Trabajo

Trabajo (25)

En Chile, un sindicato interempresas hizo lo inédito: unir a Mc Donald’s y Burger King por los derechos laborales. Junto a los trabajadores de Starbucks, llevarán la consigna de ganar $500 mil como base, el derecho a sentarse y no realizar turnos maratónicos. Su meta es sumar a las demás franquicias.

 

El Colegio de Profesores, junto a los directivos de los cinco gremios del Sector Público, se reunió con los senadores Yasna Provoste, Carlos Montes y Ricardo Lagos para explicar la postura de los trabajadores ante la propuesta del Ministerio de Hacienda de reajuste fiscal 2020, que este miércoles fue rechazada por la Cámara de Diputados. La iniciativa pasará al Senado donde se espera que existan modificaciones que beneficien a los empleados públicos, lo que implicaría que la tramitación de la ley será revisada por una Comisión Mixta.

El economista y coordinador del Programa de Políticas Públicas de la Fundación Instituto Estudios Laborales (FIEL) de la CUT, Fernando Carmona, hizo un descarnado análisis de las consecuencias que traerá al país si se aprueba tal cual el Proyecto de Ley sobre Presupuesto de la Nación 2020 que envió el Gobierno al Congreso, el cual considera el aumento del gasto público en  un 3% real.

Miles de personas se congregaron este domingo en varias ciudades del país para exigir al Gobierno del presidente Sebastián Piñera un sistema de pensiones solidario, de reparto y público, que garantice jubilaciones dignas a los trabajadores.
 
 
 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores No + AFP convocó esta semana a una gran marcha nacional este domingo 6 de octubre para apoyar la nueva estrategia judicial que busca que los trabajadores y trabajadoras puedan retirar sus fondos. Esta será la prueba si, tal como han dicho las administradoras, el dinero es o no es de los ahorrantes.
 

Con una amplia asistencia en cada una de las jornadas, finalizaron las asambleas del Sindicato de Supervisores de Minera Los Pelambres, donde se analizó el estado actual de la negociación, la última oferta de la empresa y los pasos a seguir, de cara a la votación que se desarrollará los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre.

 

La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, FENAMIP, señala que a propósito de la decisión del Ejecutivo para ingresar a trámite una iniciativa que reforme la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, que no apoyará un proyecto de reforma que no contemple fiscalizaciones externas a la institución y termine con las discriminaciones económicas que afectan a los estamentos de menor remuneración de la Institución.

 

FISCALIZACIONES EXTERNAS

Debido a diversos casos en los que hemos evidenciado situaciones contrarias a la probidad administrativa y decisiones abiertamente arbitrarias, es que no apoyaremos un proyecto que no solucione la falta de control externo y considere competencia de la Controlaría General de la República para ciertas materias, pues creemos que la forma de robustecer a la institución y a alejarla del cáncer y los tentáculos de la corrupción, es mediante esfuerzos y mecanismos interinstitucionales que busquen fijar estándares mínimos de legalidad en aquellas resoluciones que afecten la objetividad, imparcialidad y autonomía con la que debe actuar el Ministerio Público, tales como aquellas resoluciones que determinen desechar denuncias o el inicio de una investigación administrativa de manera injustificada, o sobre aquellas resoluciones que determinen desvinculaciones injustificadas por vía administrativa y la posibilidad de reclamar sobre concursos públicos viciados.

 

También consideramos necesario un control financiero de la institución persecutora, pues creemos que la institución que ejerce la persecución penal debe ser un organismo incólume y pulcro ante cualquier atisbo de corrupción, entregándole todas las herramientas necesarias a los fiscales para realizar su labor de forma autónoma y sin presiones indebidas, pues estas medidas aportaran mayor transparencia sobre la forma en que se distribuyen y focalizan nuestros recursos públicos, indica FENAMIP.

 

 

DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA

 

 Los funcionarios/as de menores ingresos en nuestra institución sufren una discriminación histórica, esto debido a que el incentivo económico de la asignación profesional que es reconocido para los funcionarios del Poder Judicial y con quienes nos encontramos homologados, se les niega, sin fundamento legal, a los funcionarios de nuestro servicio.

 

Los funcionarios y funcionarias somos el sector mayoritario del Ministerio Publico y que en los últimos años hemos sido sometidos a una exigencia laboral cada vez mayor, que incluye el asumir tareas jurídicas que exceden el nivel de responsabilidad que en estricto rigor debiéramos tener, sin considerar que los funcionarios y funcionarias somos los únicos obligados a registrar control de ingreso y salida de la institución.

 

La Institución tiene un déficit de personal que ha sido subsidiado en muchos casos por los funcionarios/as, a costa de sobrecarga laboral y delegación de funciones hacia los estamentos menores. 

 

SIN MARGEN DE NEGOCIACIÓN

 

FENAMIP declara también, que los dirigentes no han tenido la opción de participar en una mesa de negociación con el Gobierno para que estas demandas históricas sean acogidas en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Publico, la que sería  ingresada próximamente por el Ejecutivo. “Lamentamos profundamente que no haya existido una mesa de trabajo con los funcionarios que son los profesionales, técnicos y administrativos que representan más del 80% de la planta total del Ministerio Publico, asumiendo día a día, una gran cantidad de tareas operativas y funciones imprescindibles para el desarrollo de la persecución penal en nuestro país”.

 

En medio de un agudo debate la comisión de Trabajo de la Cámara de diputados aprobó hoy por mayoría el eje central del proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas.
 
Unos 300 trabajadores quedarán cesantes por la quiebra anunciada hoy de una fábrica de calzado, que se suma a otras que también cerraron en medio de una fuerte crisis en ese sector en Chile. La empresa Shoes&Shoes, de esta capital, quebró tras cuatro décadas de funcionamiento, lo que incluye también el cierre de una veintena de tiendas en todo el país, mediante una liquidación voluntaria, que según analistas obedece a la fuerte competencia de productos extranjeros en el mercado nacional.
 

En estado de alerta y preparando una jornada de protesta y una marcha hacia el Congreso Nacional se encuentran la mayoría de las caletas de pescadores de la Región de Valparaíso, quienes califican como “un atentado a la democracia” la posibilidad de que la entrada en vigencia de la llamada Ley Jibia se postergue por dos años.

 

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