimentos y cortapisas que han procurado impedir, reprimir o diferir su realización. No obstante: ¡Ha surgido, está allí, en las calles y paisajes de Chile, convertido en movimiento social multitudinario! Se trata de un plebiscito que no tiene teléfono ni página web ni cuenta en twitter: se trata meramente de los pueblos y naciones de Chile que cumplen el ejercicio de reafirmar la soberanía de su poder de autodeterminación. Este poder, por lo demás, en la actual coyuntura no es un mero poder plebiscitario, sino que se erige, de forma plenamente visible y pública, en un NUEVO PODER CONSTITUYENTE que se orienta a la DESTITUCIÓN de la Ley Pinochet-Guzmán de 1980 y a la instauración de una CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA que asegure la justicia social y los derechos fundamentales frente a los abusos de la mercantilización neocapitalista.



Montealegre argumenta, para mayor abundamiento, en favor de la efectiva existencia del “plebiscito de facto”. El abandono de su programa por el gobierno, la suspensión del estado de emergencia y del toque de queda, la destitución del ministro del Interior y de Hacienda (los “intocables” Chadwick y Larraín), la presentación de una “agenda social” de urgencia, configuran una demostración evidente del acatamiento por el poder ejecutivo de los mandatos populares que emanan del “plebiscito”. Otro tanto cabría señalar respecto del poder legislativo: diversas acciones en favor del “proceso constituyente” y declaraciones en pro de la “Asamblea Constituyente” por parte de la Oposición (mayoritaria en el Parlamento) jalonan el camino que conduce al “manifiesto” parlamentario de 15 de noviembre que consagra la destitución de la Constitución Pinochet-Guzmán de 1980 y la celebración de un “proceso constituyente” que ha de culminar en la promulgación de una “nueva Constitución” (democrática, participativa, representativa).

 


El referido “manifiesto parlamentario” de 15 noviembre que se intitula “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución” se presenta como un acuerdo de todos los parlamentarios de gobierno y oposición orientado a hacer posible un “proceso constituyente” que, juntamente con la destitución de la Constitución de  1980, culmine en el establecimiento de una nueva Constitución democrática, inspirada en la justicia social y en el respeto de los Derechos Humanos. ¡Laudable iniciativa! Surgen, no obstante, graves escrúpulos al respecto. El enunciado final del pacto parlamentario se presenta como “unánime” (convergencia de gobierno y oposición), pero esta condición no se cumple: el Partido Comunista y otras agrupaciones políticas se restaron desde mucho antes de la medianoche del jueves 14 a la participación en el debate, la negociación y los acuerdos finales. Oscuro o vago resulta, por lo demás, el estatuto del acuerdo y del documento final: ¿Es un acto legislativo oficial del Parlamento de Chile? ¿Actúan los parlamentarios participantes a título personal o con autorización y poder de representación de sus respectivos partidos? ¿Qué valor jurídico tiene la declaración final en cuanto expresión de un conjunto de parlamentarios reunidos? ¿Requiere tal declaración el respaldo del conjunto de los parlamentarios que estuvieron ausentes y no participaron?



Por las consideraciones señaladas, considero que el texto y el acto de discurso que lo sostiene deben caracterizarse como un mero “manifiesto parlamentario”, desprovisto de la fuerza que descansa en la Ley y la autoridad política regularmente expresada. La pretensión de constituir (texto y acto) una “decisión de Estado”, una suerte de “dictamen legislativo” (de dudosa legalidad), señalada y refrendada en la serie de discursos transmitidos por TV de los diversos “jefes” de partidos o “impulsores” del acto / texto, exhibe de forma evidente sus carencias y falta de sostén jurídico. Esta carencia explica el inmediato respaldo compensatorio por parte del ejecutivo (ministro Blumel), quien esa misma madrugada abunda en el carácter de “resolución de Estado” que el referido “manifiesto parlamentario” asumiría. Para mayor abundamiento, en horas matinales del mismo día viernes, ocurre la declaración del ministro Brito en representación aparente del conjunto del poder judicial en el sentido de celebrar y aplaudir el “manifiesto parlamentario” y, por sobre todo, afirmar su condición de “resolución de Estado”.



Los pueblos y naciones de Chile que se han constituido en estado de plebiscito y que, en tal condición, asumen y reafirman la plenaria soberanía de su poder de autodeterminación no aceptan ni aceptarán tal burdo y fraudulento intento de suplantación que el referido “manifiesto parlamentario” enarbola públicamente con el propósito de anular y desplazar el poder plebiscitario que estas naciones y pueblos han asumido resueltamente desde el 18 de octubre pasado. Por mucho que el referido “manifiesto parlamentario” aparezca revestido de la autoridad del Estado expresada con fementido y abultado énfasis por las más altas autoridades del poder legislativo, ejecutivo y judicial, tal pretendida autoridad no está en condiciones de burlar y birlar la supremacía soberana de las naciones y pueblos de Chile constituidas en estado plebiscitario. Éste, por lo demás, ha precisamente desautorizado a aquellas autoridades que han decaído por décadas en el descrédito popular por efecto de su evidente complicidad con los abusos, extorsiones y crímenes que las naciones y pueblos de Chile vienen padeciendo de forma continua desde 1973 hasta el presente.



