En la obra de Víctor García Belaúnde, El expediente Prado, después de una acuciosa investigación realizada en Chile y Perú, concluye que el ex Presidente de este segundo país, Mariano Ignacio Prado, no sólo se robó el dinero de los peruanos y escapó a Francia, sino que también contaba con poderosos intereses en Chile, donde poseía un Banco y minas de carbón, en Lota, junto a la familia Cousiño, además de otros negocios.

 

Los peruanos amanecieron ayer con dos presidentes. En realidad, dos personas juramentadas para el cargo, pero solo una de ellas con poder real. De un lado, el presidente Martín Vizcarra, que ejerce el cargo desde marzo de 2018, que el lunes, amparándose en la Constitución, disolvió el Congreso dominado por el fujimorismo y convocó nuevas elecciones legislativas para enero, quien para todo efecto tiene el control del poder. Las Fuerzas Armadas y los veinticinco gobernadores regionales le dieron su respaldo. También la mayoría de la población. Del otro lado, la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que en la noche de ayer fue juramentada como presidenta por la mayoría parlamentaria que se resiste al cierre del Congreso. Minutos antes esa mayoría había suspendido de su cargo a Vizcarra. Aráoz no tiene ningún poder real, es presidenta solamente en los papeles de la mayoría parlamentaria fujimorista, una presidenta de ficción.

 

En la mañana del 30 de septiembre el jefe de Gabinete ministerial del gobierno del Perú, Salvador del Solar, tenía por misión el de pedir el voto de confianza al Congreso. Los jefes de bancada de dicha Corporación acordaron dar el primer lugar de la tabla al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, posponiendo la moción de confianza.

 

El Perú atraviesa por una profunda crisis política, sin embargo para sectores del fujimorismo y sus satélites, ello se reduce simplemente a una crisis presidencial buscando ignorar la grave situación de crisis que aún no se logra cerrarse.