Tampoco aceptarán nuestros pueblos y naciones que el plebiscito que ya se encuentra en curso resulte secuestrado, reconducido, manipulado y manejado por unas autoridades gubernativo-legislativas que se encuentran profundamente cuestionadas y son objeto de severa sospecha. Desde luego, no aceptarán ni podrán aceptar que la fase constituyente del plebiscito (es decir, la fase de su formalización que pueda dar lugar a las formulaciones explícitas de las vindicaciones plebiscitarias, no menos que a la construcción autónoma y democrática de una Constitución democrática y social que reemplace y destituya definitivamente a la de 1980, hoy por hoy mortalmente agónica) sea diferida para unas lejanas calendas, las calendas de abril. Las naciones y pueblos de Chile procurarán dar inicio a la fase constituyente del plebiscito en el tiempo más próximo e inmediato posible (ojalá poco después de la retirada del Viejo Pascuero, quien ha de llevarse en su saco las pretensiones abusivas de las desautorizadas autoridades gubernativo-legislativas).



Por ningún motivo consentirán los pueblos y naciones de Chile que se modifique el enunciado “Asamblea Constituyente” (mil veces cantado y transcrito en los muros de los villorrios y villas y ciudades de Chile) por el anodino y engañoso título “Convención Constitucional”.



Resueltamente rechazarán nuestras naciones y pueblos toda tentativa de someter los procesos de debate y construcción de la nueva Constitución, no menos que el conjunto del desarrollo del plebiscito, a cualquier tutela neutralizadora, limitativa y cercenadora de su autonomía, así dicha tutela se revista del plausible título de “Comité Técnico”, en un evidente esfuerzo por hacer intervenir “por mano ajena” a los desconocidos de siempre: las desautorizadas autoridades gubernativo-legislativas actuales.



En ejercicio plenario de su poder soberano, los pueblos y naciones de Chile no tolerarán el subrepticio propósito de reincorporar, por medio del manido arte de birlibirloque, la Constitución del 80 que se procura destituir en la nueva Constitución que la inmensa mayoría de nuestro país procura construir: tal arte de birlibirloque se concentra en la proposición Nº 6 del “manifiesto parlamentario”: la asunción permanente y constante del fatídico quorum supramayoritario de los 2/3 de los asambleístas constituyentes. Es evidente que dicho quorum concede a una minoría de poco más de 1/3 un poder permanente de veto que asegura la suspensión o anulación de toda legislación que dicha minoría rechace. (Todo Chile está enterado que la derecha representada en el “neo-piñechetismo” reúne de sobra ese tercio que puede actuar como cerrojo permanente). La “nueva Constitución” que resultase de la aplicación de dicha “proposición Nº 6” sería indudablemente la misma que aquella que la inmensa mayoría de Chile quiere destituir.



¡Los pueblos y naciones de Chile agitados en una movilización continua en defensa de la vida, la justicia y la cultura desconocerán toda pretendida autoridad del “manifiesto parlamentario” y denunciarán la fraudulenta superchería contenida en él!



Muchos cientos de millones de ciudadanos y ciudadanas de América y del ancho mundo estarán atentos para respaldar la lucha de Chile por instaurar de forma autónoma un régimen político-económico-socio-cultural genuinamente democrático.

 

Por Miguel Vicuña

 

 

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Modificado por última vez en Domingo, 17 Noviembre 2019 11:01

2 comentarios

  • Gino Vallega
    Enlace al Comentario Gino Vallega Lunes, 18 Noviembre 2019 11:13

    El proceso del "manifiesto parlamentario" bien articulado en su génesis y su aplicación posterior por los mismos malqueridos de siempre.El peligro del "manifiesto civilizatorio" como la "campaña civilizadora" del pasado para destruír al pueblo que haya que destruír para salvaguardar los privilegios deccasta.

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  • César
    Enlace al Comentario César Domingo, 17 Noviembre 2019 21:18

    Don Miguel:
    Si es consecuente con su análisis, será preciso detallar hasta el último detalle QUIEN ha prodigado, abastecido, sumisnistrado los elementos de represión.
    Chie NO fabrica las bombas lacrimogenas; no lo perdigones encegecedores..
    Vamos>!
    Diga QUIEN está detras!
    No bastan los "destapes" de cuanta cerveza consume el generalato.

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